Perú sigue empeorando en Percepción de la Corrupción: cayo del puesto 94 al 130 en los últimos cinco años
El país obtuvo 30 puntos en el índice de Percepción de la Corrupción, muy por debajo del promedio regional. La caída histórica refleja debilidad institucional, interferencia política en ONG y falta de sanciones efectivas frente a actos de corrupción.
- Gobierno de Jerí continúa sin presentan Plan Nacional de Seguridad en medio de crisis de inseguridad ciudadana
- Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia
Perú descendió del puesto 94 al 130 en el índice de Percepción de la Corrupción entre 2020 y 2025, con una puntuación de apenas 30 sobre 100. Esto lo ubica entre los países peor evaluados de la región, por debajo de la media de las Américas, que es de 42 puntos, y al nivel de naciones como Kenia, Egipto y Azerbaiyán.
El informe de Transparencia Internacional indica que esta caída refleja un retroceso estructural en las instituciones públicas y en el sistema democrático. La clasificación actual define a Perú como una “Democracia Imperfecta”, debido a la captura de organismos clave y la erosión de los controles que deberían garantizar la rendición de cuentas.
TE RECOMENDAMOS
RAFAEL LÓPEZ ALIAGA Y KEIKO FUJIMORI LIDERAN INTENCIÓN DE VOTOS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
PUEDES VER: Dictan 18 meses de prisión preventiva por corrupción para coronel, alférez y 4 suboficiales PNP
Entre los factores que explican la baja puntuación destacan la interferencia política en organizaciones de la sociedad civil, la debilidad de los sistemas de justicia y la percepción de que los recursos públicos no se utilizan con transparencia. Además, las restricciones a las ONG han limitado la fiscalización independiente del gobierno, lo que alimenta la percepción de impunidad.
PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno
La desconfianza ciudadana también influye en la percepción internacional de corrupción. El informe señala que la falta de sanciones efectivas, la politización de los procesos judiciales y los problemas en la administración pública generan un círculo vicioso: la corrupción afecta las instituciones, y las instituciones no logran frenar la corrupción.
PUEDES VER: Alférez y 2 suboficiales PNP van a prisión por robo agravado e intervención irregular a extranjeros
Los factores que explican la caída de Perú en la Percepción de la Corrupción
La caída de Perú en el índice de Percepción de la Corrupción responde a varios elementos estructurales. Uno de los puntos señalados por Transparencia Internacional es la restricción del espacio cívico. En los últimos años se han promovido normas y medidas que afectan el funcionamiento de organizaciones que fiscalizan al poder. Cuando se debilita la vigilancia independiente, se reduce la capacidad de denuncia y se deteriora la percepción de transparencia.
Otro factor clave es el debilitamiento de los contrapesos democráticos. Decisiones del Ejecutivo y del Congreso han impactado en la autonomía del Ministerio Público, el sistema judicial y otros órganos de control. Esta situación afecta la capacidad del Estado para investigar y sancionar actos de corrupción sin interferencias políticas.
La falta de sanciones firmes también influye. Procesos por soborno, colusión o desvío de fondos avanzan con lentitud o enfrentan cuestionamientos sobre su imparcialidad. Cuando la ciudadanía percibe impunidad, la confianza en las instituciones cae.
A esto se suma la opacidad en el financiamiento político. Los vacíos en el control de aportes a campañas y la debilidad de la fiscalización electoral generan dudas sobre la influencia de intereses privados en decisiones públicas. Este fenómeno impacta directamente en la imagen del Perú frente a la comunidad internacional.
PUEDES VER: Recién comienza el 2026 y ya se investiga a 3 oficiales y a 6 subalternos PNP por corrupción
Un retroceso histórico en tan solo cinco años
En 2020, Perú ocupaba el puesto 94 con un puntaje de 38, reflejando una percepción de corrupción moderada. En solo cinco años, el país cayó 36 puestos, demostrando un deterioro sostenido y estructural.
El retroceso coincide con un aumento de las restricciones a la sociedad civil y un debilitamiento de la independencia judicial. Las ONG enfrentan obstáculos legales y campañas de desprestigio que reducen su capacidad de supervisión. Transparencia Internacional enfatiza que sin vigilancia independiente, la corrupción se arraiga y se percibe con mayor intensidad a nivel internacional.
La inestabilidad política también contribuye. La desilusión con los partidos y la falta de confianza en los procesos electorales generan un círculo donde la corrupción reduce la legitimidad de las elecciones, y las elecciones no logran reforzar los mecanismos de control.
Comparado con la región, Perú se aleja del promedio de 42 puntos en las Américas. Países vecinos han logrado estabilizar sus puntajes, mientras Perú se aproxima a niveles de corrupción sistémica, situación que afecta la inversión, la confianza ciudadana y la reputación internacional del país.
PUEDES VER: Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia
José Luis Gargurevich, director de Proética: “A mayor salud democrática, mayor transparencia”
Para José Luis Gargurevich, director de Proética, la caída de Perú en el índice de Percepción de la Corrupción debe leerse en un contexto más amplio. El país descendió al puesto 130, pero la tendencia no es aislada. “El país cae en el ranking mundial, pero también seamos conscientes de que no es un fenómeno peruano. En todo el mundo la batalla contra la corrupción se ha ido perdiendo. Dos terceras partes de los 182 países están por debajo de los 50 puntos”, señaló.
El director subrayó que uno de los hallazgos centrales del informe de Transparencia Internacional es la relación directa entre democracia y transparencia. “Un dato revelador del IPC es la correlación directa que demuestran los puntajes de los países con respecto a sus sistemas democráticos. A mayor salud democrática, más puntaje en transparencia de los asuntos públicos”, explicó.
