Chiclayo: abren investigación a siete policías por compras irregulares
Algunos efectivos podrían ser separados de su cargo y otros recibir graves sanciones por adquisición irregular de implementos de bioseguridad.
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Las presuntas compras sobrevaloradas de productos de bioseguridad que hizo la Segunda Macroregión Policial de Lambayeque para la protección del personal durante el estado de emergencia, motivó a que la Oficina de Asuntos Internos del Ministerio del Interior inicie una investigación contra siete efectivos policiales.
Investigación y sanciones
A través de la Resolución N° 01-2020 se inició proceso administrativo disciplinario contra el exjefe de la Segunda Macroregión, general PNP Julio Díaz Zulueta por presunta comisión de infracciones, al darse vicios en la compra de insumos de limpieza y protección personal para las dependencias policiales de Lambayeque y Cajamarca.
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Dicha investigación podría motivar que el general Díaz Zulueta reciba una sanción de 4 a 10 días de rigor, según el documento en mención al que accedió este diario.
La investigación comprende al coronel PNP Apolinar Díaz Linares, comandante PNP Marcel Carbajal Linares, el capitán PNP Henry Alarcón Vásquez, el brigadier PNP Eduardo Fuentes Carmona, el suboficial de primera Dali Guerrero Quiñones y el suboficial de tercera Jean Yampufé Sánchez.
Para los dos primeros la sanción máxima que recibirían sería la separación del cargo. En tanto, los otros cuatro policías recibirán una sanción de 11 a 15 días de rigor, pues su responsabilidad es también grave porque estarían involucrados directamente en el proceso de adquisición de los bienes
Los hechos investigados consisten en que la Unidad Ejecutora N° 28 Dirección Territorial Policial (Dirtepol) de Chiclayo efectuó un desembolso de S/ 125,000.00 para la compra de desinfectante (alcohol en gel), pero a una empresa que no contaba con el registro sanitario para la elaboración del mencionado producto.
Una situación similar se habría producido en la compra de guantes y mascarillas a favor de los agentes del orden, los cuales tampoco habrían cumplido los estándares de calidad que exige la normativa sanitaria.
Lo sucedido es investigado también por el Ministerio Público tras configurar un presunto delito de colusión, en agravio del Estado.
