“Yo mismo cargué a mis compañeros contagiados... hoy están muertos”

La muerte tardó en llegar dos semanas. Dos semanas, a diferencia del penal Sarita Colonia del Callao. En San Juan de Lurigancho, el recinto penitenciario de mayor hacinamiento en Latinoamérica, la muerte llegó primero en forma de noticia. Internos pegados a los televisores se daban por notificados de un virus que estaba matando silenciosamente en otros penales. Había tensión.

Qué raro que en Lurigancho no esté pasando nada, se cuestionaba Jorge Cuzquén Salas, un joven médico, mientras atendía a pocos internos en la clínica del penal de San Juan de Lurigancho. Eso fue entre fines de marzo e inicios de abril. Pronto llegarían los días oscuros.

Normalmente atendíamos unas veinte urgencias o emergencias por día, recuerda el médico Cuzquén. Pero de pronto empezaron a llegar cien, ciento cincuenta, doscientos internos por día. Todos cruzando los pasillos y rejas hasta llegar a la clínica. Todos con fiebre. Todos con más 39 grados.

Los médicos nos preguntábamos si la pandemia ya había llegado, continúa Cuzquén.

Pasaron unos diez días y un hecho les confirmó que el virus, en efecto, se había esparcido como una nube invisible entre los pabellones del penal: un primer interno apareció con insuficiencia respiratoria.

Y ahí sí ya fue todo caótico, recuerda el médico. Había solo cuatro balones de oxígeno. No había ni estrategia ni plan. Les colocábamos oxígeno, medicamentos, pero seguían desaturando. Entonces empezamos a evacuar hacia los hospitales. Algunos regresaban porque los hospitales estaban colapsados.

Fue entonces que el joven médico enfrentó una duda que hasta hoy no resuelve: el interno como paciente, reflexiona en voz alta, siempre sufre discriminación por parte de los hospitales nacionales. Ahora se sintió más. No sabíamos si los hospitales los rechazaban por tratarse de internos o si realmente estaban colapsados.

Sobre la marcha, la emergencia en los penales dio paso a un debate público sobre la urgencia de implementar políticas para el deshacinamiento. Solo el penal de San Juan de Lurigancho alberga hoy 9.330 internos. Su capacidad oficial es solo para 2.500. Se trata del recinto con más reos en Latinoamérica.

El Complejo Carcelario de Bogotá tiene unos 8.600 internos. El Reclusorio Oriente de México está por los 8.400. Ninguno supera al penal de San Juan de Lurigancho, en cuyo interior la crisis se agudizaba, al punto de que una protesta hizo desfilar por la clínica a más de veinte internos con heridas en la cabeza.

Afuera, Palacio exigía al Congreso aprobar normas para enfrentar el hacinamiento, liberando a determinados internos. Afuera, el Congreso decidía no asumir tamaño costo político. Afuera, desde las redes sociales surgían mensajes y hasta deseos de muerte para los internos. Adentro, en el penal, el joven médico Cuzquén se mantenía decidido a salvarles la vida, en plena pandemia.

Pero los esfuerzos desplegados ya no eran suficientes. Y así llegó el día. Fue a mediados de abril que se esparció la noticia del primer fallecido y luego otro y luego otro. Fueron 31 los internos fallecidos por Covid-19 en el penal San Juan de Lurigancho. Ocho murieron al interior, en la clínica del penal. Los otros 23 en los hospitales, hacia donde habían sido trasladados.

Un día le informaron al médico Cuzquén que uno de los internos, que era delegado de salud y que había ayudado a detectar pacientes, había contraído la enfermedad y estaba muy grave.

—Doctor, no me quiero morir, ayúdame, por favor— fue la última frase que le dijo este interno antes de ser evacuado al hospital de Canto Grande.

Preso para salvar vidas

Roberto Cerpa Reátegui es un médico de 28 años. No tiene temor en confesar que cumple condena por tráfico de drogas. Lleva 26 meses de encierro. Precisa que nunca trasladó la droga. Su delito fue contribuir con un aceite medicinal para el preparado. Así resultó finalmente involucrado.

