Fuerza Popular apoyó la aprobación de 36 leyes que provocarán un gasto de más de S/100 mil millones
El Tribunal Constitucional le quitó al Congreso la iniciativa de gasto público y revirtió el criterio que usó desde 2022 para avalar normas como las que impulsó la bancada fujimorista.
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La bancada de Fuerza Popular en el Congreso respaldó, durante este quinquenio, al menos 36 leyes que el Consejo Fiscal observó por su impacto en las cuentas del Estado. Una investigación de OjoPúblico reveló que 16 de esas normas tienen un costo fiscal de S/110.594 millones. La cifra triplica el presupuesto que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) asignó este año a los sectores educación y salud juntos. El hallazgo contrasta con el discurso de campaña de Keiko Fujimori, quien prometió un manejo austero de la economía si llegaba al gobierno.
Entre las normas con mayor costo se encuentran el incremento de pensiones para el personal militar y policial, con S/14.851 millones, y la bonificación especial por preparación de clases para maestros, que exige S/40.561 millones. Los 20 congresistas de la bancada votaron a favor de ambas leyes pese a que el Consejo Fiscal advirtió que no existía respaldo financiero claro para cubrirlas a mediano plazo.
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Diez de los congresistas que respaldaron estas normas fueron reelegidos para el nuevo Congreso bicameral. Entre ellos están Patricia Juárez, Martha Moyano y Alejandro Aguinaga, quienes ahora ocuparán un escaño en el Senado. Los 10 votaron a favor de 35 de las 36 leyes observadas, según el conteo de OjoPúblico.
El debate sobre el gasto legislativo tomó un nuevo giro esta semana. El Tribunal Constitucional (TC) le quitó al Congreso la capacidad de promover leyes que generen gasto público sin coordinación previa con el MEF. La decisión revierte el criterio que el propio tribunal fijó en 2022, cuando abrió la puerta para que los parlamentarios aprobaran este tipo de iniciativas.
Las leyes que más comprometen el presupuesto
La Ley 3234, conocida como Ley Chlimper 2.0, amplía por 10 años los beneficios tributarios de las grandes empresas agroexportadoras. Esa exoneración le costará al fisco S/1.888 millones cada año, de acuerdo con cifras del MEF. Fuerza Popular votó a favor de su aprobación.
Otra norma cuestionada es la Ley 31556, que redujo el pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) para restaurantes y hoteles. Entre 2022 y 2024, esta ley le hizo perder al Estado más de S/1.409 millones en recaudación, según un informe previo de OjoPúblico.
Solo entre el 5 y el 19 de marzo de este año, en plena campaña electoral, los congresistas fujimoristas votaron ocho leyes adicionales con impacto fiscal. Cuatro de ellas —entre pensiones militares, CTS para trabajadores CAS y bonificaciones para veteranos— suman un costo de más de S/18.000 millones, según un reporte del Consejo Fiscal publicado el 26 de marzo.
El giro del Tribunal Constitucional
El fallo del TC nació de una demanda de inconstitucionalidad que el Poder Ejecutivo de Dina Boluarte presentó en 2023 contra la Ley 31232. Esa norma declaraba en emergencia la reubicación de pobladores de la zona baja de Belén, en Loreto, y obligaba al Ministerio de Vivienda a construir casas y ejecutar obras sin que existiera presupuesto asignado para eso. La demanda quedó pendiente dos años y medio.
El pasado 10 de julio, el tribunal declaró fundada la demanda. A partir de ahora, cualquier proyecto de ley que implique un gasto adicional para el Estado deberá coordinarse con el MEF y señalar de forma expresa cuál será la fuente de financiamiento. La votación quedó en cinco contra dos: los magistrados Domínguez Haro, Morales Saravia, Gutiérrez Ticse, Ochoa Cardich y Hernández Chávez respaldaron el cambio, mientras que Luz Pacheco Zerga y Manuel Monteagudo Valdez votaron en contra.
Pacheco sostuvo que el artículo 79 de la Constitución ya prohibía sin excepciones la iniciativa de gasto de los congresistas, y que el problema real está en que el Ejecutivo no traduce sus políticas públicas en un presupuesto sólido. El fallo aplica hacia adelante, para el próximo Congreso bicameral, y también abre la puerta a que leyes ya vigentes sean cuestionadas por inconstitucionalidad.
