Rospigliosi promulga ley de impunidad para que policías y militares no sean procesados por la justicia ordinaria

La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tendrán su propio tribunal cuando sean procesados por delitos comunes.

Ayer, el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, promulgó por insistencia la ley que establece que las investigaciones contra policías y militares serán competencia exclusiva del fuero militar policial, y no de la justicia ordinaria.

Se dispuso, además, que los jueces de la jurisdicción archiven investigaciones cuando corroboren que ya son materia de investigación en el fuero militar-policial.

La iniciativa fue aprobada por el Congreso el 23 de junio. Con ello, el presidente José María Balcázar disponía de 15 días hábiles para observar la ley; sin embargo, este periodo concluyó el último viernes 19, por lo que Rospigliosi cumplió su palabra y promulgó la norma por insistencia.

Al respecto, Ruth Luque, congresista y senadora electa de Ahora Nación, alertó que el silencio de Balcázar provocó la promulgación de esta norma. Según dijo, la falta de interés del mandatario responde a que no quiere no quiere problemas con el fujimorismo.

“Balcázar ha decidido agachar la cabeza al fujimorismo y no observar la autógrafa que amplia la justicia militar policial y que distorsiona los delitos de función para dejar impune delitos de agentes que violan Derechos Humanos. Al menos así se muestra de la información oficial. La ley Rospigliosi es inconstitucional y nos recuerda la dictadura fujimorista de los noventa”, sostuvo.

La norma señala que “para el personal de las Fuerzas Armadas se considera delito de función toda conducta ilícita que se cometa durante acciones militares para el mantenimiento o restablecimiento del orden interno y en el cumplimiento de otras funciones legalmente establecidas, en el marco de un estado de emergencia”.

En tanto, para los miembros de la PNP, “se considera delito de función toda conducta ilícita que se cometa en el cumplimiento de su finalidad fundamental y de sus funciones y atribuciones de prevención e investigación del delito, de control de identidad, de inteligencia, de fiscalización el cumplimiento de las normas de tránsito, de seguridad personal, domiciliaria y de instalaciones, de vigilancia y control de fronteras, de práctica y emisión de peritajes oficiales de criminalística”. cuestionamientos.

La referida ley se promulga en un contexto en el que la PNP viene siendo criticada por presuntos actos de abuso de autoridad.

Precisamente, el Ministerio Público acaba de iniciar una investigación contra el agente PNP, Luis Nazario, por la muerte de un niño de ocho años durante una intervención policial en el distrito de Huacho (Lima). La tragedia sucedió durante una intervención policial a una mototaxi donde el niño y su madre eran pasajeros.

Antes de ello, el 29 de junio último, el abogado Danilo Vargas Ccoya terminó con graves lesiones en el rostro y cuerpo tras ser agredido en el interior de una comisaria en Puno, lugar al que acudió a presentar una denuncia. El caso también lo investiga la Fiscalía.

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, promulgó la ley fujimorista que blinda a policías y militares al ordenar que solo sean investigados en el fuero militar policial y no en la justicia ordinaria. Esto debido a que José Balcázar no observó ni promulgó la norma dentro del plazo constitucional.

Ruth Luque, congresista y senadora electa de Ahora Nación, ya había alertado que el silencio del mandatario provocaría la promulgación de la norma.

“Todo indica que Balcázar ha decidido agachar la cabeza al fujimorismo y no observar la autógrafa que amplia la justicia militar policial y que distorsiona los delitos de función para dejar impune delitos de agentes que violan Derechos Humanos. Al menos así se muestra de la información oficial. La ley Rospigliosi es inconstitucional y nos recuerda la dictadura fujimorista de los noventa”, escribió en sus redes sociales.

La norma señala que “para el personal de las Fuerzas Armadas se considera delito de función toda conducta ilícita que se cometa durante acciones militares para el mantenimiento o restablecimiento del orden interno y en el cumplimiento de otras funciones legalmente establecidas, en el marco de un estado de emergencia”.

“Poder Judicial tiene la obligación de inaplicar la ley”

La expresidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Julissa Mantilla, dijo que el Poder Judicial tiene la obligación de inaplicar una norma que va contra la Constitución y las obligaciones internacionales del Estado, honrando sus funciones pese a las represalias que jueces y juezas decentes vienen enfrentando precisamente por Fernando Rospigliosi y la bancada de Fuerza Popular.

La especialista en Derechos Humanos mencionó que se debe tener siempre presente que, “mientras algunos pasarán a la historia dejando un honroso legado de defensa de la Constitución y el Estado de Derecho, otros serán recordados por extender la alfombra roja de la impunidad, la que cubre los principios y valores que alguna vez dijeron tener, para que sobre ella camine con tacón alto”