Marisol Pérez Tello, candidata por Primero la Gente: “No trato con dictadores, ni de derecha ni de izquierda”

En entrevista con La República, la candidata presidencial Marisol Pérez Tello expone su propuesta para enfrentar la inseguridad ciudadana, reformar el sistema de justicia y combatir la impunidad, a la que define como “la principal enfermedad del Perú”. Defiende la implementación inmediata de unidades de flagrancia, rechaza nuevas prórrogas del Reinfo y fija posición en temas importantes como derechos humanos, economía, unión civil y pena de muerte, con un discurso centrado en orden, Estado eficiente y primacía de la gente. Además, opina sobre las propuestas de sus contrincantes a puertas del 23 de diciembre, fecha en la que se cierran las inscripciones de fórmulas y listas de candidatos y da inicio a lo que muchos expertos han calificado como "una campaña salvaje".

-¿Por qué deberíamos votar por usted?

Porque quiero trabajar por el país con un equipo de gente preparada para resolver los problemas de las personas, poniendo a la gente primero. Porque tengo la experiencia para hacer las cosas y entiendo el poder como servicio. Creo que ha llegado el momento de que el poder deje de ser una excusa para intereses subalternos y se convierta en una herramienta de transformación del país. Sé cómo resolver el principal problema del Perú, que es la seguridad, y creo que la política es servicio.

-¿Qué propuestas plantea para combatir la creciente inseguridad ciudadana?

Muy concretas. Sin orden y sin ley no hay Estado de Derecho y, por lo tanto, no hay una convivencia, ni crecimiento, ni desarrollo posible. El problema de la inseguridad se resuelve con medidas de corto, mediano y largo plazo.
En el corto plazo, desde la primera semana del 28 de julio, se deben implementar 69 unidades de flagrancia, una en cada penal, con juez, fiscal, defensa pública y carceleta, operando 24/7. Eso evita que los delincuentes sean liberados por vencimiento de plazos y combate la impunidad, que es la principal enfermedad del Perú. La corrupción, la impunidad son consecuencia de que la gente cree que puede hacer lo que quiera y no le va a pasar nada.

- Actualmente, vemos conflictos entre la Fiscalía, la Policía y el Poder Judicial. ¿Cómo los articularía?

Ya lo hicimos con el Acuerdo Nacional por la Justicia, en el que participaron todos los poderes del Estado. El problema central es la falta de información y transparencia. Uno de los problemas del sistema de justicia es que no hay cruce de información, y con eso la corrupción avanza. Transparencia, rendición de cuentas y monitoreo ciudadano son claves.
Hoy, lamentablemente, las cabezas de instituciones como la Junta Nacional de Justicia o el Tribunal Constitucional no son lo que deberían ser, y eso también tiene que cambiar. Junto con las unidades de flagrancia (como medida inmediata) y haciendo que las cárceles se conviertan en lugares de resocialización y no en crecimiento del crimen organizado, se debe diferenciar al delincuente peligroso del primario. No todo delito debe sancionarse con cárcel: por ejemplo, en casos de alimentos, el padre debe trabajar y pagar al niño, no ir preso.
En mediano plazo, se debe fortalecer la investigación policial. Fue un error cerrarla. Además, la seguridad requiere inversión, que se reflejará en el crecimiento económico y de empleo. Hoy no hay seguridad física ni jurídica, y un país serio necesita seguridad y reglas claras.

- ¿Por qué cree que no se ha renovado el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana por 7 años?

Porque debería haber un plan que se ejecute y que se monitoree, como el Plan Mariano Santos, por ejemplo. El problema también es que buscan soluciones efectistas y no eficientes. Declarar estados de emergencia y sacar militares no funciona. Se necesita planificación desde organismos como el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana de Perú (CONASEC) para hacer planificación de mediano a largo plazo con respuesta de corto plazo. Hoy, cada 39 minutos una mujer es víctima de violencia, mientras estamos haciendo esta entrevista, alguien está siendo asesinado. Esto está pasando ahora. Hay que resolver hoy y prevenir para mañana. Además, en el discurso del 28 de julio se presentará un proyecto de ley para derogar todas estas leyes que facilitan el crimen organizado.

- Usted aprobó el REINFO cuando fue ministra. ¿Qué fue lo que se hizo y por qué hoy no funciona?

