Política

Chorrillos: Richard Cortés se convirtió en alcalde a pesar de ser investigado tras video donde recibe fajos de dinero

El hoy burgomaestre fue grabado cuando era teniente alcalde recibiendo miles de soles. Cambió su versión sobre el origen del dinero y admitió haber mentido “por fanfarronear”.

El ahora alcalde de Chorrillos cambió la versión sobre el recibimiento del dinero. Foto: Panorama
El ahora alcalde de Chorrillos cambió la versión sobre el recibimiento del dinero. Foto: Panorama

El actual alcalde de Chorrillos, Richard Cortés, enfrenta una investigación del Ministerio Público luego de que salieran a la luz imágenes en las que se le observa recibiendo fajos de dinero en efectivo cuando aún se desempeñaba como teniente alcalde del distrito. El video, difundido meses atrás por el programa 'Panorama', motivó una indagación a cargo de la Fiscalía de Corrupción de Funcionarios, pese a lo cual Cortés terminó asumiendo la alcaldía tras la salida del entonces burgomaestre Fernando Velasco.

En las imágenes se aprecia a Cortés contando grandes sumas de dinero mientras conversa sobre proyectos y obras futuras en el distrito. Inicialmente, el ahora alcalde sostuvo que el dinero recibido tenía como finalidad cubrir honorarios legales vinculados al proceso de vacancia contra Velasco. “Es para pagar abogados”, señaló entonces, versión que luego fue cambiada.

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Cambio de versión y justificación por campaña futura

Sin embargo, esa explicación fue modificada posteriormente. Ya como alcalde, Richard Cortés afirmó que el dinero recibido no estaba destinado a abogados, sino a una eventual campaña política futura. Según su nueva versión, los fondos habrían sido entregados como apoyo para una posible postulación prevista incluso para el año 2030, pese a que la grabación corresponde a años previos.

Este cambio de relato generó nuevas interrogantes, debido a que en el mismo registro audiovisual se escucha al entonces teniente alcalde hablar de “proyectos futuros” y ofrecer gestiones a cambio del dinero recibido, conducta que, de confirmarse, podría configurar el delito de cohecho o negociación incompatible, según la legislación.

Promesas de obras y una investigación en curso

En el material difundido, Cortés no solo recibe el dinero, sino que también hace referencia a la ejecución de obras una vez que asuma la alcaldía, escenario que finalmente se concretó. Especialistas señalan para 'Panorama', que prometer proyectos a cambio de aportes económicos, incluso antes de asumir un cargo, constituye un acto sancionable penalmente si se demuestra la existencia de un beneficio indebido.

Pese a la gravedad del caso, la investigación fiscal se encuentra aún en etapa preliminar. La lentitud del proceso ha permitido que Cortés pase de primer regidor a máxima autoridad del distrito limeño, sin que hasta el momento exista una medida restrictiva en su contra.

Admisión de mentiras y contradicciones

Otro punto que ha generado controversia es la admisión pública del propio alcalde respecto a haber mentido en conversaciones privadas. En el video, Cortés aseguraba tener cercanía con Willy Ramírez, miembro del Jurado Nacional de Elecciones, afirmación que luego fue desmentida. Ante las cámaras, reconoció que dicha declaración fue falsa y que respondió a un intento de “fanfarronear” para impresionar a su interlocutor.

“Efectivamente, a veces se cometen errores de fanfarronear y a veces se cometen acciones abusivas de mandar un mensaje erróneo”, señaló el alcalde, al admitir que no conoce al funcionario mencionado y que exageró deliberadamente en una conversación privada.

Huida ante preguntas y cuestionamientos ciudadanos

Tanto antes como después de asumir el cargo, Richard Cortés ha evitado responder preguntas directas de la prensa sobre el origen del dinero y las promesas contenidas en el video. En más de una ocasión, se retiró del lugar escoltado por personal de seguridad, sin brindar declaraciones adicionales sobre el caso.

El caso de Chorrillos se ha convertido en un símbolo de las debilidades del sistema político y de control a nivel municipal, donde funcionarios cuestionados logran mantenerse —e incluso ascender— en el poder mientras las investigaciones avanzan lentamente. La Fiscalía deberá determinar si los hechos configuran delitos de corrupción o si las explicaciones ofrecidas por el alcalde logran sostenerse ante la ley

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