Congreso concede a José Jerí facultades para crear el delito de revelación de la información

El Congreso otorgó al Gobierno de José Jerí facultades legislativas por 60 días para poder impulsar medidas en materia de seguridad ciudadana y la lucha contra la criminalidad. En ese marco, el Ejecutivo podrá crear el delito de revelación de información reservada vinculada a a investigaciones penales y actuaciones policiales.

Al no existir aún la norma específica, se desconoce a quiénes restringe y cuál sería la pena por dicho delito. En el decreto publicado este 15 de diciembre en el diario oficial El Peruano se indica que se establecerá "un supuesto específico de inhabilitación aplicable en caso de condena (por el delito de revelación de información), garantizando el derecho fundamental a la libertad de información, la libertad de prensa y el secreto profesional".

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La propuesta fue presentada el 20 de noviembre último y entre la decena de medidas que incluía, fue la creación de este nuevo delito lo que causó preocupación entre los gremios periodísticos.

La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) alertó, por medio de un comunicado, que la iniciativa va directamente contra el periodismo de investigación porque "criminaliza la difusión de información de interés público y constituye censura y persecución de fuentes reservadas. Atentando, además, con el secreto profesional".

Además precisaron que de ejecutarse dicha norma se estaría atacando la libertad de información sobre "investigaciones penales de relevancia pública desde sectores que tienen, en su mayoría, personajes relevantes comprometidos en dichos expedientes".

Por su parte, desde el Consejo de la Prensa Peruana (CPP), Rodrigo Salazar, sostuvo que se trata de una medida que, al no ser específica, podría también afectar a periodistas que difundan información sobre investigaciones. “Es muy amplio. Esto aplica a un funcionario público, a un fiscal, a un periodista. (…) “Si esto pasa así a ser una ley o la modificación del Código Penal, fácilmente un fiscal puede decir: ‘acá hay un poco de información reservada sobre situaciones policiales’, y se va contra el periodista”, indicó el directivo en entrevista a RPP.

Por esto, consideró que es necesario “poner una especificación, un candado, que esto no aplique a la revelación de información periodística”. Sobre todo al considerar que la norma podría significar "un manto protector" en beneficio de la PNP.

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Ejecutivo niega que se trate de "ley mordaza"

Desde el Ejecutivo negaron que la norma tenga por objetivo censurar a la prensa. En entrevista a RPP, el líder de la PCM, Ernesto Álvarez, descartó que se trate de una "ley mordaza" y que solo se "busca penalizar a policías, fiscales o jueces que pasen información a investigados".

Actualmente, indicó, existe solo una sanción administrativa mas no penal para este tipo de actos. "La propuesta del Minjus es que exista una sanción penal para quienes alertan a quienes deben ser detenidos por la fuerza pública en el ejercicio regular de un procedimiento judicial y que escapa de la justicia como consecuencia de esa delación", refirió.

En ese sentido, aseguró que "no existe ninguna voluntad de atacar o indisponerse con la prensa" y que los periodistas serán convocados al momento de redactar el decreto legislativo para que puedan brindar sus recomendaciones. "No estamos hablando de la labor legítima que hace la prensa, al contrario, para nosotros es un aliado", aseguró.

Por su parte, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, defendió esta iniciativa asegurando que la revelación de información es una "amenaza grave que debilita al Estado desde adentro".

"La ley no castiga este acto (revelación de información) con la seriedad que merece por eso proponemos dos cosas muy directas. Crear un tipo penal en el caso que un funcionario, fiscal, juez, policía revela informaciones secretas de una investigación y asegurar que los funcionarios sean separados de manera definitiva de su cargo", declaró durante su presentación ante los integrantes de la Comisión de Constitución el 24 de noviembre último, fecha en la que acudió al Parlamento junto a otros ministros para fundamentar el pedido del Ejecutivo.

No es la primera vez que desde el Ejecutivo intentan frenar la labor periodística

Sin embargo, si bien el Ejecutivo negó cualquier posible menoscabo a la prensa, esta no es la primera vez que los periodistas se enfrentan a este escenario.

El 14 de abril del 2025, la entonces presidenta Dina Boluarte promulgó la Ley N.º 32301, norma que otorga al Estado facultades de control previo sobre los medios que reciben financiamiento de la cooperación internacional, al exigir que sus investigaciones, proyectos o actividades sean previamente aprobadas por la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI).

La ley obliga a todas las organizaciones a registrarse en la APCI. Además, utiliza conceptos ambiguos como “participación en política interna” o “conductas que alteren el orden público”, lo que permite que la norma se aplique de forma discrecional contra cualquier medio crítico del gobierno. También veta el uso de fondos de cooperación para emprender acciones legales contra el Estado, incluso en casos destinados a obtener información pública, un recurso esencial para el periodismo en escenarios de poca transparencia. Esta limitación, además, deja sin respaldo jurídico a periodistas que enfrentan procesos judiciales utilizados como forma de hostigamiento.

Ante ese escenario, el rechazo de esta norma no solo vino desde Perú. Por medio de un pronunciamiento conjunto, más de 270 periodistas de investigación de 24 países consideraron que se trata de un control político encubierto como regulación y que tenía implicancias reales sobre derechos fundamentales como la libertad de prensa y la libertad de asociación en el país.

A su vez, Pedro Castillo y su gabinete impulsaron la denominada "ley mordaza" durante su mandato.

El entonces ministro de Justicia, Feliz Chero, defendió la propuesta alegando que “(Revelar información) desnaturaliza la esencia de la investigación, pone en riesgo la investigación misma y pone en riesgo a quienes se encuentran sujetos a investigación”. Consideró que solo tendrían acceso a la información las personas implicadas en el proceso legal (investigados, agraviados y abogados) y los operadores de justicia (juez, fiscal).