El Congreso busca interferir en el sistema de justicia
Arremetida. La pretensión de un sector del Parlamento de denunciar constitucionalmente a los integrantes de la JNJ por, simplemente, pedir mesura frente a una decisión de importancia representa un peligro, de acuerdo a expertos consultados.
La denuncia constitucional presentada en el Congreso contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) puede interpretarse como el intento de interferir en el sistema de justicia. La semana pasada, la representante de Avanza País, Patricia Chirinos, pidió inhabilitar por 10 años a los miembros de esa institución por haber emitido un pronunciamiento en el que exhortaban al Parlamento a adoptar una decisión ponderada y reflexionar sobre la denuncia contra la fiscal suprema Zoraida Ávalos.
Para el abogado Pedro Grández, esta denuncia constitucional tiene una dimensión política. Señaló que hay un sector del Parlamento que ha empezado a “disparar” contra organismos cuya función radica en perseguir el delito.
“Pueden estar usando su poder, el control político, para defender a sus aliados involucrados en acciones delictivas. Ese es el riesgo de querer intervenir en instituciones vinculadas con el sistema de justicia”, dijo.
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Grández indicó que, en contextos de crisis institucional, tal como viene ocurriendo en el Perú, una salvaguarda son las instituciones de la justicia.
Apetito. Hay una arremetida del Congreso en curso para copar la JNJ, y a través de ella intervenir en el sistema judicial. Foto: difusión
Sin embargo, añadió, en el Perú no se ha podido construir organismos completamente independientes del poder político. “Por ejemplo, el constitucionalismo europeo de posguerra se ha liberado de la intromisión en la justicia gracias a la formación de organismos pensados para darle mayor independencia al sistema judicial. Nosotros nunca hemos creado esas instituciones en serio, no hemos podido tener organismos totalmente independientes de los vaivenes de la política”, explicó.
Al respecto, recordó que en la conformación de la JNJ participan el defensor del Pueblo y el presidente del Tribunal Constitucional (TC), que, precisamente, son nombrados desde el Congreso.
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Señaló que, en la eventualidad de que la denuncia constitucional prosperara, los mecanismos de control constitucional tendrían que activarse.
Así, los integrantes de la JNJ podrían acudir a un amparo o plantear un conflicto competencial porque el Congreso estaría menoscabando sus atribuciones constitucionalmente establecidas.
Tomar la JNJ como sea
Por su parte, la expresidenta del TC Marianella Ledesma refirió que, “evidentemente”, existe la intención de “como sea tomar la JNJ” porque esta institución no solamente permite la elección de jueces, sino su permanencia mediante su ratificación.
Advirtió que la estrategia del Parlamento es de una “enorme torpeza política y jurídica” porque cuando en un futuro se analicen estas acciones —por ejemplo, si el caso avanzara hasta el sistema interamericano— se tendrá que evaluar el contexto en el que se desarrollaron los acontecimientos.
Voz. Aldo Vásquez dijo que solo pidió reflexión al Congreso. Foto: difusión
Y ese contexto, de acuerdo con Ledesma, sugiere que estamos frente a una dictadura congresal. “Podría alegarse en un futuro que lo que se ve ahora es una dictadura congresal. Estos actos son propios de una dictadura. No es nada inteligente pretender abrir una denuncia constitucional por haberse osado a sacar un comunicado cuando, precisamente, la democracia significa disentir. Y esa denuncia que se abre no es con un fin inocuo; lo que buscan es por lo menos amedrentar”, manifestó.
Finalmente, interrogado el abogado César Azabache sobre si la JNJ podría interponer algún recurso en caso de que el Congreso decida seguir adelante con la acusación constitucional, respondió que el TC ha prohibido al Judicial recientemente admitir amparos en estos casos.
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Pero, explicó, la JNJ tiene a su favor la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso sobre destituciones del TC de los años 90. Además, ya la Comisión Interamericana paralizó por vía cautelar el antejuicio contra los miembros del TC por un fallo sobre la prescripción del caso El Frontón. “La JNJ tiene expedita esta última vía: llevar el caso al sistema interamericano”, indicó.
A la espera de lo que pase en el Parlamento
Los miembros de la JNJ se han estado acercando a los medios de comunicación para explicar su posición. El último en hacerlo fue su expresidente y actual vicepresidente, Aldo Vásquez: “La Junta no defiende personas, sino principios, y el principio que estamos defendiendo es el de la independencia de jueces y fiscales”, declaró el lunes en RPP. Consideró que, si un juez o un fiscal debe ser sometido a un procedimiento disciplinario o a una denuncia constitucional cada vez que opta por expresar un criterio, sería el fin de la independencia del sistema de administración de justicia. Ahora, en la JNJ quieren ver cómo se desarrolla el caso en el Parlamento.
La clave
Pedido. La JNJ emitió un pronunciamiento invocando a la “mayor reflexión” al Congreso por la posible inhabilitación contra la fiscal Zoraida Ávalos. La denuncia constitucional iba a ser debatida la semana pasada, pero la sesión se postergó.
