Entre la extorsión y la discriminación: trabajadoras sexuales luchan por un espacio en el 8M
Las trabajadoras sexuales no solo tienen que enfrentar el rechazo de la sociedad conservadora. También son víctimas de bandas extorsionadoras y de un Estado indiferente. En el caso de las mujeres trans que ejercen este oficio acecha otra violencia: la transfobia; que deriva en crímenes de odio.
“El Estado nos ha abandonado”, dice ‘Lobita', una trabajadora sexual y mujer transgénero que prefirió usar este seudónimo para brindarnos su testimonio. Ella lamenta la indiferencia de las autoridades mientras describe las peripecias que sortea entre la criminalización, la discriminación por parte de la sociedad y las extorsiones de mafias de cobros de cupo de las que es víctima. El último 17 de febrero, a través de un comunicado de prensa, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (Onusida) expresó una “profunda preocupación” por las desapariciones, secuestros y muertes de trabajadoras sexuales en el Perú.
Onusida aseguró que “más de diez mujeres trans y cisgénero han sido asesinadas en el país en lo que va del 2023 en ataques relacionados con el cobro de cuotas de trabajo sexual por parte de mafias de proxenetas”.
Según Rocío Gutierrez, subdirectora de Manuela Ramos, las mujeres trans pertenecen a un grupo de la población que es más vulnerable a la violencia machista. “Cuando no hay concordancia entre tu identidad de género y tu sexo biológico contravienes el imaginario social; (es decir), lo que la sociedad tiene pensado y asignado para ti. Por lo tanto, te haces vulnerable a sanción, discriminación y, como en el caso de las mujeres trans, a situaciones de violencia extrema”, resaltó.
Este rechazo suele ocasionar que ellas sean expulsadas de sus escuelas u hogares para terminar en situaciones socioeconómicas muy precarias. “Esto obliga a muchas de ellas, por ejemplo, a ejercer el trabajo sexual, el cual (las vuelve) más vulnerables a situaciones de violencia física y casos de feminicidios, y en donde el origen de la violencia machista no está siempre en las parejas, sino en clientes”, agregó Gutierrez.
No obstante, Ángela Villón Bustamante, coordinadora del Movimiento de Trabajadoras Sexuales del Perú, resaltó la necesidad de reconocer el comercio sexual para empoderar a las trabajadoras sexuales, tanto cisgénero como transgénero, desde las leyes y diferenciarlas de las verdaderas víctimas de explotación, quienes son forzadas a prostituirse por mafias de trata de personas.
Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el que se revalora la lucha por la igualdad, es necesario girar la mirada y poner en la mesa a las trabajadoras sexuales en las que “recae un estigma social”, como dijo Hugo Müller Solón en su texto “Prostitución Legal, Ilegal y Clandestina en el Perú. Comentario sobre algunas precisiones del Tribunal Constitucional”.
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“Ella es el centro del escándalo, la discriminación y la responsabilidad de los males. Respecto de la justicia criminal, la prostituta es la proscrita sospechosa; respecto de la salud pública es el agente sospechoso de transmisión de enfermedades; respecto de la moral pública es el centro de la perversión y desde el punto de vista social, objeto de necesaria rehabilitación”, refiere Müller.
Ahora bien, en medio de las dificultades como ser asesinadas por mafias al negarse a pagar cupos o discriminadas por el Estado, la trabajadora sexual también es una mujer que lucha incansablemente para ser reconocida y revalorada.
O pagan o mueren: “Ya están entrando a los locales; las esperan en las puertas”
En comunicación con La República, Ángela Villón Bustamante, coordinadora del Movimiento de Trabajadoras Sexuales del Perú, compartió un audio que grabó una joven que labora dentro de un local dedicado a la prostitución en provincias. Durante la llamada extorsiva, un sujeto le pide “alinearse con ellos”, haciendo referencia a un pago de cupos. Ante la negativa de la mujer, el delincuente la amenaza con atentar contra su establecimiento.
“Este audio nos confirma lo que ya sabíamos: están entrando a los locales para cobrarles a peruanas, antes solamente era en la calle y a las trabajadoras venezolanas; ahora, las esperan en las puertas a las chicas para quitarles su celular y conseguir el número de todas las demás”, sostuvo.
Villón relató que las chicas, por miedo a las mafias extranjeras como Los Gallegos y el Tren de Aragua, salen de Lima a otras regiones para trabajar en bares u otros locales, pero “las mafias ya llegaron a provincias, y buscan a venezolanas, que ni siquiera las han traído ellos, que están trabajando y también a peruanas; y les están cobrando y amenazando: ‘O pagan o se mueren’ les dicen y, por miedo, se van”.
