Plancha presidencial de Fuerza Popular investigada por caso Lavamoto: el esquema criminal de Keiko Fujimori, según Fiscalía
Caso Lava Moto. La candidata a la presidencia, Keiko Fujimori, es acusada de liderar un grupo de cinco fujimoristas que conforman su plancha presidencial para recibir aportes de presunto origen ilícito que habrían ayudado a financiar las impugnaciones contra los votos obtenidos por Pedro Castillo.
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- Keiko Fujimori es acusada de liderar una organización criminal para el lavado de activos en la campaña electoral de 2021.
- El esquema 'Lava Moto' habría financiado impugnaciones electorales contra Pedro Castillo utilizando fondos de origen ilícito.
- La investigación involucra a cinco figuras del fujimorismo, con métodos como aportantes anónimos y falsos para ocultar la procedencia del dinero.
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Keiko Fujimori y miembros de su entorno se encuentran bajo investigación por liderar una presunta organización criminal dedicada al lavado de activos. La tesis, sustentada por la fiscal Manuela Villar en la carpeta N°. 43-2021, detalla cómo esta estructura habría operado para inyectar dinero de origen ilícito y desconocido en la campaña y la tesorería del partido.
Según el documento, al que tuvo acceso La República, el esquema criminal, denominado 'Lava Moto', habría tenido un objetivo fijo: financiar las impugnaciones electorales presentadas por Fuerza Popular contra los votos obtenidos por el entonces candidato Pedro Castillo en las elecciones de 2021.
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Estos fondos obtenidos presuntamente de forma ilícita fueron dirigidos a la campaña electoral de manera clandestina. Los fondos habrían sido entregados "sin trazabilidad bancaria, mediante sobres cerrados y por intermedio de motorizados", se lee en el documento.
Los nombres de Lava Moto
La investigación no solo apunta a Fujimori, también involucra a cinco figuras del fujimorismo, incluyendo a dos miembros de su plancha presidencial. Los sindicados son:
- Keiko Fujimori Higuchi: Identificada como la líder de la presunta organización criminal, ejerciendo la presidencia del partido.
- Luis Galarreta Velarde: Secretario General Nacional y miembro de la plancha presidencial, a quien se le atribuye la gestión de aportes anónimos y falsos.
- Miguel Torres Morales: Vocero y Subsecretario General Nacional, con un rol similar al de Galarreta en la gestión de fondos. Galarreta y Torres habrían gestionado e inyectado aportes privados irregulares (anónimos/falsos) y ejecutado fondos públicos en "anómalas operaciones" a favor de tres empresas: CRP Medios y Entretenimiento, Grupo RPP y Prime Time SAC.
- Karina Beteta: Tesorera del partido, responsable de la contabilidad y gestión de recursos. Como Tesorera, conocía los ingresos irregulares (fondos públicos y privados de fuente desconocida) y, a pesar de las irregularidades, dispuso la ejecución de dichos dineros a través de las cuentas bancarias para el pago a las empresas mencionadas, algunas de las cuales habrían negado prestar servicios.
- Lindman Miranda Zamalloa: Contador de Fuerza Popular, encargado material del registro de ingresos y egresos.
- Liliana Takayama Jiménez: Representante legal, quien habría gestionado escritos ante el JEE y JNE con activos ilícitos.
El Modus Operandi a detalle
La Fiscalía sostiene que la presunta organización criminal no es nueva, sino que habría sido "instrumentalizada" por Keiko Fujimori en las campañas de 2011 y 2016 para el ingreso de dineros ilícitos con fines de beneficio propio y el avance hacia el Poder Ejecutivo.
En la reciente campaña de 2021, la estructura habría permitido el ingreso al patrimonio de Fuerza Popular de fondos de origen desconocido, utilizando métodos como aportantes anónimos, aportantes falsos y el presunto uso indebido de fondos públicos directos. Este modus operandi buscaba "convertir activos mediante la realización de anómalas operaciones" e implicaba un incremento patrimonial sin justificación contable ni explicación razonable.
La Fiscalía apunta a que los 6 investigados permitieron la ejecución de activos recolectados de manera ilícita, "sin trazabilidad bancaria, mediante sobres cerrados y por intermedio de motorizados", dándoles una apariencia de legalidad, incluso ante las autoridades electorales.
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