El Estado contra la libertad de expresión: El emblemático caso de Leonor Estrada
Persecución. La joven actriz y activista podría recibir una condena de hasta un año y 4 meses de prisión por una performance durante La Toma de Lima. No es la primera vez que durante el gobierno de Dina Boluarte artistas son presionados por criticar al régimen.
En el último año y medio, el Estado, a través de la Policía o el Ministerio Público, no solo ha perseguido a quienes, ejerciendo su derecho a la protesta, se manifestaron contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso. En los últimos meses esta práctica se ha extendido a artistas, vulnerando la libertad de expresión.
Ejemplo de ello es el juicio oral que enfrentará la actriz y activista Leonor Estrada, quien podría ser sentenciada a un año y cuatro meses de prisión efectiva por supuestamente haber incurrido en el delito de ultraje a los símbolos patrios cuando realizaba una puesta en escena. Ello en el marco de las manifestaciones sociales contra la presidenta Dina Boluarte.
“Con fecha 22 de enero de 2023, la imputada participó de la marcha denominada La Toma de Lima y es cuando se encontraba en las inmediaciones del Parque Kennedy donde pisa la bandera nacional, que se encuentra en el piso, realizando saltos para posteriormente sentarse en el símbolo patrio, ultrajando este símbolo patrio, luego se incorpora y se aleja”, es la imputación que hace la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de Miraflores – Surquillo – San Borja.
Sin embargo, el Ministerio Público no tomó en cuenta que se trató de una representación artística, afirma Gabriela Paliza, directora del Centro Legal Comunitario María Trinidad Enríquez y abogada de Estrada, en conversación con La República. “Incluso esta performance se presentó en Escocia. Confundir la naturaleza del personaje (un personaje ficticio inspirado en la presidenta Dina Boluarte) con las intenciones de la ciudadana (Leonor Estrada) es totalmente peligroso, incluso absurdo”, apuntó.
En el control de acusación, la defensa planteó una acción de improcedencia a fin de que el caso se archive por no configurarse el eventual dolo. Sin embargo, este recurso fue rechazado. “El juez dijo que no era evidente la inexistencia del dolo. Él decía que se tenía que actuar más material probatorio para determinar cuál era la intención del artista”, indicó Paliza.
Los procesos por supuesta injuria a los símbolos patrios usualmente no llegan a juicio oral. Inclusive en los pocos casos donde personas han sido condenadas por este ilícito, luego han sido absueltas por la Corte Suprema, según pudo corroborar La República.
Gabriela Paliza destaca que, a comparación de otros antecedentes, esta es la primera vez en la que una artista enfrentará un juicio oral por una obra o expresión. “Es por eso la importancia de este caso”, resaltó.
Penas solicitadas contra Leonor Estrada.
Particular interés del Mindef
La abogada Gabriela Paliza alertó de un especial interés por parte del Ministerio de Defensa, entidad supuestamente agraviada por el hecho que se le atribuye a Estrada, para sacar adelante el proceso.
“Ha habido mucho impulso en este proceso por parte del Ministerio de Defensa. Hay un interés en el caso que, por lo general, no se da en los otros procesos. Por ejemplo, en el caso de Leysi Suárez, en el que incluso hubo una reunión con el ministro, se cayó el proceso porque no hubo ese impulso del Ministerio de Defensa. Pero en este caso sí. Impiden que se actúen pruebas, ponen trabas a la publicidad”, sostuvo Paliza.
Para Paliza, no queda duda de que estaríamos frente a una aparente persecución política y “populismo punitivo”, concepto desarrollado por el Tribunal Constitucional.
“El TC ha mencionado que el derecho penal es la última ratio para la resolución de conflictos. Cuando se aplica de manera parcial, utilizando una versión sesgada de los hechos y basándose en reportajes tendenciosos para nosotros se está dando la figura del populismo punitivo. Es decir, se aplican de manera amplia e indebida los tipos penales para perseguir políticamente a distintos actores. Para nosotras es claro que es por eso que este caso ha avanzado. En cualquier otro momento hubiera sido impensable que un caso así avance”, aseveró.
El juicio oral contra Estrada se instaló el pasado lunes 16 de setiembre y, según calculó la defensa, tomaría entre 3 y 4 meses que el Vigésimo Juzgado Penal Unipersonal de Lima emita la sentencia de primera instancia. “Va a ser un juicio en el que la única prueba va a ser un extracto de 30 segundos sacado de un reportaje periodístico tendencioso”, recalcó la abogada.
Ministerio no quiere un juicio público
La abogada Gabriela Paliza alertó que el Ministerio de Defensa se opone a que las sesiones de juicio oral contra Leonor Estrada sean públicas, pese a que no se trata de un caso que califique como reservado.
“El Mindef dice que, si el juicio se hace público, eso va a servir para hacer presión mediática al juez, que salir en medios va a generar que la gente vaya a protestar a la Corte. Eso hace evidente que hay persecución política. Hay un claro interés de carácter político en este caso”, declaró.
Precedentes
Un primer ejemplo de que la libertad de expresión corre peligro con el régimen de Dina Boluarte fue el caso de la escultura “La Descarada” del artista y caricaturista César Aguilar “Chillico”.
En junio de 2023, en el marco del Inti Raymi, Aguilar presentó la referida escultura, que representaría al gobierno de Boluarte. Sin embargo, no habría sido del gusto de las autoridades y se habría presionado para que el artista pida disculpas por elaborarla.
"La Descarada" en el desfile por el mes jubilar del Cusco (izquierda) y cuando fue desmontada (derecha). Foto: composición LR/ Jazmín Ceras/ cortesía
Según declaró “Chillico”, el presidente de la comisión organizadora de la Universidad Nacional de Arte, Diego Quispe Tito, le dijo que la exministra Leslie Urteaga habría dado a entender que los resposables de la escultura serían separados de esa casa de estudios.
César Aguilar se negó a pedir disculpas. A la semana siguiente, “La Descarada” fue desmontada y quemada presuntamente por personal de la universidad.
Otro antecedente del hostigamiento desde el Estado contra las artes es el caso del caricaturista de La República, Carlos Tovar Samanez, conocido como ‘Carlín’.
El 30 de enero de este año, se publicó en la edición impresa de este diario una caricatura en la que se mostraba a tres policías, todos vestidos igual, con los textos “delincuente con traje de policía”, “policía delincuente” y “policía que cumple su deber”. Esto en referencia a la participación de efectivos en hechos ilícitos.
La caricatura de Carlín.
Sin embargo, la Dirección de Comunicación de la Policía calificó el dibujo como una “ridiculización de la imagen policial”. Y eso no fue todo.
El mismo comandante general de la PNP, general PNP Víctor Zanabria, envió una carta notarial a ‘Carlín’ en la que exigía que se disculpe y se rectifique. Dicha acción fue rechazada de manera contundente por gremios periodísticos nacionales e internacionales.
“Espero que mi caricatura o este incidente sirva como un motivo para que se levanten las banderas de la libertad de expresión”, dijo en dicha oportunidad Tovar.
