Zoraida Ávalos: “Con mi proceso, están creando un precedente peligroso para la administración de justicia”

La fiscal suprema Zoraida Ávalos considera que es víctima de una venganza política por presentar 43 denuncias contra excongresistas y altos funcionarios del Estado, mientras se desempeñó como fiscal de la Nación. Advierte que, desde ahora cualquier magistrado que no actúe conforme a los intereses políticos podrá ser destituido, con respecto a la investigación contra el expresidente Pedro Castillo.

El jueves 25 está citada en el Congreso. ¿Cuál es el motivo?

Es la denuncia que me hacen porque según ellos (los congresistas) habría infraccionado la Constitución y cometido omisión y retardo de mis funciones.

¿En qué investigación?

Al expresidente Pedro Castillo. Esa investigación la inicié el 10 de noviembre de 2021 con el tema de los ascensos militares, Puente Tarata y Biodiésel. Lo que pasa es que no salgo en TV a anunciarla. Y dos meses después, el 4 de enero del 2022 se involucra como investigado al presidente Castillo. La denuncia que presenta la fiscal de la Nación, Patricia  Benavides, en diciembre de 2022, tiene su origen en la investigación que  inicie en noviembre.

 ¿Cómo fue esa investigación?

Usted sabe que un delito no lo comete una sola persona. Se investigan hechos que involucran a personas. Entonces, inicie una investigación a todos los involucrados, como una red, y en menos de dos meses, encontramos indicios para incluir a Castillo. Soy la única que logra tomarle su declaración, pues se le cita como testigo y declaró un 28 de diciembre.

¿Usted es vizcarrista?

Esa es la narrativa que han construido. A pesar de que con el caso Vizcarra por primera vez, el Ministerio Público decide que sí era posible investigar a un presidente en funciones. También cuestionan mi elección como fiscal de la Nación, pero se olvidan que yo llegué a ese cargo porque no había otro fiscal supremo que podía ocuparlo.

Antes de su gestión, la Fiscalía de la Nación no investigaba a los presidentes.

 En 39 años, la posición del Ministerio Público era de archivo liminar de cualquier denuncia contra un presidente, por el artículo 117° de la Constitución. Ese archivo liminar implicaba no investigar al presidente ni a ninguno de los involucrados. Eso era impunidad. Yo cambio esa posición con Martín Vizcarra el 2020, en el caso Swing.  Establecimos que sí se puede investigar a un presidente. 

 Luego, suspendió la investigación a Pedro Castillo.

Allí hay una confusión. Esta es una sola investigación  sobre hechos ilícitos que se inició en noviembre del 2021. En menos de dos meses, nos dimos cuenta de que había elementos que involucraban al ahora expresidente y en enero se lo incluyó. Los presuntos hechos delictivos se investigaron desde el primer momento. La suspensión solo implicaba que no se le podía pedir mandato de detención ni impedimento de salida del país. La doctora Benavides tampoco pudo hacer eso. A castillo recién lo detienen cuando deja el gobierno, a raíz del golpe de Estado.

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Usted es la primera fiscal de la Nación que investiga a un presidente en ejercicio, y hoy es la primer fiscal investigada en el Congreso por demorarse en investigar a un presidente.

 Sí, pues. Hasta antes de Castillo, los juristas, como Chirinos Soto, Aníbal Quiroga, Eguiguren, todos decían que no se podía investigar al presidente. A ninguno de los fiscales que archivaron investigaciones al presidente se les investigó en el Congreso. La doctora Gladys Echaíz, que curiosamente hace suya esta denuncia, archivó dos investigaciones contra el expresidente Alan García. Una por el caso Petroaudios y nunca nadie le dijo nada. No se quiere reconocer que yo abrí un camino. El doctor Pablo Sánchez, la doctora Benavides no hubieran podido seguir si yo no hubiera tomado ese camino.

¿Qué interés podría haber detrás de esta investigación en el Congreso?

Creo que el móvil es político. Yo tengo 43 denuncias constitucionales presentadas durante mi gestión. Nunca antes un fiscal de la Nación presentó tantas denuncias. Por ejemplo, he denunciado al señor Jorge del Castillo, Héctor Becerril , Edgar Alarcón, excontralor general de la República, Luciana León, el expresidente Manuel Merino. ¿Que puedo pensar?

Se habla del interés de un sector del Congreso de capturar las instituciones de la administración de justicia. ¿Este proceso es parte de ese intento?

Lo que yo veo es que se está creando un precedente peligrosísimo contra la administración de justicia. Soy como un chivo expiatorio. De aquí en adelante, cualquier fiscal de la Nación, fiscal supremo, juez supremo que no actúe conforme a los intereses políticos podrá ser destituido. Eso quebranta todo orden constitucional y legal. Muy peligroso.

Se le sancionaría por una opinión política...

Por estar actuando conforme a la Ley. Eso es un quebrantamiento de la constitución y las normas. Todo democracia tiene como pilar básico un sistema de justicia solido con arreglo a la ley. Un fiscal debe cumplir y defender la Constitución.

¿Qué dice la Junta de Fiscales Supremos sobre este proceso político?

Lo planteé en la Junta, pero se produjo un pronunciamiento bastante tibio.

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¿Se siente desamparada?

Lamentablemente, en el Congreso prima el voto antes que la razón. Pero, aun así, espero encontrar justicia, espero que no se quebrante la ley y la Constitución.

¿Podría pedir una medida cautelar al Poder Judicial?

Cuando se inició el caso, presentamos una demanda de amparo. Allí sigue el Poder Judicial, en primera instancia. Desde el inicio de la investigación en la subcomisión había un direccionamiento.

¿Con qué ánimo se presentará al Congreso?  

Creo en la democracia. Tengo fe. Voy a ir con la cabeza en alto porque he cumplido la ley y la Constitución.