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Sociedad

En 4 meses dictan 74.000 medidas de protección para mujeres amenazadas

Violencia de género. Sin embargo, hay fallas en el sistema porque hay agresores mal vigilados, lentitud de procedimientos y policías poco preparados. Según el Poder Judicial, este año se presentaron 96.000 solicitudes. De esta cifra, el 23% fue denegado por la Justicia.

La Defensoría del Perú contabilizó 146 feminicidios y 123 tentativas en el último año. Foto: Acustik Noticias
La Defensoría del Perú contabilizó 146 feminicidios y 123 tentativas en el último año. Foto: Acustik Noticias

Todos a su alrededor presagiaban que habría un crimen, que Alex Ever Quesada Tello (26) sería el autor y ella, la víctima. Lo sabían en su familia, en el barrio, en su trabajo, en la Justicia y en la Policía. Pero nadie evitó que Mirley muriera.

El 17 de octubre del 2022, el Primer Juzgado Especializado de Familia de Cajamarca dictó medidas de protección, entre ellas el Botón de Pánico, a la agraviada. Luego, el 12 de enero de este año, la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia resolvió no formalizar la investigación preparatoria contra Alex Ever Quezada Tello, y archivó el caso.

Sin embargo, a pesar de esta disposición, el juez Heiner Castrejón ordenó reactivar las medidas de protección por el riesgo de la víctima y que se cumpla con la ejecución, incluida la instalación del Botón de Pánico.

Esta medida no se dio porque la víctima no acudió al módulo de familia para la instalación del aplicativo en su celular. Finalmente, el Juzgado amplió las medidas de protección y ordenó que la policía realice rondas semanales o quincenales en el domicilio de la agraviada. Esta medida tampoco se hizo efectiva.

 Jueza. Elvia Barrios asegura que se han evitado feminicidios. Foto: difusión<br><br>

Jueza. Elvia Barrios asegura que se han evitado feminicidios. Foto: difusión

Un caso similar se registró ayer en Arequipa. La empresaria Eliana Arredondo Salazar (44), quien tenía medidas de protección, habría sido victimada por su esposo, César Rodríguez Garamende (48), quien luego intentó suicidarse en una quinta del distrito de Cayma.

Ella lo había denunciado en febrero del 2022 por agresión e intento de asesinato, y el Poder Judicial había dictado medidas de restricción. No obstante, este año habrían retomado la relación.

¿Qué está fallando?

Policías sin suficiente preparación, leyes que solo rigen en los papeles, recursos insuficientes, lentitud de procedimientos y agresores mal vigilados son los ingredientes que pueden ser letales. Es que, ante esas fallas, las mujeres que toman la decisión de denunciar violencia quedan expuestas a una posición de fragilidad frente a sus victimarios, advierten especialistas.

Las restricciones fallan porque suelen dictarse de manera parcial o incompleta. Entre los responsables figuran funcionarios judiciales y policiales que mantienen aún una ideología que relativiza la violencia de género o culpabiliza a la mujer.

La jueza suprema titular Elvia Barrios Alvarado, presidenta de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial, señala que de las 96.721 medidas de protección solicitadas en los primeros cuatro meses de este año, se otorgaron 74.441 restricciones. El 23% no recibió porque los fiscales o jueces concluyeron que no eran razonables.

Asimismo, afirmó que entre setiembre del 2019 y el presente mes hubo 7.995 víctimas registradas en el Botón de Pánico por la Corte Superior de Justicia.

En el mismo período fueron activadas 18.964 alarmas que evitaron que muchas mujeres fueran víctimas de feminicidios, violaciones, agresiones físicas y otros atentados”, agregó.

En esa misma línea, indicó que desde el 2016 hasta la fecha se han otorgado 1.604.570 medidas de protección.

Las medidas de protección se les proporciona a las mujeres e integrantes del grupo familiar, pero esto no excluye a un varón, entre una proporción del 7 al 8%”, especificó.

Las medidas de protección son producto de un mandato judicial, y si el agresor lo incumple va a tener otro proceso penal porque está desobedeciendo una orden judicial, hay un desacato y eso significa un concurso real de delitos en adición al delito cometido”, afirmó.

Estas herramientas que pueden llegar a salvarle la vida a la víctima implican además que cada vez que haya un incumplimiento por parte del agresor quede registrado: es una prueba. “Esto es muy importante porque ante reiteradas violaciones a las restricciones, el agresor puede ir preso”, advierte Barrios.

Cifras

65 casos de feminicidios se han registrado en lo que va del año en el país.

132 mujeres fueron asesinadas en el 2022, según el MIMP.

46.194 menores huérfanos por padres recibieron asistencia del Gobierno.

La restricción sola no es suficiente, es necesario aplicarla bien

larepublica.pe
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Infografía - La República

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