Piura: identifican más de 15 plantas utilizadas por mineros ilegales durante el 2021 y 2022
Los distritos de Suyo y Sapillica, en la provincia de Ayabaca, son los más afectados por esta actividad informal que impacta en la flora y fauna local y pone en riesgo a los pobladores.
- Línea 2 del Metro de Lima y Callao anuncia que operará con normalidad el 6 de diciembre tras reestructuración de mantenimiento
- Inicio de las vacaciones escolares a fin del 2025 en el Perú: Minedu informa cuándo termina el año escolar
La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Sullana detalló que en el 2021, y lo que va del 2022, intervinieron entre 15 y 20 plantas de procesamiento utilizadas por la minería ilegal metálica. En esa línea, se indicó que aquellas zonas más aquejadas por esta problemática son los distritos de Suyo y Sapillica ubicados en la provincia de Ayabaca, región de Piura.
El fiscal provincial Néstor Sosa, de la FEMA de Sullana, sostuvo que durante los últimos meses se ha identificado que los mineros informales vienen dejando de lado prácticas más rudimentarias y se han proveído de mejores herramientas para realizar la actividad. “Los hemos encontrado más organizados, con equipos mejores diseñados y motores más potentes”, explicó.
TE RECOMENDAMOS
EL FRACASO DE LÓPEZ ALIAGA Y PLAYA LAS SOMBRILLAS EN RIESGO | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO
Además, la minería ilegal en la región tiende a ser itinerante y aprovecha zonas alejadas del alcance del Estado. Por ello, luego de que los campamentos son descubiertos, los trabajadores huyen del lugar y se instalan en uno nuevo. Sosa añadió que los implicados evitan los enfrentamientos con las fuerzas del orden, por lo que en muchos casos no logran ser identificados.
Daño ambiental
Por otro lado, el funcionario apuntó que esta práctica ilegal impacta en los ecosistemas de la zona donde se produce, contaminando el suelo, el aire y el agua. El representante del Ministerio Público precisó que la primera afectación llega al momento de la instalación del campamento, ya que se talan todos los árboles de los alrededores. Esto destruye el ecosistema donde habita parte de la fauna local.
Asimismo, el fiscal narró que hace unas semanas, en los distritos de Jililí y Sícchez, hallaron que parte de los restos de la actividad eran vertidos en las aguas del río Calvas, lo que afecta a la población que consume del recurso hídrico e inclusive pone en riesgo a la reserva de Poechos.
“Al laborar de manera ilegal, trabajan de forma desordenada, se ponen en riesgo como trabajadores y afectan al entorno. No tienen las condiciones adecuadas para desarrollar la actividad”.
Pocos recursos
Para finalizar, el representante de la FEMA detalló que carecen de los recursos suficientes para combatir de forma más eficiente este delito; puntualizó que lo ideal sería la instalación de una base policial permanente en las zonas donde se produce con más frecuencia la actividad informal.
