Ya van 29 defensores ambientales y líderes sociales asesinados

Arbildo Meléndez Grandez, líder indígena de la etnia cacataibo y jefe de la comunidad nativa Unipacuyacu (Huánuco), fue asesinado en abril del 2020. El homicida Redy Ibarra Córdova fue sentenciado a 4 años y 7 meses de prisión. Esa es la única condena de los 29 crímenes cometidos contra defensores ambientales y líderes sociales desde que se inició la pandemia de la COVID-19, según confirmó la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

Meléndez no solo se enfrentaba a los invasores que ingresaron a su territorio. Su comunidad era víctima del maldito narcotráfico imperante.

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Su muerte se suma a la de otros 28 defensores ambientales y sociales. Sus historias de vida, y muerte, son desconocidas para los peruanos. Pero deberían significar mucho.

Narcos e invasores

Ellos decidieron, en un ambiente hostil, atravesarse en la ruta de los que están acabando con los ríos, selvas y páramos del país. Solo dos meses antes de su asesinato, Arbildo Meléndez había expuesto el problema de su comunidad y las constantes amenazas que recibían ante el relator especial por los derechos humanos de la ONU, Michel Forst.

El 17 de mayo del 2020 también fue asesinado el líder asháninka Gonzalo Pío Flores, defensor de los derechos indígenas y del territorio y líder de la comunidad Nuevo Amanecer Hawai (distrito de Puerto Bermúdez, ubicado entre las regiones de Pasco, Junín y Ucayali).

La violación de los derechos territoriales siguió cobrando víctimas en el 2021. Estela Casanto Mauricio, lideresa asháninka, fue asesinada por sujetos el 12 de marzo de ese año. Ella era de la comunidad nativa Shankivironi, en el valle del Perené, región Junín. Era una tenaz defensora de la integridad territorial de su comunidad.

Shankivironi es constantemente amenazada por colonos y traficantes de tierras, y Estela ya había recibido amenazas.

Sin embargo, el Estado no hizo nada por proteger las vidas de estos defensores de derechos territoriales, tal como ocurrió con el líder indígena Lucio Pascual Yumanga, victimado en diciembre del 2021.

Son 19 indígenas

Voceros de la CNDDHH indicaron que de las 29 personas asesinadas o desaparecidas en defensa de sus derechos, 19 eran indígenas que defendían su territorio de mafias vinculadas a la minería y tala ilegal, narcotráfico y tráfico de tierras.

Asimismo, señalaron que los asesinatos de sindicalistas y personas que protestan pacíficamente, así como la criminalización de periodistas y mujeres que denuncian la violencia de género y de defensoras en el ámbito de influencia de las empresas, han seguido escalando.

“Pese a la creación del Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos, la situación no ha mejorado”, manifestaron representantes de más de 80 organizaciones a través de un pronunciamiento.

Y es que la falta de presupuesto y de la aprobación de protocolos sectoriales, el incumplimiento sistemático de los plazos de intervención normados, la falta de atención a temas estructurales (narcotráfico o la ausencia de titulación), así como la aplicación limitada de medidas de protección, son problemas que deben atenderse de manera urgente.

De la misma manera, exigieron una política de reparación para las víctimas y los familiares.

Ataques impunes

Las organizaciones exigieron que se institucionalice esa mesa como espacio de participación de la sociedad civil y de articulación de las políticas estatales de protección. Según los estándares internacionales, el Estado tiene la obligación de garantizar la participación de las organizaciones de personas defensoras.

Respecto a la impunidad de los ataques contra defensores, solicitaron al Poder Judicial y Ministerio Público que se aceleren y fortalezcan los procesos de acceso a la justicia, pues a la fecha solo hay una sentencia del asesino material en un caso, el de Arbildo Meléndez.

Visita de Bachelet

Ante esta situación, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, realizará desde hoy una visita oficial al Perú.

Bachelet sostendrá reuniones sobre los desafíos y oportunidades en materia de derechos humanos con autoridades del Poder Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial.

Lo mismo hará también con representantes de la sociedad civil y de los pueblos indígenas, defensores de los derechos humanos, el sector privado, y miembros de la comunidad internacional.

Claves

En el Gobierno de Pedro Castillo ya han sido asesinados 6 defensores; en el de Alejandro Toledo fueron eliminados 17; en el de Alan García murieron 83; en el de Ollanta Humala 82; en el de PPK 15; en el de Martín Vizcarra 13; en el de Manuel Merino 2; y en el de Francisco Sagasti 8, según la CNDDHH.

El Ministerio de Justicia tiene 40.000 soles para medidas de protección, y es solo para pasajes y consultorías.