El 3 de marzo se celebró el Día Internacional de los Derechos de las Trabajadoras Sexuales y Villón viajó a Pucallpa para llamar la atención de las autoridades por los casos de se han suscitado en la zona. “Hemos logrado que el Gobierno Regional haga la convocatoria en la que participaron distintas instituciones de la región, incluyendo la Defensoría del Pueblo, Emergencia Mujer, las organizaciones de mujeres y comunidades LGBTI que ejercen la labor sexual; así como la Policía, el Serenazgo; y ahí hemos propuesto como medida preventiva una mesa de trabajo para la no criminalización del trabajo sexual y privilegiar el derecho de las personas que la ejercen”, relató.
No obstante, la vocera de las trabajadoras sexuales enfatizó que en la región ya están las mafias y por ello la División de Trata de la PNP también participó del conversatorio. “Se tiene que hacer una mesa de estrategias en conjunto, pero donde incluyan al empresario del comercio sexual porque nosotras necesitamos los locales para poder trabajar”, declaró.
“Todas las provincias tienen sus grandes locales, pero en los lenocinios, en los prostíbulos reglamentados, los que tienen licencias para trabajar, laboran hasta 130 chicas que necesitan esos espacios, no se está incluyendo a los empresarios del comercio sexual que son los dueños, porque ellos generalmente están también criminalizados y son vistos como proxenetas”, resaltó.
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En esa misma línea, ‘Lobita’ comentó que las trabajadoras sexuales se encuentran en medio de una lucha entre bandas criminales que les exigen pagar S/100 semanales en promedio. “El cobro de cupos es una realidad de hace 20, 30 años atrás. Nosotros tenemos una persona que nos extorsiona pero ellos vienen a meterse y a querernos cobrar más de lo que ya nos están cobrando”, relató.
Afirmó, además, que, aparte de pagarles una cantidad de dinero, los delincuentes las obligan a retirarse de los espacios donde laboran.
“A nosotras nos están botando del lugar, nos están quitando nuestro centro de trabajo donde subsistimos como personas. Son 25 años de lucha con tanta gente para poder estar parada ahí, para que vengan ellos y nos quieran botar de la noche a la mañana. Nos hemos puesto de pie, estamos defendiendo nuestros derechos.”, expresó.
El cobro de cupos: un problema que afecta a cada vez más personas
‘Lobita’ contó también que están solicitando al Estado crear una “comisión especial integral”, donde participen diversos actores políticos, para ponerle fin a las mafias de extorsión y sicariato.
“No solamente se está cobrando cupo a las trabajadoras sexuales trans y cisgénero sino (también) a las personas que venden cabello, en las peluquerías, a los chicos que llaman carros, en construcción”, resaltó.
“Si tú quieres construir tu casa con el dinero que te has ganado con tanto esfuerzo, vienen dos o tres matones y te dicen ‘¿estás construyendo tu casa?, tienes que pagar tanto mensual o semanal’”, agregó.
Marcha contra las mafias de cobros de cupos y los asesinatos de trabajadores sexuales. Foto: Carlos Contreras
Por otro lado, indicó que, cuando ellas deciden denunciar, también son víctimas de violencia policial. “La Policía no nos protege. Siempre somos los victimarios, los agresores, las personas que hacemos el mal. Nunca nos dan la razón, no nos amparan, nos hacen caso omiso”, dijo.
De esta manera, las trabajadoras sexuales trans han quedado a la merced de las redes criminales que se han instaurado en el país y que las han convertido en sus principales objetivos.
“El Estado prácticamente nos ha abandonado, comenzando por la ley de identidad de género y el seguro integral de salud trans… esas cositas que nos hacen una población más vulnerable. Los sicarios, al ver que el Estado nos desampara y no nos acoge, ¿qué hacen? Nos matan, nos cobran cupos, nos extorsionan”, manifestó.
La prostitución en el Perú no es ilegal, pero su favorecimiento, sí: “Las leyes tienen que cambiar”
En el Perú, la prostitución no está penalizada; es decir, una persona que recibe dinero por un servicio sexual no está cometiendo ningún delito. Sin embargo, los artículos 179°, 180° y 181° del Código Penal penalizan el favorecimiento a la prostitución, el rufianismo y el proxenetismo, respectivamente.
En comunicación anterior con este medio, vía correo electrónico, el abogado penalista Hugo Müller Solón hizo hincapié en que los prejuicios sociales, morales, religiosos y otros, son los que conllevan a “seguir denominando prostituta a quien realmente debiera ser considerada como trabajadora sexual”.
En ese sentido, Müller considera que “no existe prostitución ilegal en el Perú” porque no hay una ley que lo tipifique como tal. Además, de acuerdo al inciso 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, “nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe”.
Es por ello que Villón recalcó que “mientras que las leyes no cambien y sigamos con las normas tiradas de los pelos, seguiremos siendo atacadas”. “¿Cómo se puede calificar como delito el favorecimiento de la prostitución, si la prostitución no lo es? Ahí la ley, por ejemplo, tendría que cambiar y tendría que decir quien favorezca a la explotación o la trata de personas o quienes favorezcan a la extorsión y al cobro de grupos sociales, etc.”, agregó.
