Raúl Molina: "Veo difícil que Boluarte pueda recorrer los 40 meses que faltan para julio del 2026"
El exjefe del Gabinete Técnico de Dina Boluarte dice que “las causas que explican las protestas son el hartazgo y el descreimiento de lo que se puede esperar del Estado y los representantes políticos” y asegura que “el Gobierno se ha puesto de costadito, escondido detrás de un poste de luz, pensando que va a pasar 'piola', pero eso es solamente temporal”.
Raúl Molina renunció en febrero a su cargo de jefe del Gabinete Técnico de la Presidencia debido a discrepancias con la manera de enfrentar la crisis. Analiza el estado actual de las protestas. Señala que se nota una evidente disminución en su intensidad, pero duda de que el Gobierno sea capaz de atravesar los 40 meses que restan hasta el 2026.
—Las protestas contra el Gobierno han disminuido en su intensidad, ¿correcto?
—Sin ninguna duda.
—¿Y esto es por la estrategia del Gobierno o por el agotamiento de quienes se están movilizando?
—Principalmente, es por el agotamiento de los que se movilizan. Los demás departamentos que no son Puno se fueron retrayendo porque la gente necesita trabajar. Uno se mantuvo (Puno) hasta el incidente lamentable de los seis soldados que se ahogaron. Los testimonios que salieron como una semana después, que complementaron el del reportero de La República...
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—De Liubomir Fernández.
—Sí, me dejaron un sabor de ese tipo de situaciones donde las cosas se van confabulando para que termine todo en un desastre. Ese dolor por lo ocurrido posiblemente ha contribuido a un periodo de calma o de tregua autoconcedida para los puneños. Y también los desastres del norte quitaron la atención sobre las protestas y la dirigieron hacia lo sucedido en el norte, en las zonas altas de Lima, en la propia Ica. Había un empate técnico entre la estrategia del Gobierno y el esfuerzo de sostener las protestas, pero la crisis climática cambió la agenda. En ese escenario, el Gobierno se ha puesto de costadito, escondido detrás de un poste de luz, pensando que va a pasar “piola”, pero estoy convencido de que eso es solamente temporal.
—¿Y cree que el Gobierno, efectivamente, pueda pasar “piola”?
—Mi impresión es que todos han entrado en un escenario de elecciones en el 2026. No es información de Palacio, sino de amigos de ministerios que me cuentan que están pensando ya en el 2026. Un símbolo de eso es la aprobación de la política general de Gobierno. Es como decir “tengo horizonte” para aprobar una política propia y deshacerse de la que aprobó Pedro Castillo. Es decir, creen que van a poder superar los 40 meses que faltan para un eventual cambio de mando en el 2026.
—¿Lo cree posible?
—No creo que tengamos capacidades institucionales ni condiciones de gobernabilidad para sobrevivir en convivencia democrática por 40 meses sin que pase nada. Veo muy difícil que Dina Boluarte pueda recorrer los 40 meses que faltan para julio del 2026. Además, se seguirá jalando la pita de cosas que están saliendo, como lo de Henry Shimabukuro. Se le escucha insegura a la presidenta Boluarte, como tratando de convencer a los oyentes de que dice la verdad. No quiero opinar sobre su integridad, no tengo elementos para hacerme una opinión, pero hay una presión mediática que no va a decaer.
—¿Considera que las protestas recuperarán su fuerza?
—En cualquier momento pueden volver a encenderse. Después de una aparente calma, la tormenta puede venir más fuerte. Es que las causas de fondo que explican las protestas son el hartazgo y el descreimiento de lo que se puede esperar del Estado y de los representantes políticos. Hay un doble plano. La prueba es que los congresistas no pueden ir a sus regiones. Sé que hay enviados de la Secretaría de Diálogo que, con la mejor voluntad, han ido a Puno para tratar de reconstruir una relación con los alcaldes vía ofrecimiento de proyectos. Pero el problema es que eso la gente ya no cree. La desconfianza y el rechazo a las respuestas que puede ofrecer el Ejecutivo en servicios e inversión pública no resuelven las causas, y en la medida que eso pase pueden volver a estallar en cualquier momento. Y si no estallaran, nos arriesgamos a una polarización mayor para las elecciones siguientes. Por eso me parece de una gran irresponsabilidad no adelantar las elecciones. Y esa responsabilidad es del Congreso y en cierto modo del Ejecutivo por no haberlo presionado más.
—Otro problema, quizás, es que si solo se ofrecen servicios o proyectos, se obvia una parte clave de la plataforma de las protestas: representación.
—Se pide representación política y respuesta efectiva del Estado. Y este ha dado cada vez menos respuestas efectivas a esa gente que no ha sido incluida en el crecimiento económico entre el 2004 y 2014. Esa gente fue expulsada a las actividades ilegales e informales. Muchos pensaron que Pedro Castillo podría ser una respuesta, una opción, pero terminó siendo una frustración más. La gente no cree.
—¿Cómo se puede volver a ganar esa confianza?
—Con un Estado que empiece a dar muestras de que se responde a las expectativas de las personas. Lo primero que debió hacerse fue escuchar las demandas y dar alguna respuesta; por ejemplo, pagar la factura política por los muertos, en Huamanga sobre todo. Se debió haber ofrecido una explicación plausible de la respuesta excesiva del Estado. Eso no llegará de la Fiscalía, y si pasa, será tarde. Cada vez hay más voces internacionales que reclaman una explicación. Es más. La presidenta nunca fue capaz de ofrecer como alternativa la cabeza del ministro de Defensa cuando ocurrió lo de Huamanga. No. Pasó a ser premier.
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—A estas alturas, cualquier cambio sería extemporáneo.
—Exacto. A estas alturas ya no hay mucho argumento, salvo que el Gobierno recibiera una demanda mucho más contundente de una voz internacional. Por ejemplo, si las Naciones Unidas deciden levantar más su voz, le podrían dar una oportunidad a Dina Boluarte.
—¿De hacer cambios?
Así es. Y nombrar a un premier que le dé más oxígeno a su Gobierno y que ofrezca un discurso distinto, quizás con una comisión independiente que ofrezca una investigación cualitativa, no tanto penal, para dar respuestas a las familias y procesar en democracia lo ocurrido.