PUEDES VER: Más del 50% de ciudadanos se siente inseguro en transporte público y en restaurantes, según Imasem
En esa línea, advirtió que la corrupción no solo afecta la gestión pública, sino que erosiona el sistema democrático. “Ese vínculo que tiene la corrupción con la vulneración de la democracia es la principal amenaza que trae la impunidad a nuestras sociedades”, afirmó.
Frente a este escenario, Gargurevich sostuvo que el país necesita una estrategia clara y sostenida. “Urge en el país una hoja de ruta que nos encamine a frenar la impunidad y asegurar transparencia en las decisiones públicas”, indicó. Consideró que el eje de un próximo gobierno debe centrarse en enfrentar la corrupción política y sus vínculos con economías ilegales, flujos ilícitos y financiamiento opaco de partidos.
Además, remarcó la importancia de fortalecer la integridad en el Estado y el rol de la ciudadanía. “El poder político tiene que rendir cuentas a los ciudadanos. Para eso necesitamos un espacio cívico que recupere sonoridad y robustez, con vigilancia activa, generación de evidencias e involucramiento ciudadano en las soluciones contra la corrupción”, concluyó.
José Ugaz, expresidente de Transparencia Internacional: “El Perú está en el tercio inferior de la tabla y la justicia tiene mucho que ver”
Para el expresidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, la caída del Perú en el índice de Percepción de la Corrupción no debe analizarse solo por el puesto 130 en el ranking global, sino por el puntaje obtenido. “Más importante que el puesto es el puntaje. El Perú aparece con 30 puntos sobre 100, está en el tercio inferior de la tabla, muy malo, y ha bajado un punto con relación al año pasado”, precisó.
Ugaz sostiene que el sistema de justicia tiene una responsabilidad directa en este deterioro. Señala escándalos recurrentes, investigaciones mal conducidas y decisiones que alimentan la sensación de impunidad. “Responsables de graves delitos no son condenados o se les archivan los casos sin mayor investigación o fundamento”, afirmó. Como ejemplo, mencionó el archivo de la investigación por presunta violación sexual contra el presidente Jerí, dispuesto por el entonces Fiscal de la Nación transitorio.
El jurista también cuestionó el rol de la Contraloría y la falta de capacidades técnicas del sistema. Indicó que muchas veces se concentran en infracciones administrativas menores mientras los grandes casos avanzan sin control. “Los casos de gran corrupción requieren fiscales y jueces capacitados, tecnología como plataformas de investigación de redes o inteligencia artificial, peritos especializados. Ni la policía, ni la fiscalía ni el Poder Judicial están a la altura”, advirtió. Añadió que la Fiscalía enfrenta limitaciones presupuestales, la Policía carece de equipos adecuados y los jueces demoran meses en diligencias clave.
Sobre la politización del sistema, Ugaz fue directo. “Cuando la justicia se politiza o es penetrada por la corrupción y el crimen organizado, se desacredita y proyecta una imagen de incompetencia dentro y fuera del país”, sostuvo. Recordó que casi todos los últimos presidentes han sido investigados o condenados, lo que afecta la imagen internacional y la seguridad jurídica. A su juicio, el país necesita una reforma integral del sistema de justicia, similar a la propuesta que planteó en su momento la CERIAJUS. “No se trata de parches ni reformas exprés. Se requiere voluntad política, recursos humanos de calidad y tecnología. Hoy todo eso es escaso en el Perú”.
PUEDES VER: Fuerza Popular destinó más de S/30 mil a canal de su afiliado que postula a la Cámara de Diputados
Ollanta Humala, Martín Vizcarra y Dina Boluarte: los expresidentes con condenas por corrupción e investigaciones abiertas
El deterioro institucional que refleja el índice de Percepción de la Corrupción también tiene un correlato político evidente. Desde la década de 1990, todos los expresidentes del Perú han enfrentado procesos penales, condenas o investigaciones por delitos vinculados a corrupción, lavado de activos o abuso de poder. El caso más antiguo es el de Alberto Fujimori, condenado en 2009 a 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos y delitos asociados a su régimen. Alejandro Toledo cumple condena tras ser sentenciado por recibir sobornos de Odebrecht. Alan García se suicidó en 2019 cuando iba a ser detenido en el marco de la investigación por el mismo caso.
Las sentencias más recientes han golpeado con fuerza la escena política. Ollanta Humala fue condenado en 2025 por lavado de activos y financiamiento ilícito de campañas electorales, en un proceso que confirmó aportes irregulares vinculados al caso Lava Jato. El fallo marcó un hito porque se trató del primer expresidente sentenciado por aportes ilegales de campaña en el marco de Odebrecht. La decisión judicial reabrió el debate sobre el financiamiento partidario y el control del dinero en política.
También en 2025, Martín Vizcarra recibió una condena por cohecho pasivo, relacionada con presuntos sobornos cuando fue gobernador regional de Moquegua. La sentencia consolidó años de investigación fiscal y convirtió al exmandatario en otro jefe de Estado condenado por actos de corrupción. El fallo tuvo impacto político inmediato. Vizcarra había mantenido presencia pública y capital político tras su salida del poder.
En paralelo, Dina Boluarte afronta investigaciones fiscales por presunto enriquecimiento ilícito, cohecho y otros delitos vinculados a decisiones adoptadas durante su gestión. Además, existen indagaciones por las muertes ocurridas en el contexto de las protestas sociales tras la caída de Pedro Castillo. Aunque no cuenta con una condena firme, los procesos abiertos forman parte del clima político que rodea al país y que incide en la percepción internacional sobre la solidez de sus instituciones.
