Gobierno de José Jerí: 1 de cada 4 peruanos considera que la inseguridad ciudadana empeoró en su gestión

Uno de cada cuatro peruanos considera que la inseguridad ciudadana ha empeorado desde que José Jerí asumió la Presidencia, de acuerdo con la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para La República.

Por otro lado, un alto porcentaje, representado por un 54% de los peruanos, percibe que la seguridad en el país sigue igual. Esta estimación es mayor en Lima, región que permanece en estado de emergencia desde el 22 de octubre para frenar la ola de criminalidad que justamente provocó la vacancia por incapacidad moral permanente de la expresidenta Dina Boluarte.

El decreto de este primer estado de emergencia incluía un paquete de medidas, entre ellas se prohibió el tránsito de dos personas adultas en una motocicleta lineal.

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Además, se reforzó el control interno en penales, incluyendo apagones en celdas y destrucción de antenas ilícitas; incautación de equipos móviles y chips utilizados para extorsión desde prisiones; interconexión de cámaras de vigilancia municipales con el sistema C4 de la PNP y el uso de imágenes satelitales para monitorear zonas de alto riesgo.

Después, al término del primer plazo de 30 días, la medida se prorrogó por un periodo igual. Esta vez, el Ejecutivo presentó un proyecto de ley ante el Congreso para que el Ejecutivo tenga la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad
por un lapso de 60 días. El presidente solicitó que el pedido se tramite con el carácter de "muy urgente".

Dentro de las propuestas, se busca crear el delito de revelación de información reservada relacionada con investigaciones penales y actuaciones policiales. Una norma que, en la práctica, criminalizaría la difusión de información de interés público y censuraría a la prensa,
de acuerdo con la Asociación Nacional de Periodistas (ANP).

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Un 73% considera que el estado de emergencia ha contribuido poco o nada

Teniendo en cuenta las medidas implementadas, el 54% de la ciudadanía considera que José Jerí y su equipo de gobierno no tienen un plan efectivo para luchar contra la delincuencia, mientras que un 38% considera que sí.

Si bien aún hay rechazo, la percepción hacia el actual mandatario es favorable si se compara con la de Dina Boluarte, contra quien un 89% de peruanos consideraba que no tenía una estrategia para mejorar la seguridad ciudadana. En Lima Metropolitana y el Perú urbano, un 64% y 54% respectivamente consideran que el Ejecutivo no cuenta con un plan. La percepción es mayor en hombres y población entre 18 a 29 años.

A su vez, un 73% considera que el estado de emergencia ha contribuido poco (29%) o nada (44%) en la disminución de la delincuencia de Lima y Callao. Si bien hay un mayoritario descontento, dicha cifra es menos negativa que el 84% registrado en marzo de este año durante el régimen de Boluarte Zegarra.

El 50% de los encuestados hombres considera que el estado de emergencia no beneficiará en nada, siendo este grupo del rango etario entre 30 a 50 años o más.

Medidas polémicas

Dos de las medidas propuestas por el Ejecutivo han causado especial repercusión en la ciudadanía.

La primera corresponde a la prohibición del tránsito de dos personas adultas en una motocicleta lineal, normativa que fue ratificada y ampliada con la publicación del Decreto Supremo N.º 127-2025-PCM, el 7 de noviembre.

Adicionalmente, desde el 17 de noviembre, se hizo obligatorio que todos los motociclistas y sus acompañantes usen chalecos reflectantes con la placa visible, además del casco certificado.

Diversos gremios de motociclistas han manifestado su rechazo a la normativa. Alegan que el uso obligatorio de chalecos estigmatiza al sector y que la medida no reduce el crimen, como ya se demostró en implementaciones pasadas. Además, proponen alternativas como el uso
de placas con chip RFID y exigen una mesa de diálogo con el Ejecutivo.

En tanto, la segunda es la propuesta de ley sobre el delito de revelación de información reservada. Durante su presentación ante los integrantes de la Comisión de Constitución, el 24 de noviembre último, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, defendió esta iniciativa
asegurando que la revelación de información es una "amenaza grave que debilita al Estado desde adentro".

Las consecuencias, según explicó, es que las bandas criminales toman conocimiento de información que forma parte de una investigación y, por tanto, las víctimas de extorsión o denunciantes quedan expuestos a posibles represalias.

En entrevista a RPP, el líder de la PCM, Ernesto Álvarez, negó que la propuesta se trate de una "ley mordaza". Álvarez mencionó que solo se "busca penalizar a policías, fiscales o jueces que pasen información a investigados"