Investigan ‘pago de favores’ para aportantes de campaña electoral en Arequipa

El gobernador de Arequipa y presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Rohel Sánchez Sánchez, cuando fue candidato se presentó como un académico desligado del político tradicional. Instalado en el cargo, el discurso no coincide con los hechos. A menos de tres meses, su entorno está envuelto en dos investigaciones fiscales por direccionar contratos y tráfico de influencias en la publicación de mensajes de WhatsApp de su esposa, Luz Marina Zeballos Patrón.

La primera dama del GRA, en estos mensajes, recomienda contratar a sus allegados.

De los chats, Steven Ortiz La Torre es el primer caso confirmado. Aportó con material de propaganda por un valor de S/3.925 y ahora está como cotizador para contrataciones directas de la Oficina de Logística por S/9.600. Otros aportantes consiguieron un puesto de trabajo: uno provee a la entidad y otros son mencionados en una lista para que sean favorecidos con órdenes de servicio menores a las ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT).

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Slender Andía Condo colaboró con 20 banners y cena de confraternidad por S/2.500, según aportes que consigna la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Luego ocupó la jefatura de Logística del Gobierno Regional de Arequipa (GRA). Días atrás renunció denunciando presiones para direccionar servicios y compras al acusar a la esposa de Sánchez.

La lista filtrada con los servicios, montos y el proveedor a beneficiar sería parte de los direccionamientos que denunció Andía. Contraloría tiene los documentos y forman parte de las investigaciones.

En el documento, por ejemplo, aparece “Gregorio Vilca”, quien es Vilca Choque. Aportó, según ONPE, S/690 en refrigerios y desde enero de 2023 alquila una excavadora hidráulica para la obra Vía 4 Carriles por S/143.000. “Me presento a todas las entidades, a veces gano, a veces no”, refirió confirmando su vínculo con el GRA. En lista lo registran como potencial proveedor para módulos por S/12.200, pero niega que se haya presentado a esos procesos.

Para “Luis Sonca” se habría reservado dos servicios por S/30.000. En los informes de ingresos y gastos de campaña ante ONPE, Luis Sonca Umiyauri aportó S/480 en cajas de fósforos. Y para dar mantenimiento a una camioneta por S/1.100 se tenía previsto favorecer a “Carlos Llerena”. Este sería Carlos Llerena Salazar, quien contribuyó con S/720, justamente con dos llantas y cambio de aceite a unidades de campaña.

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No solo hay proveedores

En los dos informes de campaña de Sánchez y de su movimiento regional Yo Arequipa, presentados a la ONPE, también colaboraron quienes ocupan u ocuparon importantes cargos. No fue solo el caso de Slender Andía.

Hay dos contribuyentes que integraron la planilla dorada al ser pagados por el Fondo de Apoyo Gerencial (FAG) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que se supone tiene el objetivo de contratar a los más capacitados. Uno de ellos es Carlos Augusto Tejada Díaz, que hizo tres aportes en 20 banners y cena de confraternidad por un total de S/3.550. Luego fue durante tres meses consultor FAG con un sueldo de S/6.500.

Algo similar ocurrió con el caso de Franco Navarro Rondón. Entregó S/730 por cajas de preservativos y cajas de fósforos, para luego percibir como consultor FAG S/7.500. A Navarro lo investiga la Fiscalía presuntamente por direccionar servicios. Mientras que Yamandu Ampuero Vizcarra colaboró con S/1.200 en movilidades, según ONPE. Gracias a esa inversión se convirtió en jefe de Recursos Humanos por FAG con S/6.500 de sueldo. Recientemente renunció ante los escándalos de los mensajes de WhatsApp de Zeballos Patrón. Hasta el gerente general del GRA, Leonidas Zavala Lazo, fue contribuyente con S/2.970 por 15 banners y entrega de dinero en efectivo.

Sobre las investigaciones fiscales, el gobernador Sánchez dijo que son preliminares y que sean bienvenidas. Señaló que como autoridad responde por sus gerentes y no de todo lo que pasan en las oficinas. Sobre la interferencia de su esposa, indicó que ella lo apoya, pero no en la dimensión que se cree.

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Reacciones

Jorge Mamani, Especialista en derecho electoral

Lamentablemente es una práctica recurrente en las municipalidades y en los gobiernos regionales realizar pagos de favores. Lo podemos constatar en los diferentes informes que publica Contraloría. Si se trata de aportantes militantes a una campaña, entonces hay un motivo de apoyar a que el candidato gane la contienda electoral. Sin embargo, con los que contribuyen y no son militantes, en ese caso, se podría correr el riesgo de que se tenga que hacer pago de favores. Los colaboradores piden trabajar, ser contratados por un servicio o proveer a la entidad. Es una práctica muy peligrosa. Queda en la labor de la Contraloría verificar si cumplen los términos de referencia requeridos. En el caso de los puestos de confianza, no habría faltas administrativas siempre y cuando cumplan con el perfil. Pero hay una falta ética y moral si solo se le coloca por una afinidad en común. En el caso de las consultorías, se debe hacer una verificación de la calidad de lo que se ha proveído y si cumplen los requisitos mínimos.