ONPE entregó contrato de S/2.3 millones a Gálaga, pese a alerta de presunta corrupción
Cuarto Poder reveló que la ONPE adjudicó el servicio de traslado de material electoral a Gálaga semanas después de recibir una advertencia formal sobre posibles irregularidades en sus contrataciones.
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La ONPE otorgó el contrato de S/2,3 millones a la empresa Gálaga para el traslado del material electoral en la jornada del 12 de abril, pese a haber recibido el 11 de febrero una alerta escrita que advertía sobre presuntos actos de corrupción en sus procesos. La comunicación, enviada por la empresa AFE, competidora de Gálaga en el proceso, señalaba posibles filtraciones de información y riesgos en el uso de recursos públicos en el marco de las elecciones 2026.
Según el reportaje de Cuarto Poder, el documento fue dirigido al jefe de la entidad, Piero Corvetto. La alerta advertía que ciertas decisiones en logística electoral podían favorecer a un proveedor. A pesar de ello, la empresa Servicios Generales Gálaga S.A.C. continuó participando y obtuvo la buena pro en un proceso posterior.
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El contrato observado corresponde al servicio de despliegue de material electoral e informática. La adjudicación alcanzó S/2,3 millones. Lo que llamó la atención es que Gálaga ganó con la propuesta más cara. Superó por casi medio millón de soles a otro postor. Especialistas en contrataciones públicas calificaron el proceso como 'atípico'.
Este caso antecede al contrato de S/6 millones que hoy investiga el Ministerio Público. Ambos procesos se dieron en el mismo contexto electoral. Las decisiones adoptadas dentro de la ONPE han sido cuestionadas por el impacto que tuvieron en la organización de las elecciones 2026.
Proceso bajo cuestionamientos y consecuencias en la jornada electoral
La investigación periodística señala que las reglas del concurso habrían sido modificadas para reducir la competencia. A otros postores se les exigieron condiciones técnicas más estrictas. En el caso de Gálaga, algunos requisitos se habrían flexibilizado. Esto permitió que la empresa se acercara al monto máximo previsto por la entidad.
El Ministerio Público involucra en su investigación a funcionarios del área de contrataciones. Entre ellos figura Lilia Flores Bancho, vinculada a los procesos logísticos. La hipótesis fiscal apunta a que se habrían facilitado condiciones para asegurar la adjudicación. El abogado penalista Walter Palomino sostuvo en el reportaje que este tipo de patrones puede ser indicio de colusión.
Las consecuencias se reflejaron el día de la votación. Se registraron retrasos en la apertura de mesas y problemas en la distribución de material electoral, por lo que miles de ciudadanos se vieron afectados.
