Familiares de víctimas de la violencia política rechazan próximo gobierno de Fujimori: "No queremos volver a vivir esa historia"

Cada jueves, frente al Palacio de Justicia, familiares de víctimas de la violencia ocurrida en las décadas de 1980 y 1990, así como de las recientes protestas sociales, se congregan para exigir lo mismo que reclaman desde hace años: verdad y justicia.

Los deudos no solo recordaron a sus familiares, sino que también expresaron su preocupación ante un eventual gobierno de Keiko Fujimori, al que asocian con un posible retroceso en los procesos judiciales y en la búsqueda de desaparecidos.

"Nos sentimos amenazados… sería volver a lo mismo, a la impunidad", advirtieron durante la jornada. Entre pancartas y fotografías, insistieron en que esperan del próximo gobierno un compromiso real con los derechos humanos, el fortalecimiento de las investigaciones fiscales y la continuidad de las búsquedas en fosas clandestinas que, según denuncian, hoy se encuentran paralizadas.

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Cantuta: una herida abierta

Gisela Ortiz carga con la historia de su hermano, Luis Enrique Ortiz, estudiante de Educación Física en La Cantuta, desaparecido en 1992. "Era muy solidario, siempre dispuesto a ayudar. Prestaba su ropa a compañeros que no tenían. Era muy bueno", recuerda.

Tenía 21 años cuando fue detenido durante una intervención militar en la universidad. Su familia pensó que sería una detención más, pero nunca regresó.

Meses después, un testimonio anónimo reveló lo ocurrido: había sido ejecutado por el grupo Colina. Desde entonces, la búsqueda no ha terminado.

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La deuda pendiente del Estado

Han pasado más de 30 años y, para los familiares, la justicia sigue incompleta.

"No hay presupuesto", cuestiona Ortiz, en referencia a la paralización de las búsquedas en zonas como Cieneguilla, donde se presume que existen fosas clandestinas.

Justicia a medias

Angélica Cantoral Huamaní también llegó al plantón con una historia marcada por la violencia. Su hermano Saúl Huamani, dirigente minero, fue asesinado en 1989. "Fue horrible. Sentí que nos enterraron en vida", recuerda.

Pero lo que más la indigna no es solo la pérdida, sino lo que vino después. A pesar de que el caso tiene sentencia, asegura que la justicia nunca se concretó.

"Hay sentencia, pero no hay justicia. Ninguno está preso", reclama.

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Del pasado al presente

En el plantón también participan familiares de víctimas de hechos recientes, cuyos casos aún se encuentran en investigación, como el padre de Inti Sotelo, Salvador Sotelo, uno de los jóvenes fallecidos durante las protestas de noviembre de 2020.

Lo recuerda como un joven activo, con sueños y proyectos. La última vez que hablaron, su hijo le pidió que no fuera a la marcha. Horas después, lo encontró en el hospital.

"Lo encontré caliente, ensangrentado… traté de reanimarlo, pero ya no se podía hacer nada", relata. El proceso judicial, dice, avanza lentamente, lo que alimenta el temor de que el caso quede impune.

A este reclamo también se suma Marta Flores, esposa del dirigente sindical Pedro Huilca, asesinado en 1992. Lo recuerda como "un gran hombre, un luchador social" que dedicó su vida a la defensa de los trabajadores desde la construcción civil y la CGTP. Su liderazgo —dice— no se medía en cargos, sino en el respaldo constante de quienes lo elegían.

Su asesinato, ocurrido en la puerta de su casa y a plena luz del día, no fue un hecho aislado. "Era algo preparado, premeditado", afirma, al señalar que existían documentos que evidenciaban un plan ejecutado por el grupo Colina.

Más de tres décadas después, su testimonio también está atravesado por la desconfianza hacia el futuro político. "Esperar algo de la señora Keiko es lo mismo o peor que su padre", sostiene con firmeza.

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Temor a la impunidad frente a un gobierno de Keiko Fujimori

El rechazo a un eventual gobierno de Keiko Fujimori también se expresó con firmeza durante el plantón. "No la reconocemos, no nos representa", dijo una de las familiares, visiblemente afectada, al recordar que sus seres queridos aún no han obtenido justicia. Para ellos, la posibilidad de un cambio político no es solo un escenario electoral, sino una amenaza directa a los avances logrados tras años de lucha.

"Sería volver a lo mismo, a la muerte, a la impunidad", advirtieron. Los deudos insistieron en que no permitirán retrocesos ni decisiones que puedan beneficiar a responsables de violaciones a los derechos humanos. "Ya esperamos más de 30 años, no vamos a aceptar que todo quede en nada", remarcaron, exigiendo garantías claras de que los procesos continuarán y que el Estado no les dará la espalda una vez más.