SAC admite a trámite denuncias contra 4 congresistas por recorte de sueldo a trabajadores

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), presidida por la parlamentaria Lady Camones (APP), admitió a trámite las denuncias contra las parlamentarias María Acuña Peralta (APP), Magaly Ruíz (APP), Katy Ugarte (no agrupada) y Rosío Torres (APP), todas ellas acusadas por presuntos recortes de sueldo a sus trabajadores. Hasta la fecha, ya son siete los casos de parlamentarios ‘mocha sueldos’ registrados en el actual Parlamento.

Tras esta decisión, las denuncias serán elevadas a la Comisión Permanente para que otorgue un plazo de 15 días para la indagación, que puede ser ampliado por única vez por 15 días adicionales. Tras ello, se procederá a la presentación del informe final, el cual debe ser votado. De tener luz verde, pasa nuevamente a la Comisión Permanente y, tras ello, al Pleno.

Mientras tanto, los casos de las cuatro parlamentarias ya se encuentran también a nivel de la Comisión de Ética Parlamentaria, presidida por la acciopopulista Karol Paredes, la cual puede imponerles como máximo una sanción de suspensión por 120 días, de acuerdo al Reglamento del Congreso de la República.

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Por otro lado, a nivel de la Fiscalía de la Nación, María Acuña, Magaly Ruíz, Katy Ugarte y Rosío Torres tienen una investigación fiscal abierta por el presunto delito de concusión, el cual está establecido en el artículo 382 del Código Penal.

“Concusión. El funcionario o servidor público que, abusando de su cargo, obliga o induce a una persona a dar o prometer indebidamente, para sí o para otro, un bien o un beneficio patrimonial, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de 10 años”, se lee en el Código Penal.

Cabe recordar que, el último 24 de abril, la subcomisión evaluó la denuncia constitucional presentada en contra de la congresista María Cordero, también acusada de recortar los salarios de los trabajadores de su despacho. En este caso, la denuncia fue presentada por la fujimorista Martha Moyano.

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Casos de las 4 ‘mocha sueldos’

En el caso de Katy Ugarte se le acusa de que solicitaba entre S/300 a S/400 a sus trabajadores como “aparte voluntario” para mejorar su imagen como parlamentaria en Cusco, región a la que representa. Aquí cobra relevancia Wilber Felices Villafuerte, hombre de confianza de la parlamentaria, quien era el encargado de recolectar el dinero para pagar las publicaciones en la prensa cusqueña.

En cuanto a Rosío Torres (APP), se le acusa de recortar la remuneración de los trabajadores de su despacho parlamentario. La primera denuncia que salió a la luz involucraba al menos a cinco colaboradores del Congreso, a quienes Juan Daniel Pérez Guerra, sobrino y coinvestigado de la congresista Torres, les solicitaba una parte de su salario. Tras ello, salieron a la luz dos nuevos casos.

Por el lado de María Acuña Peralta (APP), se hizo público un audio de la legisladora negociando con uno de los trabajadores de su despacho en Chiclayo para evitar ser denunciada. La víctima señaló que solo ganaba S/1.000 como coordinador de la Oficina Descentralizada de Acuña Peralta, en la ciudad de Lambayeque. Su remuneración, según lo establecido, debía ser de S/4.000.

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Finalmente, Magaly Ruíz (APP) fue denunciada por un extrabajador de su despacho identificado como Carlos Marina, quien ingresó a laborar a la Comisión de Protección a la Infancia, presidida por la apepista, le pusieron una condición dar un aporte voluntario de S/1.500 y una colaboración extra de S/300. Todo quedó registrado en transferencias bancarias.