Política

Zoraida Ávalos: lo que está en juego con la inhabilitación de la fiscal suprema

Intereses. Para que la fiscal sea reemplazada por un provisional en la Junta de Fiscales Supremos, el Pleno debe aprobar el informe del fujimorista Bustamante antes del 22 de junio. El Congreso, que archivó sus denuncias, ahora busca destituirla.

En la mira. El caso de la fiscal Zoraida Ávalos entró a su etapa final. Se trata de un juicio político impulsado por el fujimorismo y sus aliados con la finalidad de inhabilitarla. Foto: John Reyes/La República
En la mira. El caso de la fiscal Zoraida Ávalos entró a su etapa final. Se trata de un juicio político impulsado por el fujimorismo y sus aliados con la finalidad de inhabilitarla. Foto: John Reyes/La República

En junio del 2022, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) denominó a los abogados Gianina Tapia, Franklin Tomy y Helder Terán —en este mismo orden— como “candidatos en reserva” para fiscales supremos por un plazo de un año. Es decir, en caso de que alguno de los miembros titulares de la Junta de Fiscales Supremos resultase inhabilitado para ejercer dicha función, sería reemplazado por uno de ellos.

La condición de “candidatos en reserva” vence el 22 de junio de este año. Y al día siguiente, en tanto, vence la legislatura en el Congreso. Estas fechas explican qué está en juego en el juicio político contra Zoraida Ávalos.

El ponente del caso contra Ávalos es el congresista fujimorista Ernesto Bustamante, quien recomienda inhabilitarla cinco años de la función pública. En su informe señala y cuestiona que la extitular del Ministerio Público no investigó a Pedro Castillo cuando él ejercía su función presidencial por los presuntos ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y el proyecto Puente Tarata.

 En sus manos. Ernesto Bustamante es el ponente de este caso. Foto: Antonio Melgarejo/La República

En sus manos. Ernesto Bustamante es el ponente de este caso. Foto: Antonio Melgarejo/La República

Para el 26 de mayo debió votarse este caso, pero una decisión intempestiva del presidente del Congreso, José Williams, pospuso el caso. Este diario pudo conocer que esta dilación responde a que quienes impulsan este juicio político aún no tienen los votos a su favor.

El Reglamento del Congreso exige que para aprobar la inhabilitación de la fiscal suprema el Pleno necesita de la mayoría simple de congresistas a favor, restando a quienes integran la Comisión Permanente.

Con los votos de Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular no es suficiente. Requieren que se sumen sus colegas de Acción Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Somos Perú y un sector de la izquierda.

Salvo el fujimorismo y sus aliados, la mayoría de las agrupaciones se han mantenido en silencio o en la ambigüedad. Una excepción fue Cambio Democrático, donde su vocero, Edgard Reymundo, cuestionó el informe de Bustamante.

El papel del Congreso

Para entender el silencio de un sector de la derecha, habría que recordar qué casos llevó Ávalos cuando fue fiscal de la Nación.

En octubre del 2021 denunció a Manuel Merino, de Acción Popular, debido a que en su breve Gobierno murieron los jóvenes Inti Sotelo y Bryan Pintado.

También denunció a la excongresista del Apra Luciana León por el caso Los Intocables Ediles de La Victoria e hizo lo mismo contra el excontralor Édgar Alarcón por el presunto delito de peculado.

 Zoraida Ávalos dirigió la Fiscalía de la Nación de 2019 a 2022. Foto: difusión

Zoraida Ávalos dirigió la Fiscalía de la Nación de 2019 a 2022. Foto: difusión

Ninguna de estas tres denuncias interpuestas, por ejemplo, han prosperado en este Congreso. En 2022 enviaron al archivo las acusaciones contra Merino y Alarcón. Y este año la Comisión Permanente evitó que León sea investigada por organización criminal.

De modo que el Congreso que bloqueó sus denuncias es ahora el que busca inhabilitarla de la función pública.

En un contexto en el que diversas agrupaciones políticas buscan ganar terreno en el sistema judicial a través de diversos proyectos de ley, el caso de Ávalos no es un juicio político aislado, sino que guarda relación con las pretensiones maquinadas en los Pasos Perdidos.

De recibir luz verde en el Pleno el informe de Bustamante antes del jueves 22, la fiscal Ávalos deberá ser reemplazada por uno de los “candidatos en reserva”. Según Epicentro TV, una de las favoritas es Gianina Tapia, quien gozaría de la confianza de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y además sería cercana al exfiscal Pedro Chávarry.

Con ello cambia la composición de la Junta de Fiscales Supremos, instancia que elegirá en los próximos años a su representante ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), institución donde los aliados congresales también desean entrometerse, y también al nuevo fiscal de la Nación.

 Zoraida Ávalos en la mira del Congreso. Foto: difusión

Zoraida Ávalos en la mira del Congreso. Foto: difusión

En declaraciones a Ojo Público, la fiscal Ávalos consideró que la medida que quiere tomar este sector del Congreso “es muy peligrosa, porque atenta contra la democracia”. También destaca en esta entrevista que hasta el momento la Junta de Fiscales Supremos que preside la fiscal Benavides no se pronuncia en su defensa.

Ávalos anunció que, de ser inhabilitada, recurrirá al Tribunal Constitucional (TC). Pero cabe recordar que este TC fue elegido por el Congreso que pide su destitución.

Y para sumar a la incertidumbre, en la Mesa Directiva aún no reprograman la votación de este caso. Lo único cierto es que la decisión será tomada antes que termine la legislatura.

Fiscales

  • Patricia Benavides, fiscal de la Nación.
  • Gianina Tapia, posible reemplazo de Ávalos.