Elecciones del 12 de abril se desarrollaron entre falta de material electoral y campaña contra Piero Corvetto

Todo proceso electoral peruano ha registrado largas filas y demoras en la instalación de mesas de sufragio; sin embargo, lo que sucedió el domingo 12 de abril resultó en la apertura de una investigación contra altos funcionarios de la ONPE y cuestionamientos contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), instituciones a cargo del proceso.

La jornada electoral estaba programada para iniciar a las 7.00 a. m. y terminar a las 5.00 p. m. En la práctica, eso no se cumplió. Desde temprano, decenas de ciudadanos reportaron demoras en la apertura de sus mesas de sufragio.

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Lo que parecía una queja típica de anteriores elecciones se transformó en una preocupación nacional cuando la ONPE reconoció que había un retraso en el traslado del material electoral a los locales de votación, sobre todo, en los ubicados en la zona sur de Lima.

Según su comunicado, se trataba de 75 instituciones educativas situadas en Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, las cuales se afectaron ante un “incumplimiento” de la empresa Servicios Generales Galaga.

Ante esto, la institución aplicó un plan de contingencia que consistió en ampliar la apertura de mesas hasta las 2.00 p. m. y del horario de votación hasta las 6.00 p. m. a nivel nacional, pero aun así algunos centros de votación decidieron cerrar por falta de material.

Por la tarde, el JNE anunció que más de 15 centros de votación en Lima no pudieron instalarse (211 mesas), dejando sin votar a 63.300 electores. Para remediar ello, ampliaron el horario de votación hasta las 6.00 p. m. del lunes 13 de abril en aquellos lugares donde las personas no pudieron sufragar.

Horas antes, cuando la ONPE dio a conocer que más de 60.000 electores se quedaron sin votar, Keiko Fujimori exigió una votación complementaria.

“Las fallas logísticas y los locales que no abrieron de ninguna manera pueden afectar el derecho de los ciudadanos a cumplir con su voto. Esto no es acerca de una multa, sino del derecho a votar”, expresó en un pronunciamiento ante la prensa donde estuvo acompañada de Luis Galarreta y Miguel Torres Morales, del comité ejecutivo de Fuerza Popular.

Denuncias contra Piero Corvetto y otros altos cargos de la ONPE

Por su parte, Rafael López Aliaga atribuyó responsabilidad directa al jefe de ONPE, Piero Corvetto, lo denunció el mismo 12 de abril y exigió su captura inmediata.

De igual forma, ese día, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) anunció que solicitará al pleno el inicio de un proceso de investigación contra Corvetto y someter a evaluación su ratificación en el cargo.

El 13 de abril, con una decisión unánime en un pleno extraordinario, la institución inició un proceso disciplinario contra Corvetto. Solicitarán a la Dirección de Evaluación y Ratificación un informe detallado sobre el proceso de ratificación y le otorgaron 10 días para presentar sus descargos.

Por su parte, el JNE denunció penalmente a Corvetto, a otros tres trabajadores de la ONPE y al representante de la empresa Galaga por los presuntos delitos contra el derecho de sufragio, contra la administración pública (omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales) y por el delito electoral por obstaculización del normal desarrollo del acto electoral.

El recurso legal interpuesto ante la Fiscalía también alcanza al gerente de la Organización Electoral y Coordinación Regional de la ONPE, Ricardo Saavedra Mavila; al gerente de Administración, Edward Alarcón González; al exgerente de Gestión Electoral, José Samamé Blas, y al representante legal de la empresa Galaga, Juan Alvarado Pfuyo.

Samamé Blas fue detenido durante la mañana del 13 de abril tras haber presentado su carta de renuncia asumiendo su responsabilidad en estos incidentes, a pesar de que aseguró que la institución había cumplido con las acciones para la “adecuada entrega del material electoral”.

De acuerdo con la denuncia del JNE, la ONPE materializó el despliegue del material electoral a través de la oficina liderada por Alarcón González, que inició los procesos de contratación del servicio de transporte y distribución del material. El contrato fue adjudicado a la empresa Galaga, que, según la institución, no contaba con las unidades de transporte suficientes para la gestión y que, por ello, convocó en redes sociales la contratación de vehículos.

