Política

Wilson Soto justifica proyecto que exige título profesional a influencers: "En China ya se regula este tema"

El congresista aseguró que esta propuesta no limita la libertad de expresión y permite asegurar que los influencers tengan conocimientos en áreas específicas.

Wilson Soto busca que labor de los influencers sea regulada | Composición: Betsy de los Santos / Foto: LR.
Wilson Soto busca que labor de los influencers sea regulada | Composición: Betsy de los Santos / Foto: LR.
  • Wilson Soto propone que influencers tengan títulos profesionales para abordar temas específicos.
  • La iniciativa incluye sanciones y un registro para creadores de contenido digital.
  • Se busca regular la difusión de información en áreas sensibles como salud y educación.

La inteligencia artificial resume el contenido para facilitar su comprensión, pero puede no reflejar todos los matices del texto original. Recomendamos leer la versión completa.

El congresista Wilson Soto (Acción Popular) defendió su proyecto de ley, que propone que los creadores de contenido en redes sociales cuenten con un título relacionado con la materia sobre la que se pronuncien. La iniciativa ha sido criticada por usuarios en redes sociales, quienes la consideran un intento de censura hacia los creadores. Al respecto, Soto afirmó que el objetivo del proyecto es evitar la difusión de información incorrecta y señaló que medidas similares se aplican en otros países, como China.

"No es que queramos limitar la libertad de expresión. En China ya se regula este tema. Nuestra propuesta plantea que, para hablar sobre un tema específico, la persona debe tener conocimientos en la materia. Si alguien quiere hablar de salud, debe contar con formación en medicina; si quiere hablar de leyes, debe tener un título en derecho", explicó Soto.

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Asimismo, el congresista señaló que los influencers podrían cambiar el enfoque de su contenido hacia un tema que no requiera especialización para poder abordarlo libremente. Por otro lado, el congresista no respondió cuando se le preguntó porque a los legisladores no se les pide un título profesional.

"No estamos restringiendo la creatividad; los influencers pueden dedicarse al humor o a realizar bailes. En el caso de los congresistas, los partidos políticos eligen a sus representantes. Lo que buscamos es que, si alguien quiere tratar un tema específico, tenga la formación correspondiente", concluyó.

La iniciativa de Soto en detalle

La iniciativa de Soto busca convertir la creación de contenido sobre salud, educación, seguridad o patrimonio en una actividad reservada únicamente para personas con títulos profesionales o certificaciones oficiales. La propuesta incluye un sistema de sanciones que va desde multas hasta inhabilitaciones de varios años, lo que diversos críticos consideran un riesgo para la libertad de expresión en entornos digitales. En el proyecto se argumenta que la difusión de información en áreas sensibles exige veracidad, objetividad y conocimientos especializados.

La iniciativa también incorpora la creación de un Registro de Medios y Creadores de Contenido Digital, bajo la administración de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM. Influencers, streamers, medios digitales y todo aquel que genere contenidos sobre temas catalogados como sensibles deberán inscribirse en esta plataforma y acreditar estudios o certificaciones relacionadas con la materia que traten. Soto afirma que esta regulación busca frenar el supuesto uso indebido de la libertad de expresión en redes sociales, donde —según sostiene— se comparte información que podría afectar la seguridad o la salud mental de los usuarios, pese a que ya existen normas sobre publicidad engañosa y responsabilidad civil.

Además, el proyecto redefine quién puede ser considerado influencer: exige ser mayor de edad, estar inscrito en el registro oficial y contar con acreditación profesional o técnica en la temática abordada. Cuando un creador menor de edad participe, su actividad debería ser gestionada por un adulto responsable. El texto también detalla tres tipos de sanciones: la suspensión temporal de la actividad entre 60 días y tres años, la inhabilitación profesional para casos graves y multas que llegan hasta las 5 UIT para quienes difundan contenido falso sobre tratamientos de salud, alimentación o asuntos que comprometan la seguridad o el patrimonio.

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