Especialistas señalan que el fallo llega en medio de un "tsunami" fiscal
El presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, también exministro de Economía y Finanzas, celebró la decisión del TC en declaraciones a La República. Dijo que el fallo mejora las condiciones para un manejo prudente de las finanzas públicas y que, de ahora en adelante, el Parlamento no podrá actuar de manera autónoma en materia de gasto.
Días antes, en entrevista con RPP, ya había advertido sobre un "tsunami" de gastos sin financiamiento que reducirá al mínimo el margen de maniobra del próximo gobierno. En esa misma entrevista cuestionó un crédito suplementario cercano a S/10.000 millones —casi el 1% del PBI— por ser el mayor incremento de gasto público de los últimos años.
El economista Armando Mendoza, uno de los especialistas que consultó OjoPúblico para su investigación sobre las 36 leyes, ya advertía sobre el riesgo de estas normas antes de que se conociera el fallo del TC. Según su lectura, el equilibrio fiscal del país quedó comprometido por normas que generan gasto recurrente —como sueldos y pensiones— que ningún gobierno puede recortar con facilidad sin generar conflictos políticos y legales.
Las voces que cuestionan la coherencia del TC
La congresista Ruth Luque publicó en su cuenta de X que el tribunal validó la iniciativa de gasto del Congreso cuando el fujimorismo concentraba su poder en el Parlamento, y que ahora que ese poder pasó al Ejecutivo, el mismo TC sostiene el criterio contrario. Para Luque, la regla no responde a una lectura estable de la Constitución sino a la conveniencia política del momento.
El economista Pedro Francke, también en X, fue más allá en su cuestionamiento. Recordó que el mismo tribunal le dio la potestad de gasto al Congreso en 2022, cuando el fujimorismo tenía mayoría parlamentaria, y advirtió que si en 2031 el fujimorismo pierde la presidencia pero conserva una bancada fuerte en el Congreso, nada impediría que el TC vuelva a cambiar de posición. También anticipó que el Ejecutivo recurrirá a decretos de urgencia y delegaciones legislativas para gastar sin pasar por el Parlamento en lo que resta del año.
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La periodista y abogada Rosa María Palacios cuestionó en una columna de opinión el fondo jurídico del cambio de criterio. Citó el texto del artículo 79 de la Constitución, que establece que "los representantes ante el Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto", y sostuvo que la interpretación de 2022 contradecía ese texto sin ambigüedad.
Palacios recordó que el propio equipo económico de Keiko Fujimori advirtió sobre el riesgo del gasto congresal antes de las elecciones. El economista Luis Carranza, uno de sus asesores, repitió en entrevistas que el Congreso no podía seguir el ritmo de aprobaciones sin control. Según la columnista, la candidata retomó ese discurso en campaña recién después de que su propia bancada respaldara buena parte de las leyes que generaron el hueco fiscal.
La columna también vincula el fallo con las iniciativas para exculpar a policías y militares por delitos cometidos en el pasado, y con el recorte al financiamiento para defensa legal gratuita conocido como Ley APCI. Palacios planteó que el nuevo Senado podría usar este viraje del TC como argumento para remover a sus magistrados, aunque para eso necesitaría reunir 40 votos antes de mayo del próximo año, cuando vence el mandato del tribunal actual.
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Lo que le espera al próximo gobierno
Según reveló OjoPúblico, el propio Congreso incrementó sus recursos durante esta gestión. Bajo la presidencia interina de Fernando Rospigliosi, cercano al entorno de Keiko Fujimori, el presupuesto de la institución superó el tope de 0,6% del presupuesto general que la propia reforma constitucional había fijado en 2024. Hoy equivale al 0,7%, una diferencia de S/223 millones.
La misma investigación recoge que Keiko Fujimori pidió durante su campaña que los magistrados del TC —elegidos con apoyo de su bancada— revisen la resolución de 2022 que permitió las leyes de gasto. El fallo reciente coincide con ese pedido, aunque ninguna de las dos investigaciones periodísticas revisadas confirma una relación directa entre ambos hechos.
El abogado constitucionalista Heber Joel Campos, consultado por OjoPúblico, explicó que revertir leyes ya aprobadas solo será posible mediante demandas de inconstitucionalidad, presentadas una por una. Hasta que el TC no las invalide o el Congreso no las derogue, las normas seguirán vigentes. En esa misma nota, el economista Mendoza advirtió que, si el próximo gobierno no corrige el rumbo, el país podría enfrentar una crisis fiscal similar a la de los años ochenta, cuando el Estado dejó de pagar incluso a quienes recaudaban los impuestos.
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