"Desde la etapa de planificación, existió una omisión en la fiscalización de la idoneidad logística de dicho proveedor, lo que constituye el antecedente directo de la quiebra del sistema de distribución observado el día de la votación", indicaron.

El escándalo por la votación también llegó al Congreso, quienes citaron al jefe de la ONPE a brindar sus descargos ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría, que preside Elvis Vergara Mendoza (bancada AP).

A la sesión asistieron funcionarios de la Contraloría General de la República y el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor. Además, fue invitado el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, quien solicitó, mediante oficio, que se reprograme su presencia.

En la sesión, Corvetto explicó que la responsabilidad recae en el área usuaria de Gestión Electoral y en la subgerencia respectiva; existe una responsabilidad administrativa y la sanción está en evaluación.

López Aliaga insiste en narrativa de fraude

Paralelamente, López Aliaga insistía que hubo fraude en el proceso electoral y convocó a un plantón frente al JNE.

Adicionalmente, el partido Renovación Popular pidió a la ciudadanía enviar evidencia sobre posibles casos de suplantación, adulteración en el conteo de votos u otras incidencias registradas en actas.

Semanas antes de la elección, el candidato ya había instaurado entre sus seguidores el supuesto fraude. Ante la demora y fallas en la entrega de material electoral potenció ese discurso y aseguró que ha perdido medio millón de votos.

Insiste con esa postura, pese a que la eurodiputada italiana de la Misión de Observadores de la UE, Annalisa Corrado, descartó la existencia de un supuesto fraude.

"En estas semanas, hemos visto un despliegue de las instituciones para que las personas pudieran llegar el día de hoy informadas, porque son votaciones bastante complejas y que el voto pueda ser informado y libre. Hemos trabajado en costa, sierra y selva. Esta mañana hemos detectado, como todos, unos problemas de retrasos, en algunos casos porque no había llegado el material, por problemas logísticos que también la ONPE ha señalado", expresó ante la prensa.

Alvaro Henzler de Transparencia descartó la existencia de un supuesto fraude. “No hemos encontrado ninguna evidencia de irregularidades mayores en estas elecciones. No se puede alegar de un fraude en mesa en este proceso. No hay evidencia para ello. Todo ha transcurrido de manera correcta en cuanto al conteo de votos y traslado de actas”, manifestó.

“Nuestros observadores a nivel nacional no han reportado ningún tipo de irregularidad. En regiones hubo una demora regular, en Lima sí tardó más y por ello el JNE extendió la votación”, agregó.

Empate técnico

Durante la noche del 12 de abril, inició el conteo público de la ONPE. Desde un inicio, Keiko Fujimori se ubicó en el primer lugar. Le seguían López Aliaga y Jorge Nieto, en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Tales resultados generaron que se hable de una eventual segunda vuelta entre Fujimori y López Aliaga o Fujimori y Nieto; sin embargo, durante el mediodía del 13 de abril, Ipsos presentó su conteo integral y arrojó un escenario totalmente diferente, pues incluía a Roberto Sánchez en un empate técnico por el segundo lugar.

La estimación de Ipsos tiene un nivel de confianza del 95%. En sus resultados, Keiko Fujimori lidera las votaciones con 17,1%. Roberto Sánchez, López Aliaga y Jorge Nieto se mantienen en un empate técnico con cifras similares. Por ello, exhortaron a la ciudadanía a mantener la calma y esperar el conteo oficial de la ONPE.

Cédulas olvidadas en Surquillo

A casi una semana de las votaciones, continúan los cuestionamientos.

La ONPE reconoció, por medio de un comunicado, que su personal olvidó 4 cajas con cédulas de votación correspondientes a cuatro mesas de sufragio que funcionaron en el distrito de Santiago de Surco (Lima) el domingo 12 de abril.

Según explicaron, el personal las dejó en la maletera del vehículo donde trasladaban las cajas.

“Luego de descargar el material electoral, el personal de nuestra institución notó que, de las 24 cajas, faltaban 4 que, por temas de espacio, se colocaron en la maletera del vehículo”, se lee.

Al ver esto, “se realizaron esfuerzos por contactar al conductor del vehículo, sin obtener respuesta”.

Aseguraron que sí se respetó la cadena de custodia antes del extravío. “Viajaron un coordinador de ONPE, un efectivo de la PNP y un fiscalizador del JNE”, indicaron.