Arequipa: El Ladrillo Sindical habría cobrado a GRA y a municipios
Audiencia. Escucha de José Luis Chapa evidencia que Andrés Saya pedía dinero a municipalidades de provincias de Arequipa. Obreros continuan con las protestan pidiendo la liberación de los dirigentes implicados en presunta organización criminal.
La República en GoogleMónica Cuti
La presunta organización criminal El Ladrillo Sindical del Sur también habría pedido cupos a municipalidades y al Gobierno Regional de Arequipa (GRA) para detener obras. Una de las víctimas sería la municipalidad de Mollendo, según se desprende de un fragmento de las escuchas telefónicas hechas al secretario de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), José Luis Chapa, y un tercero.
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La lectura de la transcripción la hizo ayer Rosmery Mendoza, fiscal de Crimen Organizado. La ponencia la hizo durante el segundo día de la audiencia, en la que se solicita prisión preventiva para 11 de los implicados.
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De acuerdo a la escucha, quien se encargaría de estos cobros sería el secretario del Sindicato de Construcción Civil, Andrés Saya. En la escucha, se oye decir a Chapa:
“O sea que están cobrando, compañeros, pónganse derechos. Justo estoy revisando el borrador de la carta para darle el puntillazo final y ya enviarlo al gobierno regional y a las municipalidades; porque recuerda que salen los bonos por pliegos y también les dan cheques a la mano y ellos (municipios o GRA) solo van y te denuncian de lo que ellos quieren. De las privadas y municipios, también del municipio y el Gobierno Regional”, indica el dirigente.
En ese fragmento, Chapa indica que se deje de cobrar a municipios y al gobierno regional, porque pueden ser denunciados. Además, advierte de que en la municipalidad de Mollendo ya se denunció el hecho. Por ello, Chapa está preparando un documento que enviaría a las comunas y la región para evitar todo esto, aunque no se dejaría de cobrar, según indicó la fiscal Mendoza.
En otro momento, el receptor de la conversación advierte a Chapa de que la mayoría de vouchers de pago son de empresas privadas y que, en las obras de municipios y entes estatales, no se da casi nada. “No, pero los ‘vouchers’ que están trayendo más son (de) las privadas; de los municipios y gobierno regional no están dando, no pe’ y ahí hay más, sobra”, le dice el interlocutor a Chapa.
Reclamos
La oralización de la fiscal Rosmery Mendoza, durante la audiencia, fue criticada por los abogados de la defensa y el juez del caso, José Luis Vilca Conde.
El magistrado observó que no se consignaron algunos escritos y escuchas en el expediente del requerimiento de prisión preventiva, pese a que la fiscalía los utilizaría. Por ello, no permitió que se leyeran escuchas que implican a Chapa. Mendoza señaló que no se transcribieron, pero que estaban consignadas en los demás folios. El abogado de Chapa, Agustín Núñez, dijo que se está cometiendo antijuricidad y que la fiscalía quiere criminalizar el cobro de cuotas sindicales o las protestas.
Protestan por liberación de dirigentes
El segundo día de audiencia, por el caso El Ladrillo Sindical de Sur, tuvo como marco exterior la protesta de un grupo de obreros que pedían la liberación de Chapa, Saya y otros integrantes de la presunta organización. Ellos reclamaron en los exteriores de la corte.
La audiencia, a cargo del juez José Vilca Conde del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, continuará hoy.
