Congreso avanza persecución política contra la Junta Nacional de Justicia
Amenazas. Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por Lady Camones (APP), admite denuncia de Montoya. Proceso puede culminar con la inhabilitación de miembros de la JNJ, incluyendo a Inés Tello, quien investiga a la fiscal Patricia Benavides.
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Con diez votos a favor, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), dirigida por Lady Camones (APP), admitió ayer a trámite la denuncia presentada por Jorge Montoya contra todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Si el proceso avanza viento en popa, los profesionales de dicha entidad podrían ser sancionados hasta con la inhabilitación.
La mayoría de los votos a favor de esta denuncia fueron de Fuerza Popular. Cinco en total: Martha Moyano, Ernesto Bustamante, Hernando Guerra, Arturo Alegría y Patricia Juárez. Los otros votos fueron de bancadas afines, como Renovación Popular, Avanza País y Alianza para el Progreso (APP). (Ver detalles en el cuadro).
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La denuncia fue presentada hace un mes por el legislador Jorge Montoya (Renovación Popular), quien pide inhabilitar por diez años a los siete miembros de la JNJ. El principal motivo es el supuesto incumplimiento del límite de edad para pertenecer a dicha entidad.
La supuesta infracción
Montoya sostiene que la abogada Luz Inés Tello habría incumplido con el artículo 156 de la Constitución y esta misma lectura fue asumida por el equipo técnico de la subcomisión que preside Lady Camones.
Dicho artículo establece como requisito para ser miembro de la JNJ “ser mayor de 45 años y menor de 75 años”. La abogada Luz Inés Tello asumió en el 2020, cuando tenía 74 años. Técnicamente, ya pasó el supuesto límite.
Sin embargo, en setiembre del 2020, la Autoridad Nacional del Servicio Civil emitió un informe técnico en el que precisa que el rango etario es solo para el acceso al cargo en la JNJ, pero no es un límite que pueda generar una posible vacancia.
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Este documento fue cuestionado ayer por la fujimorista Patricia Juárez, quien consideró que se trataba de un informe a medida y no podía ser considerado por el Congreso.
Sin embargo, en el mismo proceso de selección, en la ronda de entrevistas, el entonces presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, dijo que el límite de edad era solo para el acceso al cargo.
“Usted (Inés Tello) cumple el requisito para postular, que es tener entre 45 años y 75 (años), pues la ley no dice que tiene usted que cesar en un tiempo determinado, sino al concluir su mandato”, expresó el letrado, quien es tomado como referente por el fujimorismo.
Represalia congresal
La abogada Luz Inés Tello, desde la JNJ, asumió tres investigaciones contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Por un lado, está el caso de la condecoración que recibió la fiscal del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, quien es investigado por el Ministerio Público.
También está el reporte de llamadas que tuvo Benavides con Antonio Camayo, miembro del grupo Los Cuellos Blancos. Y está el caso de los movimientos internos que hizo Patricia Benavides al llegar al cargo, removiendo a una fiscal que investigaba a su hermana. Estos dos casos ya fueron acumulados.
Es en este contexto que el Congreso, que viene obrando con cierta afinidad con la fiscal Patricia Benavides, decidió fijar su mirada en contra de Inés Tello para ejercer cierta presión política e intentar sacarla del cargo. Es más, el proceso incluye a los otros seis miembros de la JNJ por respaldar con una resolución del 2020 la permanencia de Inés Tello.
Y Ética emprende blindaje contra los mochasueldos
La Comisión de Ética evitó aprobar ayer el informe de suspensión por 120 días contra Magaly Ruiz (APP) por el caso de recorte de sueldo. También redujo drásticamente la sanción contra Heidy Juárez (Podemos) por hechos similares. De este modo, el Congreso evidencia un ánimo de blindaje, situación que se podría replicar con los otros siete casos pendientes.
Magaly Ruiz (APP), blindada. Foto: difusión
En el caso de Magaly Ruiz, hubo 4 votos en contra y 4 a favor. Fueron siete las abstenciones y esto llevó a postergar la decisión para una siguiente fecha. La mayoría de legisladores hicieron espíritu de cuerpo y exigieron más pruebas del recorte denunciado.
Cuatro congresistas sindicadas de “mochasueldos”: la no agrupada Katy Ugarte y las apepistas Magaly Ruiz, María Acuña y Rosío Torres. Foto: composiciónLR
Sobre Heidy Juárez, había una propuesta de suspensión por 120 días, pero ayer bajaron la sanción a solo 30 días multa. El cambio fue solicitado por Kelly Portalatino.
En este segundo caso, también eliminaron la propuesta de enviar el informe a la Fiscalía. Estas decisiones pueden servir de precedente para los otros siete denunciados por recortes de sueldos.
Diez votos a favor de la persecución