El REINFO fue una medida temporal, pensada para identificar dónde estaba la minería ilegal, que nunca va a poder formalizarse porque está en zonas como ríos donde no puede haber minería, y luego, saber quienes estaban en condición de informales y querían formalizarse, para darles todas las facilidades dentro de lo que se puede. El problema es que se volvió permanente por prórrogas constantes y no se respetaron los plazos. Hoy ya se sabe quién es ilegal y no hay razón para protegerlo. Al ilegal hay que perseguirlo penalmente. Al informal que quiere formalizarse, ayudarlo con plazos claros y verificables. Convertir lo temporal en permanente ha generado impunidad y ha mezclado ilegalidad con informalidad.

-Con eso se muestra en contra de una nueva ampliación del Reinfo...

Es que no resuelve el problema. Con el REINFO han estado jugando con las demandas de los informales que sí quieren formalizarse, que se han juntado con los ilegales, que se quieren esconder en los informales. Cuando prorrogan el REINFO por seis meses, lo hacen para negociar más bolsas a las campañas electorales donde se va a infiltrar esta actividad ilegal y muchas otras.

-Hace meses usted dijo que no postularía y mencionó que Alfonso López Chau sería el mejor candidato presidencial. ¿Qué cambió?

Fue un fracaso no lograr una alianza que evitara tener 39 candidatos. La alianza que se estaba debatiendo en ese momento me parecía muy interesante y alguien tenía que ceder y yo hice lo que me pareció sensato y decir: 'Vaya usted maestro y yo retrocedo', pero vamos a estar juntos y no hacer que el país escoja entre 39. Lamentablemente, no se dio la alianza, pero eso no significa que no considere que hay otros buenos candidatos. Al no concretarse, decidí postular porque conozco el tema de seguridad, probablemente mejor que muchos candidatos porque trabajo en cárceles hace 15 años y en reformas del sistema de justicia. He sido autora de gran parte de las leyes pro-crimen que han sido derogadas: la ley para perseguir el crimen organizado, ley de colaboración eficaz y el origen de extinción de dominio.

-Hablemos de las propuestas de sus contrincantes, Carlos Espá propone eliminar el financiamiento público a los partidos, ¿qué opina sobre al respecto?

No lo eliminaría, pero sí lo fiscalizaría estrictamente. Cuando nació eso, la mitad era para la formación de cuadros, pero cuando se vaca a Martín Vizcarra, ese mismo día, el Congreso de ese momento, de mayoría fujimorista, cambia la norma y coloca que el 50% puede ser usado para lo que quieras. Y es en ese momento que nos condenan a tener la misma clase política que nos está gobernando ahora.
Si los partidos no forman a sus cuadros, terminamos con populistas gestionando la vida de la gente, y eso tiene consecuencias reales: violencia, corrupción y asesinatos.

-Sobre la propuesta de Ronald Atencio de industrializar el Perú: "Las mineras no deben sacar cobre, sino cable"

Es super necesario. No podemos seguir siendo un país que exporta materia prima, tenemos que industrializarnos, el tema es cómo. El problema es que no damos las condiciones y menos la seguridad jurídica. Tiene que haber reglas claras para que el Perú se vuelva un país en el que valga la pena invertir, colocando cláusulas anticorrupción. La seguridad jurídica es clave para que un país tenga inversión seria.

-¿Cuál es su visión económica de llegar a la Presidencia en 2026?

Apostamos por una economía social de mercado real, con la descentralización del poder y con un Estado fuerte. El Perú sigue siendo centralista y eso impide el desarrollo regional.
El Estado debe garantizar agua, carreteras y seguridad jurídica. Donde el privado pueda actuar, que lo haga, pero con reglas claras, sin monopolios, pagando sus impuestos y respetando a sus trabajadores.

-¿No tendría problema en hacer convenios con países de economías libertarias como Argentina?

Yo no le cerraría las puertas a nadie que viniera a respetar nuestras reglas. Lo que no vamos a aceptar es que nos impongan sus reglas y para eso debes tener un Estado capaz de hacer que esas reglas se cumplan y hoy el Estado no es capaz de hacer que nadie cumpla la ley. Este es un país donde los privilegios y la coima mandan en todo y eso es así porque hay impunidad.

-¿Considera a Venezuela una dictadura?

Es una dictadura, no hay ninguna duda, y lo que pasó en Puno es autoritarismo, puro y duro.

-Primero la Gente estuvo vinculado a denuncias por firmas falsas. ¿En qué quedó el caso?

