Congreso archiva otra denuncia contra Dina Boluarte por muertes en protestas tras anunciar respaldo a Keiko Fujimori
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró improcedente la denuncia contra Dina Boluarte y sus exministros por las muertes ocurridas durante las protestas de 2022 y 2023.
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La Comisión Permanente del Congreso archivó definitivamente la denuncia contra Dina Boluarte por las muertes durante las protestas de 2022 y 2023, luego de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) declarara improcedente el informe en su contra porque anteriormente se rechazó una acusación por el mismo caso.
La medida buscaba abrir una investigación contra la mandataria por las decenas de muertes y cientos de heridos registrados durante las manifestaciones sociales que sacudieron el país tras la vacancia del expresidente Pedro Castillo.
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La denuncia había sido formulada por la entonces fiscal de la Nación, Delia Espinoza, quien acusaba formalmente a Boluarte Zegarra por la presunta comisión de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, bajo las modalidades de lesiones graves y dolo eventual por violación de derechos humanos.
La tesis fiscal señala que existió una omisión de funciones al no frenar el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los contingentes policiales y militares.
El sustento tras el blindaje
El motivo principal del Congreso para rechazar de plano la acusación penal se basó en que no se puede presentar una denuncia dos veces en un mismo año si se trata del mismo caso.
“(…) al haber sido interpuesta en el mismo periodo anual de sesiones en la que se archivó las denuncias constitucionales 425 y 509 que versan sobre los mismos hechos y los mismos postulados jurídicos; recomendando su archivo”.
En esa línea, la Comisión Permanente recordó que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) ya había evaluado y archivado previamente otras dos denuncias similares.
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Estos expedientes abordaban la situación de las víctimas de las regiones de Puno, Ayacucho, Apurímac y Cusco. Además, se utilizaron los mismos argumentos legales. Por ende, al considerar que la nueva acusación fiscal era una reiteración de lo ya resuelto, quedó descartada de forma automática.
La República dialogó con Tania Pariona, excongresista y secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), quien cuestionó la decisión. Según dijo, el hecho de que existieran casos previos rechazados no justifica el bloqueo de la justicia.
Sobre el tema, advirtió que el Congreso está ignorando los estándares internacionales y estaría actuando bajo una alianza de intereses con el Ejecutivo.
“Aquí se está atentando contra el derecho internacional de los derechos humanos que obliga al Estado peruano a investigar de manera seria, imparcial, de forma independiente y efectiva”, alertó. La representante de la CNDDHH calificó como una arbitrariedad el archivamiento “express” del caso.
“Esto es un pago de favores porque la señora Boluarte en ese periodo ha sostenido este Parlamento. Hoy, este Congreso le está pagando un favor y le está retribuyendo porque el gobierno y el Parlamento finalmente han actuado en alianza”.
El archivamiento de la Comisión Permanente
Al respecto, el congresista Ilich López (Acción Popular) explicó que cuando un informe llega desde la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales con carácter de improcedencia, no se abre un nuevo debate sobre el fondo del asunto.
"La Comisión Permanente no toma una postura política directa, sino que el expediente sube estrictamente para su conocimiento formal. Se ha comunicado formalmente a la Comisión Permanente que los casos han sido archivados. Por ende, normativamente no corresponde a la Comisión volver a pronunciarse o votar al respecto", precisó López.
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El legislador aclaró que el escenario hubiera sido opuesto si la Subcomisión hubiera hallado indicios mínimos para iniciar la investigación.
"Si el informe hubiera concluido en continuar con la denuncia y declararla procedente, allí sí se hubiera debatido y votado de forma abierta en el pleno de la Comisión Permanente", apuntó.
Los altos funcionarios que se libran de la acusación
La medida del Congreso no solo favorece a Boluarte también se vieron beneficiados sus exministros Pedro Miguel Angulo Arana, Luis Alberto Otárola Peñaranda, César Cervantes Cárdenas, Víctor Eduardo Rojas Herrera, Vicente Romero Fernández y Jorge Luis Chávez Cresta, quienes se desempeñaron en los ministerios de Defensa e Interior.
“Es un grave mensaje para las víctimas, las familias y para la sociedad en su conjunto, porque esto debilita todo esfuerzo que se hace para garantizar el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación. Hay por lo menos cuatro informes internacionales que dan cuenta de las masacres, como tal, ocurridas en el caso de Ayacucho y Puno. El mensaje que ellos están dando es que quieren conseguir impunidad y favorecer a su entorno inmediato, a quienes ellos consideran los inocentes héroes que cumplieron con su labor”, cuestionó Pariona.
Las protestas de 2022-2023
Es necesario recordar que las protestas sociales en Perú estallaron el 7 de diciembre de 2022, después de la vacancia del expresidente Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte como presidenta.
Las demandas ciudadanas exigían el adelanto de elecciones generales, el cierre del Congreso y la renuncia de la nueva presidenta. Sin embargo, Boluarte se negó a escuchar los pedidos de la población.
En ese contexto, la represión estatal provocó, según organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional, la muerte de unas 50 personas en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden, además de cientos de heridos por impactos de perdigones y balas de armas de fuego.
Las regiones más afectadas fueron Ayacucho y Puno, donde se registró la mayor cantidad de víctimas. La CIDH llegó a calificar en su informe final que hubo "masacres" y violaciones graves a los derechos humanos.
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La responsabilidad de las masacres
Sobre las responsabilidades políticas, personajes fujimoristas defienden la inocencia de Boluarte frente a las masacres.
Fernando Rospigliosi, actual presidente del Congreso y senador virtual por Fuerza Popular, libró de culpa a la expresidenta. “Solo hizo lo que tenía que hacer y además ella no tiene ninguna responsabilidad personal”, señaló durante una entrevista.
Luis Galarreta, secretario del partido Fuerza Popular y candidato a la vicepresidencia de la República, también expresó que Dina Boluarte no es responsable de los fallecimientos.
“Yo soy políticamente incorrecto (…) Ella no manda a matar, ni ningún jefe de las Fuerzas Armadas mandan a matar a la gente”. Además, sobre la denuncia constitucional, declaró que no debería ser usada “para cargarle la mano a una persona que no está en el área de operación”, señaló Galarreta para RPP.
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