Accidentada reunión de la Junta de Fiscales Supremos

La Junta de Fiscales Supremos, reunida a pedido de los fiscales supremos titulares Zoraida Ávalos y Juan Carlos Villena, acordó emitir un comunicado en defensa de la independencia de los fiscales del Ministerio Público, pero "cuidando no enfrentarse al poder político y al Congreso de la República".

El texto del comunicado recién se redactaría en las próximas horas, pues los fiscales supremos no se lograron poner de acuerdo en su contenido. La reunión fue muy accidentada y confusa por un intercambio altisonante de opiniones y criticas mutuas.

La mayoria estuvo de acuerdo en pronunciarse sobre la acusación constitucional aprobada por la comisión permanente del Congreso, y pendiente de debate y votación en el pleno, contra la exfiscal de la Nación y fiscal suprema Zoraida Ávalos por su criterio jurídico en la investigación al expresidente Pedro Castillo.

En la Junta participaron la fiscal de la Nación, Patricia Benavides y los fiscales supremos titulares Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Juan Carlos Villena.

El lunes 22 de mayo, Ávalos habían pedido una sesión extraordinaria de la Junta. El martes, 23 , la secretaria de la Junta de Fiscales Supremos, Carmen del Pilar Diaz Vásquez le respondió que el 12 de octubre del 2020, se acordó que las sesiones extraordinarias se podían convocar solo a iniciativa personal de la fiscal de la Nación o ha pedido de dos fiscales supremos titulares.

Ante ese recordatorio, el miércoles, Zoraida Ávalos y Juan Carlos Villena solicitaron la sesión extraordinaria “en la que se analice y apruebe el texto de un pronunciamiento de esta máxima instancia administrativa del Ministerio Público en defensa de la institucionalidad; a propósito de la denuncia constitucional formulada contra la fiscal suprema Zoraida Ávalos Rivera”.

Horas, después la fiscal de la Nación accedió a convocar la reunión para la misma tarde del miércoles. De acuerdo con nuestras fuentes, el encuentro fue tenso y aspero de principio a fin. "En sus gestos, Benavides mostraba su molestía por haberse visto obligada a convocar a una reunión que no quería", indicó un funcionario que observó el encuentro.

Difícil debate

Luego de escuchar la posición de los fiscales que pidieron convocar la sesión, la fiscal de la Nación señaló que sobre el tema de la doctora Ávalos en el Congreso ya se había emitido un pronunciamiento en una sesión realizada el 18 de enero pasado, lo cual consideraba suficiente para no crear conflictos con el Congreso.

Ávalos señaló que eso no era suficiente pues no se defendia el fuero institucional y que el Congreso buscaba crear un precedente peligroso para todos los fiscales. Pablo Sánchez y Villena coincidieron que era necesario un nuevo comunicado. Ambos dijeron que se debía fijar posición en defensa del Ministerio Público.

Pero, el consenso terminó allí. Para unos, se debía fijar una posición clara y señalar que el Congreso no puede acusar a un fiscal por una posición jurisdiccional, pues la Constitución solo reconoce el derecho de critica ante cualquier resolución judicial o fiscal.

Otro señaló que el comunicado debía fijar posición clara sobre el caso de Zoraida Avalos, mientras que otros no estaban de acuerdo en incluir nombres y que solo se defendiera la institución, pues más allá de las personas, la imagen del Ministerio Público se verá afectada por la decisión que tome el Congreso.

El intercambio de posición continúo varios minutos y la reunión se levantó abruptamente, sin tomarse un acuerdo claro sobre lo debía decir el comunicado público. Ahora, se deberá esperar que se redacte y firme el acta de la sesión extraordinaria.

A partir de ese texto, la secretaria de la Junta en coordinación con la fiscal de la Nación planteará un texto de comunicado, que se deberá conciliar con los otros fiscales supremos. Cuando todos esten de acuerdo se compartirá con el público.

Acusación Constitucional

Mientras esto sucedía en el piso nueve de la sede del Ministerio Público, el presidente del Congreso, José Williams anunció que se suspendia para una nueva fecha el debate y votación de la acusación constitucional contra la fiscal suprema titular Zoraida Ávalos.

La comisión permanente la acusa por omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales por no investigar al presidente Pedro Castillo inmediatamente se difundieron las denuncias periodistas en su contra. Ávalos se defiende señalando que su despacho decidió el inicio de las investigaciones, el 10 de noviembre del 2021, unos días después que fueran difundidas por la prensa, por lo que no omitió, demoró ni se rehuso a investigar.

La norma procesal no establece un plazo entre el conocimiento público de un presunto hecho delictivo y la decisión del fiscal de iniciar la investigación. Los congresistas cuestionan que la investigación no incluyera desde el primer segundo al expresidente Castillo.

Ávalos defiende su decisión en un criterio jurídico y estrategia de investigación. Al no incluir al expresidente desde el primer momento, pudo citarlo a declarar en calidad de testigo. Como investigado, el entonces presidente se podía negar a declarar. Castillo declaró el 28 de diciembre del 2021, entró en contradicciones que complicarón su situación, por lo que el 4 de enero de 2022 lo incluyó como investigado.