Fue un problema del sistema y afectó a todos los partidos. Nuestro partido denunció penalmente a los responsables. Somos los más interesados en saber qué pasó, pedimos información a RENIEC, nunca nos la dieron, pero existen dos denuncias. Ahora el JNE ha empezado una investigación por 32 firmas falsas.
Yo sé como se ha gestado el partido, por lo que no tengo dudas de que es una militancia real con 18 delegados de diferentes regiones, cada uno asumiendo sus costos. Es un partido plural, en el que la diferencia es nuestra mayor fortaleza.

-Dentro de esa diversidad, ¿qué fue lo que los unió en ideologías?

Mira, el partido se llama Primero la Gente: comunidad, ecología, libertad y progreso, y esos son los ejes del plan de gobierno. Hay un eje que atiende al bienestar, vinculado al progreso; un eje que atiende a la seguridad y al orden, vinculado a la vida en comunidad; un eje que atiende los motores económicos que existen, los que tienen que formalizarse y los que hay que crear con innovación y tecnología, que atiende también al progreso y a la comunidad. Hay un eje transversal que atiende al territorio, porque el proceso de descentralización es un factor denominador común de todos los que estamos en el partido: la necesidad de mirar el país de manera descentralizada. De hecho, mi vicepresidente es Raúl Molina, uno de los mayores expertos en descentralización del país. El eje de sostenibilidad y territorio es clave y tiene que ver con ecología y comunidad. El segundo eje es transformar el Estado. Este Estado no sirve, que tiene que ver con eficacia, libertad y justicia como límite a la amplitud. Toda la amplitud que quieras, pero no trato con dictadores, ni de derecha ni de izquierda.

-No con extremistas..

Yo soy radical pero en lo sensato y sentido común. No puedo con las medidas populistas que son absurdas y fracasan. Tampoco hay que ser tibios, eso no me gusta. Hay que tener posición en los temas que la gente se hace la loca. Por eso tengo tanta resistencia en sectores extremos. Yo escucho a la derecha y a la izquierda, rescato lo que cada una hace bien y corrijo sus defectos. Eso se hace cuando pones primero a la gente.

-¿Está a favor de la Unión Civil?

En el partido hay personas a favor del matrimonio igualitario, personas a favor de la unión civil —que es donde hay mayor consenso— y personas que vienen de comunidades evangélicas, pero desde una lógica de respeto. Eso es un avance muy importante. Nadie cuestiona la necesidad de garantizar derechos a la comunidad LGTBI. Yo incorporé al colectivo LGTBI en el Plan Nacional de Derechos Humanos y legislé el crimen de odio. En unión civil hay consenso. A partir de ahí seguimos debatiendo, respetando incluso la objeción de conciencia, pero el partido tendrá una posición.

- Para ser claros, ¿sí hay acuerdo en la unión civil?

Sí, en unión civil sí. Y respetamos a quien va por matrimonio igualitario y también a quien lo aborda desde una perspectiva religiosa. El Estado es laico, y nos ponemos de acuerdo en garantizar derechos. No puede ser que dos personas que han convivido 25 años no puedan asegurar su patrimonio. Eso no puede ser.

-¿Cuál es su posición sobre el aborto terapéutico?

El aborto terapéutico se legisló cuando yo era ministra. Está bastante bien desarrollado. En el caso de violación, sin duda. En el partido estamos de acuerdo en que ninguna mujer debería llegar a esa situación. Para eso hay que garantizar educación sexual integral. Es un retroceso negarla (ideología de género) porque si no hay educación, hay abortos clandestinos todos los días en el Perú. Eso es inadmisible. Hay que evitar la violencia sexual, que ocurre cada 39 minutos. Luego, educación sexual integral para que las personas conozcan su cuerpo y puedan cuidarse. Criar a los niños en libertad, con valores y con información. Yo no estoy a favor del aborto en otros casos, pero hay que generar condiciones para la adopción. No se puede negar la realidad: niñas de 13, 14, 15 años mueren por abortos clandestinos.

-¿A favor o en contra de la pena de muerte?

Estoy en contra de la pena de muerte. Y algo interesante es que incluso quienes estaban a favor en el partido aceptaron que no se puede discutir seriamente mientras no tengamos un sistema de justicia eficiente. El error judicial en la pena de muerte es irreversible. Hasta que no arreglemos el sistema de justicia, es irresponsable debatir esto, más aún cuando implica romper convenios internacionales, con un Tribunal Constitucional sometido al poder de turno.