Nadie está por encima de la ley: Intervienen a 5 policías y a una fiscal en Nasca y Piura
Oficial y cuatro efectivos son investigados por un presunto esquema de corrupción vinculado con la desaparición de 200 cajas con whisky que permanecían bajo custodia policial tras una intervención. En tanto, una magistrada fue intervenida por obstaculizar una intervención policial realizada a un conductor ebrio.
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Un capitán de la Policía Nacional y cuatro suboficiales de esa institución permanecen detenidos en medio de una investigación que apunta a un presunto esquema de corrupción vinculado con la desaparición de 200 cajas con botellas de licor de alto valor que permanecían bajo custodia policial tras una intervención.
Los cinco efectivos fueron intervenidos por agentes de la Dirección Contra la Corrupción de la PNP y del Ministerio Público. Ellos son investigados por el presunto delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial.
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Las autoridades allanaron las viviendas de los investigados, así como la sede del Departamento de Protección de Carreteras de Nasca. En las diligencias se incautaron equipos electrónicos, documentos y otros elementos de interés para la indagación.
Trascendió que parte de un cargamento de whisky de contrabando intervenido por la Policía en marzo del 2026 iba en un vehículo que transportaba 400 cajas de licor, pero en el informe oficial únicamente se registró la incautación de 200 cajas.
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Así, la Dirección Contra la Corrupción intervino al capitán PNP Elmer Huamán Quispe, jefe de la POLCAR Nasca; al suboficial técnico de tercera Teófilo Martín Sedano Tisoc; a los suboficiales de primera Héctor Williams Spencer Campos Vera y Jesús Echegaray Cajamarca, y al suboficial de segunda Jhosep Salomón Fuentes.
La intervención se realizó en cumplimiento de las resoluciones judiciales N.° 01 y 02, emitidas por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Nasca, y se desarrolló de manera simultánea en las ciudades de Nasca, Ica y Lima.
Uno de los magistrados confirmó a La República que, como parte de las diligencias, las autoridades ejecutaron allanamientos en la sede de la DESDPC Nasca y en un inmueble ubicado en el distrito de San José de Los Molinos, en Ica, con el fin de recabar elementos de convicción relacionados con la investigación.
El operativo fue dirigido por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios Públicos de Ica, con el apoyo de unidades especializadas de la PNP. Los detenidos fueron trasladados a la sede de la DIRCOCOR PNP Ica, donde continuarán las diligencias correspondientes.
Las autoridades precisaron que la detención preliminar forma parte de una investigación en curso y que la responsabilidad penal de los intervenidos será determinada por las instancias judiciales competentes.
PRINCIPIO DE AUTORIDAD
Sobre la detención de una magistrada, el comando de la PNP informó que se intervino y detuvo a la fiscal adjunta provincial del Distrito Fiscal de Castilla-Piura, J. Y. L. F. (41), por su presunta participación en el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, luego de que presuntamente obstaculizara una intervención policial realizada a un conductor que presentaba aparentes signos de haber ingerido bebidas alcohólicas.
De acuerdo con las diligencias preliminares, la intervenida habría desacatado las disposiciones impartidas por el personal policial e invocado su condición de fiscal para exigir el cese del procedimiento, profiriendo además expresiones intimidatorias contra los efectivos policiales.
Asimismo, durante las actuaciones desarrolladas en la dependencia policial, la investigada habría agredido físicamente al personal interviniente, hechos que fueron registrados conforme al procedimiento legal y que han sido ampliamente difundidos en diversos espacios públicos y redes sociales. Estos forman parte de las investigaciones correspondientes.
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La actuación policial se desarrolló en estricto cumplimiento de la Constitución, la normativa vigente y los protocolos institucionales, con garantía en todo momento del respeto de los derechos fundamentales y del debido proceso.
El comando de la PNP reafirmó que el principio de autoridad constituye uno de los pilares del Estado de Derecho. “Ningún cargo, función o investidura pública otorga privilegios para impedir una intervención legal ni justifica actos de violencia o agresión contra quienes cumplen con hacer respetar la ley”, aseguraron a través de un pronunciamiento.
DENUNCIAS
Si tienes información relacionada con hechos delictivos, comunícate de inmediato a la Línea 105 o denuncia de manera anónima a la Central Única de Denuncias 1818.
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