Zoraida Ávalos sería reemplazada por fiscales de confianza de Patricia Benavides si es inhabilitada

Este jueves 25 de mayo, el pleno del Congreso votará el informe final de la denuncia constitucional contra la fiscal suprema Zoraida Ávalos por presunta omisión de funciones al, supuestamente, negarse a investigar al expresidente Pedro Castillo durante su mandato. Por este hecho, se propone inhabilitar por cinco años del ejercicio de cargos públicos a la extitular del Ministerio Público, quien ha solicitado a Patricia Benavides convocar a la Junta de Fiscales Supremos para que emitan un pronunciamiento en el que la respalden del acoso del Parlamento.

Todo inició en enero de 2022, cuando Ávalos, quien en ese tiempo se desempeñaba como fiscal de la Nación, se dispuso a abrir una investigación contra Castillo Terrones por los casos Puente Tarata, Biodiesel y Ascensos en las Fuerzas Armadas. El documento fiscal también resolvió suspender las diligencias hasta que culmine el mandato.

Esta medida (abrir y suspender investigación) también fue aplicada en 2020, durante el gobierno de Martín Vizcarra por el caso Richard Swing. Zoraida Ávalos reanudó las diligencias luego de que el Congreso vacó al inhabilitado líder de Perú Primero.

Antes de 2020, los fiscales de la Nación archivaban toda denuncia contra presidentes en funciones. Tal es el caso de la ahora congresista Gladys Echaíz, quien archivó dos denuncias contra Alan García.

¿Quiénes reemplazarían a Zoraida Ávalos?

Esta semana, el semanario Hildebrandt en sus trece y Epicentro TV han alertado sobre los alcances de la Ley 31718, Ley que modifica el Decreto Legislativo 52, Ley Orgánica del Ministerio Público, para asegurar el funcionamiento permanente de la Junta de Fiscales Supremos. Dicha norma fue aprobada por este Congreso y promulgada por el Gobierno de Dina Boluarte.

En esencia, la Ley 31718 habilita que un fiscal supremo provisional pueda integrar la Junta de Fiscales Supremos de manera excepcional cuando un fiscal supremo titular esté impedido por “motivos de sanciones impuestas por el Poder Judicial, la Junta Nacional de Justicia o el Congreso de la República”.

La Junta de Fiscales Supremos es sumamente importante toda vez que es el máximo órgano de decisión del Ministerio Público. Históricamente, son seis las plazas para este nivel de fiscales. Sin embargo, solo hay cuatro en actividad: Patricia Benavides (presidenta y fiscal de la Nación), Pablo Sánchez, Juan Villena y Zoraida Ávalos. La doctora Delia Espinoza también es fiscal suprema, pero representa al Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones, por lo que no participa.

En caso de que Ávalos sea inhabilitada por el Parlamento, la Junta de Fiscales Supremos se quedará sin uno de sus miembros. Al no haber un concurso público para renovar la vacante, se debería convocar a un fiscal supremo provisional para restablecer el quórum.

Según el portal del Ministerio Público, a la fecha, figuran solo dos fiscales supremos provisionales: los doctores Franklin Tomy López y Helder Terán Dianderas, quienes están a cargo de la Primera y Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos, respectivamente.

Ambos fueron nombrados por la actual fiscal de la Nación, Patricia Benavides, a mediados de 2022.

Tomy López tiene a su cargo las investigaciones del caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Justamente, uno de los implicados, el empresario Antonio Camayo, registra llamadas telefónicas con la fiscal de la Nación.

Mientras tanto, Terán Dianderas tiene en su poder el caso de la hermana de la titular del Ministerio Público, la juez superior Emma Benavides, investigada por presuntamente haber recibido coimas de narcotraficantes. En febrero de este año, Helder Terán solicitó al Poder Judicial archivar el proceso contra la magistrada superior tras prescindir de las declaraciones de los narcotraficantes Alexander Jaramillo Herrera y Roberto Carlos Gómez Herrera, detenidos en Brasil.

Los candidatos en reserva

La sanción que evaluará el Pleno del Congreso es de inhabilitación para ejercer cargos públicos. En ese sentido, otra solución para llenar la vacante que dejaría Zoraida Ávalos por 5 años sería convocar al primer candidato en reserva habilitado del último concurso público de selección y nombramiento de fiscales supremos.

Debido a que Delia Espinoza ya fue incorporada como fiscal suprema, se convocaría por orden de mérito a Gianina Tapia Viva, fiscal adjunta suprema en la Fiscalía Suprema de Familia.

Tapia Viva, según Epicentro, sería cercana al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, involucrado en el caso Los Cuellos Blancos. Chávarry renunció a dirigir el Ministerio Público luego de intentar sin éxito remover a Rafael Vela y José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato.