Fiscal sobre Clan Orellana: Todos quieren salir del penal aprovechando la pandemia

Lo miembros del Clan Orellana, uno de los casos emblemáticos en la lucha anticorrupción en el país, aprovechan las medidas del Gobierno para el deshacinamiento de los penales a causa del nuevo coronavirus, y solicitan ser excarcelados, pese a la gravedad de los delitos que cometieron.

Uno de ellos es Ludith Orellana Rengifo, hermana de Rodolfo Orellana y considerada una de las cabecillas de la organización criminal. La recluida ha solicitado su libertad debido a que está infectada con COVID-19, según ha argumentado su defensa.

No obstante, el fiscal anticorrupción adjunto Eiser Jiménez asegura que este es un mecanismo que no busca mejorar su salud, como lo plantea su abogado, sino que podría provocar su huida y no responder a la justicia como lo hizo en 2014, antes de ser capturada por la PNP en Huaral.

“La señora Orellana Rengifo, como señala en su escrito, se encuentra ya infectada con el virus, ¿para qué pretende salir?, ¿para curarse el virus? Ella ya no es una persona de riesgo porque ya se encuentra infectada con el virus”, declaró el representante del Ministerio Público para Cuarto Poder.

Según los resultados de una prueba rápida, Ludith Orellana estaba contagiada del nuevo coronavirus el 16 de mayo, sin embargo, tras un mes después se ha mantenido estable. Aunque esta semana ha vuelto a dar positivo a un nuevo examen.

El fiscal Jiménez indicó que se comunicó con la directora del penal Anexo Mujeres de Chorrillos, el que está recluida, y le ha informado que la sentenciada ya ha superado la enfermedad, tras estar en aislamiento, y retornará a pabellón.

“El informe médico también establece que ella está en la última etapa de la infección, está en proceso de recuperación. Yo me he comunicado con la directora del penal y ella me manifestó que la interna ya se encuentra recuperada y que en estos días la van a trasladar a su pabellón”, mencionó.

Fiscal sostiene que la justicia o beneficiaría a Ludith Orellana

Jiménez añade además que ante la gravedad del delito que cometió Ludith Orellana, no lograría los beneficios que el Gobierno ha decretado para los presos, en el marco del deshacinamiento de los penales para evitar más casos de contagios del nuevo coronavirus.

“Tenemos una sentencia condenatoria de 10 años de pena privativa de libertad efectiva. Por la pena y la calidad del delito, organización criminal, es imposible dicho recurso para la señora Ludith”, reiteró el fiscal.

Ludith Orellana fue condenada como la responsable de organizar una mafia al interior de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) con el objetivo de legalizar títulos de propiedad obtenidos fraudulentamente.

Ella dirigía el área de saneamiento del estudio Orellana, que organizó un sistema de direccionamiento de documentos y pagos ilegales a personal de Registros Públicos. El modus operandi consistía en que cuando querían inscribir el título de propiedad de un inmueble, obtenido a través de un arbitraje arreglado, ingresaba el documento por mesa de partes de Registros Públicos y allí, un miembro de la organización se encargaba de direccionar el título específico al despacho de un registrador también miembro de la mafia.

Asimismo, el entonces superintendente de Registros Públicos, Álvaro Delgado Scheelje, también sentenciado ha apelado a su condena bajo el argumento de ser una persona de riesgo para contraer el nuevo coronavirus. Ha presentado un hábeas corpus para que cambien su medida por la detención domiciliaria hasta que la segunda instancia resuelva el caso.

“Es una persona que padece patologías cardiovasculares, entre otras dolencias. Estaría exponiendo innecesariamente su vida y su salud ante la posibilidad de ser alcanzado por este virus. Deberá también valorarse que el señor Delgado nunca rehuyó a la acción de la justicia, nunca trató de sustraerse, de contaminar o entorpecer; todo lo contrario”, Raúl Noblecilla, abogado de Álvaro Delgado Scheelje.

Sin embargo, el fiscal Eiser Jiménez considera que el beneficio tampoco le debería ser otorgado porque ha sido condenado por organización criminal, delito grave.

Otro implicado en la resolución judicial es Carlos Vargas-Machuca Arrese, quien fue el responsable de los direccionamientos de títulos entre los años 2011 y 2013. Su defensa está solicitando se le suspenda la pena de 4 años de prisión que pesa en su contra, a pesar de que permanece prófugo de la justicia.

“Esta persona se encuentra prófuga de la justicia, él ha sido condenado en febrero de este año y a la fecha no se ha puesto a derecho, ni siquiera podríamos hablar de riesgo porque ni siquiera ha ingresado al establecimiento penitenciario”, enfatiza el fiscal Jiménez.

La Sala deberá pronunciarse esta semana sobre los pedidos de algunos de los condenados del Clan Orellana para abandonar los penales, bajo el argumento de que son personas de riesgo de contraer nuevo coronavirus.

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