Planes de gobierno carecen de propuestas y presupuesto para enfrentar violencia y la trata

Perú apenas cuenta con los requisitos mínimos para luchar contra el tráfico de personas: ¿qué le falta? Pese a ello, los planes de gobierno carecen de propuestas y presupuesto real para enfrentar la violencia y la trata, pese al aumento de víctimas.

CHS Alternativo ha hecho un análisis de las principales agrupaciones políticas que postulan a las Elecciones 2026 y ha identificado que no están incluyendo en sus agendas propuestas concretas para enfrentar temas críticos como la violencia, la trata de personas, la minería ilegal y otros delitos vinculados a la explotación humana.

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Y tampoco priorizan el presupuesto ni la atención de las personas afectadas por estas problemáticas.

Este un enfoque relevante para el debate público, porque pone en evidencia vacíos en propuestas sobre problemáticas que afectan especialmente a mujeres, niñas, niños y adolescentes.

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Ante esa realidad, desde CHS Alternativo han impulsado la campaña “Veedurías Mirada Ciudadana: tu voto cuenta, tu voz protege contra la explotación”, una iniciativa que promueve la participación activa y el voto informado para defender los derechos de todos.

Y es que, en 2025 se registraron 169,528 casos de violencia y más de 1,200 presuntas víctimas de trata (hasta junio), con mujeres y menores de edad como las más afectadas.

DELITOS SE ESTÁN EXPANDIENDO

Así, a puertas de un nuevo proceso electoral, el Perú enfrenta una de las crisis de inseguridad más graves de las últimas décadas. La violencia y las economías criminales, como la trata de personas, la explotación sexual, la minería ilegal y la extorsión, continúan expandiéndose y afectan de manera desproporcionada a mujeres, niñas, niños y adolescentes.

Sin embargo, los planes de gobierno de los principales candidatos a la presidencia no ofrecen respuestas claras, financiadas ni articuladas para enfrentar estos problemas urgentes, ni priorizan la protección de las personas afectadas.

DISCURSO POLÍTICO Y CAPACIDAD REAL

Así lo revela el análisis realizado por CHS Alternativo sobre las propuestas de las principales agrupaciones políticas en estas problemáticas, las cuales fueron contrastadas con la Ley n.° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026.

El análisis evidenció una profunda brecha entre el discurso político y la capacidad real del Estado para ejecutar lo prometido, así como una ausencia preocupante de un enfoque centrado en la víctima.

En el Perú, la violencia continúa en aumento. Solo en el último año, los casos registrados pasaron de 168,492 en 2024 a 169,528 en 2025, lo que representa un incremento del 0.6 %, según el Programa Warmi Ñam y los Centros de Emergencia Mujer y Familia.

Del total de víctimas registradas en 2025, el 84 % son mujeres y el 37.9 % son niñas, niños y adolescentes. Similar situación presenta la trata de personas. Según el Ministerio Público, en 2024 se registraron 2,809 presuntas víctimas y solo hasta junio de 2025 se identificaron 1,229 víctimas, siendo en su mayoría las afectadas mujeres, así como niñas, niños y adolescentes.

Pese a la evidencia, el análisis realizado por CHS Alternativo muestra que la mayoría de los planes de gobierno no coloca a las víctimas en el centro de la respuesta estatal.

Las propuestas se concentran principalmente en medidas de control y persecución del delito, sin desarrollar políticas claras de restitución de derechos, protección integral y reintegración social de las personas sobrevivientes de violencia y trata, tal como lo establece la Política Nacional frente a la Trata de Personas.

ENTORNO DIGITAL Y PRESUPUESTO

“El riesgo se agrava en el entorno digital, donde la violencia y la trata avanzan con rapidez y casi sin control. En el Perú, según una encuesta de CHS Alternativo, 5 de cada 10 niñas, niños y adolescentes han tenido contacto con personas desconocidas por Internet; el 21 % recibió solicitudes de imágenes o videos sexuales y el 39 % enfrentó estas situaciones en silencio. Pese a ello, la protección de la niñez frente a la explotación sexual en línea sigue sin ser una prioridad concreta en la mayoría de los planes de gobierno”, advirtió Ricardo Valdés, director ejecutivo de la organización.

Valdés refirió que en el tema presupuestal también hay una desconexión. Aunque para 2026 se asignaron más de S/ 6,800 millones al programa de reducción de delitos, la mayor parte corresponde a gasto corriente, como pagos de sueldos, y no a reformas estructurales, como infraestructura penitenciaria o el fortalecimiento sostenido de servicios especializados.

En tanto, en las regiones, los recursos destinados a la atención de víctimas de violencia y trata apenas alcanzan los S/ 100,000 o S/ 200,000 anuales, montos claramente insuficientes para garantizar servicios continuos y de calidad.

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“No basta con reconocer que la violencia y la trata están creciendo; si las víctimas no están en el centro de los planes y no se asignan recursos para su protección y recuperación, las propuestas se quedan en discursos que no protegen a quienes más lo necesitan. Combatir la violencia, la trata de personas y la explotación humana requiere políticas públicas integrales, coordinación entre sectores y niveles de gobierno, y una asignación de recursos acorde a la magnitud del problema”, precisó.

MIRADA CIUDADANA

En este contexto, CHS Alternativo, con el apoyo del Instituto Bicentenario, impulsa la campaña “Mirada Ciudadana: tu voto cuenta, tu voz protege contra la explotación”, que invita a la ciudadanía a informarse, cuestionar y evaluar de manera crítica las propuestas de quienes aspiran a gobernar el país.

La iniciativa, que se desarrolla en Cusco y Loreto, busca prevenir la violencia y la trata de personas, posicionar a las Veedurías Mirada Ciudadana como un puente cercano entre la ciudadanía y la defensa de la democracia y fortalecer la vigilancia durante el proceso electoral para promover un voto responsable.

“La ciudadanía debe mantenerse alerta, informarse y fiscalizar las propuestas de las y los candidatos, exigiendo respuestas claras sobre qué harán y con qué recursos enfrentarán la violencia y la trata. Mirar más allá de los slogans es una responsabilidad democrática. El país no puede permitirse un cambio de autoridades sin un cambio real en las condiciones que hoy ponen en riesgo la vida y la dignidad de miles de personas”, puntualizó Valdés.