A inicios de año empezó a sacar cuentas y asumió que ya le tocaba gestionar algún beneficio penitenciario para salir antes de cumplir la condena de cinco años. Jamás pensó que la vida le tenía reservada la experiencia de sobrellevar una pandemia en el interior de un penal.

Médico de profesión, decidió ayudar en los días críticos. Todo fue en el momento, cuenta. Teníamos que transportar a los enfermos. Eran muchos. Había incertidumbre sobre los protocolos. Se les daba tratamiento como de crisis asmática. Con la información de la prensa ya nos íbamos informando.

Estamos a mediados de junio. Roberto Cerca asegura que la situación está controlada.

Hoy el penal luce distinto. Desde la quincena de mayo, hubo cambios y una estrategia de intervención. El llamado “Jirón de la Unión” del penal está vacío. Al ingreso de cada pabellón, delegados de salud se encargan de los controles sanitarios. Los talleres casi ni funcionan, para evitar la aglomeración, salvo algunos donde ahora fabrican mascarillas. El pabellón 18, donde funcionaban los más grandes talleres, está destinado exclusivamente a pacientes con Covid-19 moderado. El equipo de salud fue incrementado de 35 a 66 profesionales.

Sobrevivir para contarla

—Después de cinco días, desperté.

Detrás de una mascarilla blanca, Enrique Vargas Gonzales aún se expresa con la voz por momentos carrasposa. Este interno de 53 años contrajo la enfermedad del Covid-19 en los días más intensos de la pandemia, a mediados de abril.

Era un caos, recuerda. Todo estaba lleno en la clínica del penal, puros enfermos tirados en el suelo. No había sillas, no había camillas, todo colapsó. La cola era inmensa. Bajábamos, subíamos, con todos los enfermos. A veces no tenían protección. Ahí seguro me he contagiado.

Fue por esos días que el interno Vargas, por primera vez, luego de 14 años preso, tuvo la oportunidad de salir del penal. Pero lo hizo de emergencia y evacuado hacia un hospital. Estaba muy grave. “Doctor, no me quiero morir, ayúdame, por favor”, le había suplicado momentos antes de su salida al joven Cuzquén.

Estuve una semana en el hospital, cuenta. Estuve con suero, estuve con oxígeno, con antibióticos. Después de cinco días, desperté. Nunca había llegado a un hospital. Nunca. Primera vez en mi vida que he llegado. He visto muerto, sobre muerto, sobre muerto, en el hospital de Canto Grande.

Cuando he estado ahí, continúa el interno Vargas, habremos sido como nueve, del Castro Castro, de Santa Mónica, de provincias. Yo he sido prácticamente el único que ha salido, porque todos han fallecido.

La muerte. Al interno Vargas no le tocó pero estuvo cerca.

En mi pabellón tuve tres, relata. Dos días antes que a mí me internen, tres pacientes habían fallecido de mi pabellón. Yo mismo cargué a mis compañeros contagiados, los había trasladado para acá, para la clínica. Pero ellos no tuvieron la suerte que yo tuve: hoy están muertos.

Luego de los cinco días de permanecer inconsciente en el hospital, a Vargas le anunciaron que regresaría al penal para cumplir una cuarentena que duró 18 días. Ya recuperado, decidió regresar a su cargo de delegado de salud, quién sabe si para enfrentar una nueva oleada.

Una estrategia en alianza con los internos

- En plena emergencia, el 6 de mayo, Rafael Castillo Alfaro asumió la jefatura del INPE. El primer desafío, según explica, fue atender el penal de San Juan de Lurigancho, dado el alto nivel de hacinamiento.

- Antes de que asuma el cargo, los internos habían protagonizado una escaramuza en este penal. Según precisa, fue necesario el diálogo y los internos se hicieron aliados fundamentales en el control de la enfermedad.

- Los delegados fueron capacitados en el uso de termómetros y pulsioxímetros para la detección temprana de pacientes. Así, el 15 de mayo implementaron un centro Covid-19 de aislamiento en el pabellón 18. “La estrategia consiste en hacer un anillo de contención epidemiológica, para tratar los síntomas de manera temprana”, explica Castillo.

- Ahora proyectan atender en el pabellón 18 a internos con Covid-19 moderado de los demás penales de Lima.

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