Recién comienza el 2026 y ya se investiga a 3 oficiales y a 6 subalternos PNP por corrupción

Un nuevo escándalo sacude a la Policía Nacional del Perú por la judicialización de nueve uniformados, entre ellos un coronel, un teniente y un alférez, así como seis subalternos, por los presuntos delitos de concusión y de cohecho.

Ambos casos –descubiertos en apenas dos semanas del 2026- forman parte de dos procesos de investigación que realiza la Coordinación Nacional de Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

"Nos encontramos ante prácticas organizadas, sistemáticas y sostenidas en el tiempo mediante las cuales efectivos policiales no sólo brindaban cobertura a actividades ilícitas, sino que también intervenían activamente en su organización y su direccionamiento", aseguró a La República uno de los fiscales a cargo de un caso.

De acuerdo con la información compartida por el Ministerio Público en uno de los casos fueron detenidos el coronel PNP Mervin Sánchez, de la División de Fronteras de la PNP; y el alférez Junior Mauricio, de la comisaría de Chaclacayo.

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También los suboficiales Henry Ordoñez, Williams García, Neil Rafael, Marcelo Benavides, Gerson León y Julio García, del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de San Martín de Porres.

Para el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte ellos habrían intervenido de forma irregular a dos ciudadanos en Lurín, a quienes intentaron 'sembrarles' droga y luego les habrían solicitado dinero para liberarlos.

Según la investigación, los policías intervinieron a las víctimas a quienes les quitaron su vehículo y luego los subieron a un patrullero para llevarlos a su sede policial, en el distrito de San Martín de Porres, donde intentaron 'sembrarles' drogas y otras especies.
Ante la negativa de los ciudadanos por la detención se habría producido un enfrentamiento entre ellos, siendo que el alférez Junior Mauricio les dijo "que arreglen" con Mervin Sánchez, quien en ese momento era el comandante y sería él quien habría pedido S/ 3.000 para liberarlos.

Los ciudadanos intervenidos habrían sido forzados a pagar el dinero, por lo que, posteriormente, uno de ellos procedió a denunciar los hechos ante el Ministerio Público.

OTROS TRES CORRUPTOS

En el otro caso, personal del Tercer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Moquegua allanó la comisaría de Ciudad Nueva, en el distrito de Pacocha, y realizó la detención preliminar judicial de otros tres miembros de la Policía Nacional por el delito de cohecho.

Se trata del teniente PNP Eduard Chaiña, del superior PNP Mario Coapaza y del suboficial PNP Carlos Miranda.

Según una denuncia, ellos habrían intervenido de forma irregular a un conductor a la altura del puente Pacocha, utilizando un alcoholímetro cuyo uso no estaba autorizado y exigiendo el pago de una suma de dinero tras acusarlo de conducir el vehículo en estado de ebriedad.

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La suma inicial solicitada habría sido de dos mil soles, pero luego fue reducida a 1.000 soles, entregados en efectivo (S/ 500) y mediante el aplicativo de una billetera digital (S/ 500), según se señala en la denuncia.

DEPURAN A MALOS EFECTIVOS

Hay que tener en cuenta que el año pasado el gobierno ejecutó el pase al retiro de 1.456 efectivos, de los cuales 570 enfrentan acusaciones por corrupción. Así lo dieron a conocer el ministro del Interior Vicente Tiburcio y el comandante general de la PNP Óscar Arriola.

También se informó que la Insectoría General de la PNP impuso 4.188 sanciones en todos los niveles jerárquicos.

Muchos de los agentes habrían incurrido en capturas ilegales, extorsión a detenidos, manipulación de informes y vínculos con estructuras delincuenciales, todo con el fin de obtener beneficios personales.

Las graves irregularidades fueron descubiertas gracias a las denuncias presentadas por agraviados, y a una serie de investigaciones lideradas por el Ministerio Público o descubiertas por la propia Policía.

Se evidenció que algunos de los implicados realizaron detenciones arbitrarias, sin sustento legal, para ‘sembrar’ drogas y armas.

Para ocultar sus actuaciones irregulares, los agentes habrían alterado informes, con el fin de dar apariencia de legalidad a las capturas y procedimientos.

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Muchos de estos malos efectivos han sido expulsados de la institución, según el grado de participación, por delitos como concierto para delinquir agravado, abuso de autoridad por acto arbitrario o injusto, privación ilegal de la libertad, fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

MIENTRAS TANTO…

Y, mientras, cada vez más se descubren actos de corrupción, la Contraloría detectó que 1.730 vehículos policiales están inoperativos, 1.823 computadoras están malogradas, hay falta de chalecos antibalas y muchas comisarías permanecen deterioradas.

Se encontró, además, 2.582 comisarías en “situaciones adversas”, Durante el operativo nacional, los auditores constataron que 39 comisarías no cuentan con el número mínimo de efectivos policiales, lo cual afecta la ejecución de los servicios de patrullaje y los operativos; además, limita la capacidad para prevenir la delincuencia, las faltas y los delitos.