Poder Judicial rechaza pedido de Dina Boluarte para que se cierre investigación por enriquecimiento ilícito
Jefa de Estado, a pesar de dijo que colaboraría con la Fiscalía, acudió al Poder Judicial y al Tribunal Constitucional para frenar las investigaciones en su contra.
El Poder Judicial rechazó la solicitud de la presidenta Dina Boluarte de cerrar la investigación que se le sigue por presunto enriquecimiento ilícito, relacionada con el denominado 'caso Rolex'. Esta decisión se basa en la negativa del tribunal a aceptar el argumento de su defensa sobre un supuesto vencimiento del control de plazo. Como resultado, la presidenta continuará siendo objeto de una investigación preliminar por parte del Ministerio Público.
“Se resuelve declarar infundada la solicitud de control de plazo formulada por la defensa de doña Dina Ercilia Boluarte Zegarra en la investigación preliminar seguida en su contra por el delito de enriquecimiento ilícito y otro en agravio del Estado”, se lee en el documento.
Este recurso interpuesto por la defensa de la mandataria es en referencia al inicio de las diligencias preliminares iniciadas contra le jefa de Estado en su condición de ministra de Desarrollo en Inclusión Social y posteriormente como presidenta de la República, por el plazo de 60 días, como presunta autora de los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar y declarar documentos, ambos en agravio del Estado.
La República conoció que la defensa de la mandataria apelará la decisión del PJ: "Ya me notificaron. Irá a la Sala Penal Permanente, que la preside Cesar San Martín", indicó su abogado.
Recordemos que, fue precisamente por este caso, que se presentó —el 27 de mayo de este año— la primera denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte. El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, acusó a la jefa de Estado de ser la presunta autora del delito de cohecho pasivo impropio, por el caso conocido como “Rolexgate”.
Dina Boluarte busca que el TC anule sus denuncias por protestas. Foto: Presidencia.
Este caso expone la posesión de relojes de lujo y joyas por parte de Dina Boluarte, sin haber sido declarados. Actualmente, la denuncia constitucional de Villena Campana se encuentra estancada a nivel de la Comisión Permanente del Congreso.
Meses después, el 30 de julio, el fiscal de la Nación presentó una segunda denuncia constitucional contra la mabndataria y seis exministros por delitos de homicidio calificado y lesiones graves por los muertos en las protestas en su contra de fines de 2022 e inicios de 2023. Esta permanece sin haber sido calificada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Según se pudo conocer por información difundida por el semanario ‘Hildebrandt en sus trece’, Juan Carlos Villena está próximo a presentar una nueva denuncia —sería la tercera— ante el Parlamento, en la cual se acusa a la jefa de Estado de ser la presunta autora del delito de obstrucción a la justicia e instigadora del delito de encubrimiento personal, esta es por la desactivación del Equipo Especial de la Policía en apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), dirigido por la fiscal Marita Barreto.
Dina Boluarte acude al TC y al Poder Judicial para tumbarse investigaciones
Así como la jefa de Estado ha presentado diversos recursos ante el Poder Judicial para frenar las investigaciones en su contra, también ha buscado la vía del Tribunal Constitucional para paralizar el trabajo realizado por el Ministerio Público.
Se debe tener en cuenta que, a pesar de la narrativa expuesta por el Gobierno de que la presidenta está abierta a colaborar con las investigaciones fiscales, existen —a la fecha— tres recursos presentados ante el Tribunal Constitucional que tienen como único objetivo neutralizar las indagaciones fiscales contra la jefa de Estado, quien producto de la poca claridad frente a los múltiples cuestionamientos en su contra y el medio centenar de fallecidos durante las protestas, padece de un bajo nivel de aprobación popular que no sobrepasa las dos cifras porcentuales.
El último 25 de julio, el procurador público especializado en materia constitucional, Luis Huerta Guerrero, presentó ante el Tribunal Constitucional una demanda competencial contra el Ministerio Público y el Poder Judicial con la que se busca neutralizar las tres investigaciones que se le iniciaron a Dina Boluarte en funciones: asesinatos en protestas, el caso Rolex y la desactivación del Equipo Especial de la Policía.
En el documento, se acusa al Ministerio Público y al Poder Judicial de vulnerar las competencias de la presidencia de la República al “dirigir la política general del Gobierno” mediante la interpretación del artículo 117 de la Constitución, la cual establece en qué circunstancias específicas puede ser investigado un jefe de Estado en funciones, desconociendo la evolución de esta discusión en los últimos años (durante el Gobierno del expresidente Pedro Castillo).
En mayo de este año, el Consejo de Ministros aprobó la presentación de una demanda competencial contra el Ministerio Público y el Poder Judicial denunciando un supuesto “menoscabo en sentido estricto del adecuado ejercicio de las competencias y funciones” de jefe de Estado, en la cual se cuestiona precisamente la interpretación de los alcances del artículo 177 antes revisado.
El Gobierno advierte que el Ministerio Público “carece de competencia para iniciar y proseguir actos de investigación preliminar, y todos aquellos que deriven de estos, respecto del presidente de la República” porque vulneraría la inmunidad presidencial. Y, respecto al PJ, piden que el TC determine que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria “carece de competencia” para autorizar “toda diligencia y/o allanamiento” como allanamiento, registro domiciliario, registro personal “e inclusive registro vehicular”. Esto se enmarcó en la reacción del Ejecutivo frente a la autorización y ejecución del allanamiento a la casa de la mandataria en Surquillo.
Tras el allanamiento a la casa y al despacho de la presidenta, el abogado Marco Riveros, conocido por ser la defensa legal de Gerald Oropeza presentó un habeas corpus a fin de dejar sin efecto dichos allanamientos realizados por la Fiscalía de la Nación y de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad (Diviac).
Ante los cuestionamientos por las defensas antes ejercidas por el abogado, la mandataria envió un documento al Poder Judicial donde señalan que el abogado Marco Riveros Ramos no es parte de su defensa legal y que ella no autorizó a presentar dicho recurso. Finalmente, se optó por acreditar a los juristas Domingo García Belaunde y Ernesto Blume como abogados de la presidenta Dina Boluarte ante el Tribunal Constitucional en el marco de este proceso.
Boluarte apelará ante sala de San Martín
En respuesta, el abogado de la presidenta de la República, Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal confirmó —en diálogo con La República— que tras conocerse la resolución que rechaza el pedido de su defendida para que se cierre la investigación por enriquecimiento ilícito en su contra, en el marco del caso Rolex, presentarán una apelación, la cual deberá ser resuelta por la Sala Penal de Apelaciones, presidida por el juez supremo César San Martín.
Recordemos que, el recurso que fue rechazado señalaba un supuesto vencimiento del control de plazo, con lo cual se dispuso que la jefa de Estado siga siendo investigada de manera preliminar. De acuerdo al Dr. Portugal, “no se valoró correctamente” el pedido, ya que le la jefa de Estado solo podría ser investigada por 60 días de acuerdo a lo que establece una ley específica y no una general.
En tanto, a la defensa de la jefa de Estado le corresponde apelar en los próximos tres días. El recurso irá a la Sala Penal de Apelaciones, presidida por el César San Martín, compuesta por cinco jueces supremos. En un mes y medio se debería convocar a audiencia.
De ratificarse la decisión, se da por agotada la vía ordinaria: “Agotada la vía ordinaria, en caso la decisión sea infructuosa, acudiremos a la ruta constitucional para que finalmente sea la vía constitucional quien defina”. En cuando a los plazos, el Tribunal constituciona debería resolverlo entre febrero y marzo del próximo año, de respetarse “el procedimiento y la tutela urgente de este caso”.