Para Villón una trabajadora sexual tiene “todo el derecho de promocionar su servicio”. “Por ejemplo, si quiero hacer una página web para promocionarme, pero como no sé, voy a contratar a alguien; pero ese alguien estaría incurriendo en el delito de favorecimiento y podría tener pena privativa de la libertad”, explicó.
“La organización tiene ya 20 años y desde esa fecha seguimos luchando por la defensa de nuestros derechos y para el reconocimiento de trabajo sexual”, remarcó Villón, quien también denunció la participación de malos efectivos policiales dentro de las mafias que las han extorsionado desde siempre.
En el Perú, la prostitución no es considerada un delito por la ley. Foto: La República
“Teníamos mafias de peruanos (...) y malos elementos policiales y municipales que venían a cobrar cupo; entonces, nosotras advertimos esta situación y nadie nos hizo caso y ahora nos han puesto en un estado de mucha vulnerabilidad porque ahora también viene la mafia venezolana”, recalcó.
Villón reclamó que esta situación es "de nunca acabar" porque "estos puestos de jefe eran delegados cuando 'la mami' moría o el efectivo policial eran trasladados”. “Todo empeoró con los años y, actualmente, ni siquiera se ha logrado hacer denuncias concretas o directamente contra los mismos efectivos”, dijo.
Uno de muchos casos
A modo de ejemplo, Ángela Villón relató que las trabajadoras sexuales trans del Centro de Lima eran amenazadas por un sujeto que circulaba en una motocicleta sin placa. Ellas alertaron a unos policías motorizados, quienes intervinieron al hombre. “El tipo no portaba documento y negaba todo a los policías; y, pese a que había sospecha de que portaba un arma, los agentes se negaron a revisarle, porque se dieron cuenta que este sujeto era otro policía extorsionador”, relató.
Las afectadas grabaron en todo momento la situación y en el video se observa que uno de los policías se aparta con el hombre para conversar y, luego se va. Según lo narrado por Villón, el sujeto volvió aparecer en la comisaría de Alfonso Ugarte de manera voluntaria con otro polo y “sin nada encima que lo pueda incriminar y con sus documentos”.
El hombre acusado fue identificado como suboficial de tercera de la Policía Alberto Miranda Joel Anderson, de 31 años. “Cuando las trabajadoras increpan al policía por dejarlo ir, él las culpa y dice que ‘lo distrajeron’”, resaltó.
“Ellas se acercaron a la comisaría de Alfonso Ugarte, en donde no aceptaron colocar en la denuncia las declaraciones de las trabajadoras sexuales tal como ellas lo referían, sino que pusieron las cosas a favor del sujeto y además las acusaron a ellas de grabar en vivo y ‘desinformar’ sobre la intervención”, reclamó Villón. “Igual se realizó la denuncia ante la Inspectoría de la PNP para su investigación”, anotó.
8M: “No somos víctimas; somos trabajadoras sexuales autónomas”
Debido a la vulnerabilidad extrema a la que están expuestas, las trabajadoras sexuales resaltan la necesidad de reconocer el trabajo sexual y la industria del sexo para dejar de criminalizar al empresario del comercio sexual. “Las trabajadoras sexuales preferimos pagar impuestos porque ese dinero se iría a las arcas del Estado y no a los bolsillos de los corruptos”, enfatizó Villón.
Este desconocimiento de su profesión y cuestión legal ha provocado que las trabajadoras sexuales se sientan invisibilizadas. “En ninguno de los informes sobre violencia que hace el Estado peruano se ha tocado el tema de los asesinatos por ser trabajadoras sexuales; y, ojo, que ahí también hay una connotación de odio porque indistintamente de todas las cargas que tenemos por ser mujeres cis o trans, súmale el hecho que somos prostitutas y nos matan porque estamos en la calle trabajando”, aseveró.
Por otra parte, Villón hizo referencia a algunas organizaciones de mujeres feministas que las ven como víctimas y no como trabajadoras. “Es necesario que sepan diferenciar lo que es una trabajadora sexual autónoma y empoderada; y una víctima de explotación”, reclamó Ángela.
Para la vocera de las trabajadoras sexuales, ser una víctima está muy distante de lo que es el alguien en ejercicio de sus derechos y “eso todavía no lo pueden ver algunos grupos del feminismo y, por lo tanto, no respetan”. “Entonces, todavía nosotras estamos peleando un espacio en la 8M”. resaltó.
Canales de ayuda
Si eres o conoces a una mujer transgénero o cisgénero que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, comunícate de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.
Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).
Por otro lado, puedes solicitar ayuda a la Defensoría del Pueblo si has sido víctima de discriminación. Esta institución ofrece información sobre consultas legales o las entidades o vías a las que puedes acudir para hacer valer tus derechos.
Tu solicitud puede ser atendida como queja, petitorio o consulta. Dependiendo del tipo, cuentan con un tiempo de respuesta.
Puedes escribir al 947 951 412, llamar al 0800 – 15170 o mandar un correo a consulta@defensoria.gob.pe
