Madre de Dios: mineros dicen que policías les cobran S/ 30.000 en La Pampa

Las violentas protestas en Madre de Dios, que dejaron al menos tres muertos y 18 heridos, expusieron nuevos casos de presunto abuso policial y encendieron un debate sobre cómo manejar la erradicación de la minería ilegal en La Pampa, el punto más grande de extracción ilegal de oro, ubicado en plena zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, sector con mayor biodiversidad del mundo.

Por segundo día, ayer continuaron las manifestaciones en las que mineros informales, ilegales y comerciantes se unieron contra los supuestos actos de corrupción cometidos por las fuerzas del orden.

Las brigadas policiales desplazadas al lugar intentaron controlar la situación, pero solo agudizaron los enfrentamientos.

Desde temprano, la carretera Interoceánica volvió a ser bloqueada entre el kilómetro 108 y 110, en el distrito de Inambari, provincia de Tambopata.

“No queremos asesinos, queremos policías”, exclamaban hombres y mujeres. Hubo mineros que denunciaron que los policías les estarían cobrando cupos “entre 20 mil y 30 mil soles por cada motor que ingresa a La Pampa”. También denunciaron que incursionan a las tiendas sin fiscal para saquear y robar y otros indicaron que las mujeres sufren vejaciones.

La respuesta policial

Al respecto, el general Adolfo Valverde Arcos, director nacional de Investigación Criminal, y el coronel Luis Guillén Polo, director de Medioambiente, dijeron en conferencia que la Policía no va a permitir delitos agravados en la zona.

“Si creen que nos van a frenar, se equivocaron, la Policía será firme en la lucha contra la minería ilegal”, afirmó el general Valverde.

Las manifestaciones comenzaron el jueves, cuando un grupo de enardecidos atacó una base policial y bloqueó la vía. El periodista Manuel Calloquispe ha sido amenazado por transmitir esos episodios.

Los manifestantes gritaban que los policías cobran cupos a los mineros ilegales para que puedan instalar motores de succión y otras herramientas utilizadas en la minería ilegal.

Tres peticiones

El jefe de la Oficina Defensorial de Madre de Dios, Guimo Loayza, confirmó que los manifestantes tienen tres demandas: exigen la presencia del presidente Pedro Castillo, que la base policial-militar se retire del lugar y que haya justicia para los heridos y fallecidos.

Inicialmente hubo intransigencia de parte de los mineros para entablar el diálogo. Quemaron la base temporal mixta Eco, perteneciente a la Sexta Brigada de las Fuerzas Especiales del Ejército, cerca a Mangote, informó.

El miércoles, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, informó que durante el operativo ejecutado en la víspera se encontró 45 motores de succión, de los cuales 35 fueron sumergidos por los propios mineros ilegales y otros 10 terminaron destruidos.

También indicó que se erradicaron 21 balsas artesanales. Y fue enfática al asegurar que estos operativos “continuarán hasta lograr la erradicación de la actividad minera ilícita” en ese sector.

“Faltó planificación”

Sobre este conflicto, la extitular de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios Karina Garay señaló que “los operativos deben ser debidamente planificados. Es indignante que en un año y medio se haya permitido actividad minera ilegal en un lugar tan cercano a cuatro bases policiales y militares”.

“Dejaron que nuevamente los ilegales gobernaran La Pampa y hoy se demostró que se perdió el principio de autoridad que alguna vez fue recuperado en el lugar”, agregó.

Garay dirigió la Operación Mercurio que inició en febrero del 2019 para poner fin a esa devastación. Sin embargo, en diciembre del 2020 se desactivó y La Pampa volvió a ser invadida por los mineros ilegales con sus delitos conexos.

Las mafias mueven cifras millonarias

Con la Operación Mercurio se redujo la deforestación hasta un 92% en la zona que limita con el río Malinowski, al borde de la Reserva Nacional Tambopata y la carretera Interoceánica.

Sin embargo, los mineros reanudaron sus actividades, que mueven entre 1.000 y 1.300 millones de dólares cada año. Ahora las mafias han incursionado en zonas prohibidas, dentro de territorios como la comunidad nativa de San Jacinto y Tres Islas, en el distrito y provincia de Tambopata.

En San José de Karene, la minería ilegal también ha impactado al 29,1% de su territorio. En Sarayacu, comunidad ubicada en la margen derecha de la zona de La Pampa, a orillas del río Inambari, los agricultores se oponen a la minería a costa de sus vidas.