Proyecto de ley sobre legítima defensa elevaría la violencia en el país
Alertan expertos. La exclusión de la responsabilidad penal deja puerta abierta a excesos. Ni PJ ni Fiscalía apoyaron norma.
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Licencia para matar. En medio del improvisado estado de emergencia en San Juan de Lurigancho y en San Martín de Porres, y del reiterado pedido del municipio de Lima para aprobar la ley de terrorismo urbano, el Congreso aprobó un dictamen que exime de toda responsabilidad penal a la persona que use la fuerza letal alegando legítima defensa.
Ello encendió las alarmas, pues podría significar una puerta abierta para la comisión de asesinatos sin restricciones.
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Pero ¿a qué refiere esta nueva iniciativa? Según el proyecto de la congresista Patricia Chirinos, se modificará el artículo 20 del decreto legislativo 635 y se precisará que una persona pueda usar la fuerza letal en caso de que se vea amenazado o violentado dentro de su vivienda, vehículo, negocio, al igual que sus posesiones o parientes.
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También podrá actuar en contra de una persona si esta usa armas de fuego, objetos punzo cortantes o réplicas “que induzcan a pensar que les puede causar daño”.
Para el abogado penalista Joel Córdoba, este cambio desnaturaliza la legítima defensa —que ya existe en la legislación— y los efectos podrían ser nocivos. “El mensaje que pretende mandar el Congreso es que a partir de ahora existe carta libre para matar a nuestros agresores, ello solo va a incrementar el nivel de violencia en nuestras calles”, dijo en La República.
Otro de los cuestionamientos al proyecto de ley es que no procedería la prisión preventiva en estos casos.
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La abogada Noelia Huatuco señala que ve este punto “con mucha preocupación”, ya que podría ser una vía de huida para los agresores, quienes evadirían el proceso legal. “Es que ahí hay una falta absoluta de proporcionalidad”, acotó.
La congresista Ruth Luque, en tanto, dijo que existen vacíos en la ley que podrían ser interpretados negativamente.
Durante la discusión inicial del proyecto de ley, la Comisión de Justicia solicitó la opinión del Ministerio del Interior, Poder Judicial y Fiscalía y las tres entidades consideraron no viable la iniciativa.
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La palabra
Ruth Luque, congresista
“Es una norma que está mal redactada y se ha hecho sin criterios razonables, lo que puede generar en este caso un efecto contrario. El Ejecutivo debe observar esta ley que recorta principios a jueces”.
