Odebrecht presenta habeas corpus contra Rafael Vela y José Domingo Pérez para evitar investigaciones

La empresa brasileña Odebrecht, ahora conocida como CNO S.A., interpuso una demanda de habeas corpus contra los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, integrantes del Equipo Especial Lava Jato. La compañía sostiene ante el Poder Judicial que la Fiscalía desconoció el acuerdo de colaboración eficaz que firmaron en 2019 y solicita que se ordene el archivo definitivo de todas las investigaciones en las que está involucrada.

El recurso incluye también a la jueza María de los Ángeles Álvarez, quien homologó el acuerdo de colaboración. Odebrecht alega que el Ministerio Público de Perú continuó abriendo carpetas fiscales y formulando acusaciones pese a que la sentencia de homologación le otorgaba garantías para no ser procesada por los hechos declarados.

En el documento de 96 páginas, la constructora asegura que se vulneraron sus derechos fundamentales, como la libertad personal, la tutela jurisdiccional efectiva y el principio de cosa juzgada. Además, señalan que las declaraciones y pruebas entregadas bajo el compromiso de no ser utilizadas en su contra se han convertido en la base de nuevas pesquisas.

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Odebrecht: estas son las exigencias de la empresa ligada al caso Lava Jato

La demanda busca que el Poder Judicial ordene el cumplimiento inmediato de la sentencia que homologó el acuerdo de colaboración. En concreto, pide que el Ministerio Público archive o sobresea de manera definitiva todos los procesos penales en los que aparezcan la empresa, sus exfuncionarios o colaboradores. También exige que se prohíba el uso de las declaraciones ofrecidas en Brasil y que se retire cualquier acusación ya presentada en el Perú.

Entre los pedidos específicos se incluye el cierre de las carpetas fiscales en las que figuran exdirectivos como Jorge Barata, así como el retiro de acusaciones en procesos abiertos en juzgados anticorrupción. La compañía argumenta que estos casos se sostienen en pruebas cuya utilización fue expresamente limitada por el acuerdo de colaboración.

Odebrecht incluso reclama que las disposiciones fiscales de archivo dictadas en su favor sean consideradas definitivas, sin que se pueda reabrir los expedientes. Para la empresa, la negativa de la Fiscalía a cumplir con estos extremos genera inseguridad jurídica y afecta la confianza en los mecanismos de cooperación internacional.

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Rafael Vela cuestiona estrategia de Odebrecht y señala que incumplió con acuerdo de colaboración eficaz

En declaraciones para La República, el fiscal Rafael Vela señaló que aún no ha sido notificado formalmente de la demanda, pero advirtió que la maniobra de Odebrecht resulta llamativa por su oportunidad y por los abogados que la respaldan. Indicó que el Ministerio Público siempre ha respetado los criterios de legalidad y los términos de los acuerdos de colaboración eficaz, los cuales deben ser revisados solo por los jueces que los aprobaron. Para Vela, acudir a la justicia constitucional busca alterar la naturaleza de un proceso que se sustenta en el consenso entre las partes.

"En realidad yo no he sido notificado aún con la demanda. He tomado conocimiento como un hecho notorio público (...) Lo que sí le puedo decir claramente es que nosotros siempre hemos cumplido escrupulosamente con todo lo que son los criterios de legalidad y el respeto por los acuerdos de colaboración eficaz que se hayan suscrito (...) Llama la atención que ahora busquen a través de la justicia constitucional, además contratando a conspicuos abogados que son, además, abogados que han siempre mostrado una conducta permanente de cuestionamiento de los acuerdos de colaboración eficaz", indicó.

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El magistrado criticó que la empresa haya contratado a abogados conocidos por cuestionar la colaboración eficaz, como Domingo García Belaunde y Gerardo Eto Cruz, ambos vinculados a sectores conservadores y con antecedentes de asesorar a políticos investigados. Recordó que estos letrados han emitido informes legales en favor de Keiko Fujimori, lo que, a su juicio, evidencia conflictos de interés en la nueva estrategia de defensa de la constructora.

"Han contratado a abogados que han siempre mostrado una conducta permanente de cuestionamiento de los acuerdos de colaboración eficaz, como son el doctor Domingo García Belaúnde y el señor Gerardo Eto (...) También llama la atención que en algún momento este estudio de abogados del doctor Domingo García Belaúnde ha participado incluso presentando informes legales a favor de la señora Keiko Fujimori (...) Hay que analizar todos estos aparentes conflictos de interés que se puedan dar dentro del ejercicio de libertad de contratación que puede tener la empresa Odebrecht y la libertad de decidirlos defender de parte del estudio del señor Domingo García Belaúnde", señaló.

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Vela también desmintió que la Fiscalía haya incumplido el acuerdo de 2019. Explicó que la propia Odebrecht desconoció compromisos asumidos, como declararse culpable en casos como el Gasoducto Sur, y que incluso ha expresado su negativa a seguir pagando reparaciones civiles. Ante esa falta de voluntad, el Ministerio Público no puede forzar a la empresa a mantener su condición de colaboradora y debe actuar conforme a la ley cuando se rechaza asumir responsabilidades penales.

"El Ministerio Público ha respetado siempre escrupulosamente los acuerdos de colaboración eficaz (...) lo que ha sucedido es que la empresa Odebrecht ha desconocido sus compromisos iniciales de declararse culpable de varios casos, de un grupo de casos. De tal manera que, en esos aspectos relacionados con el desconocimiento de sus propias actas, de asumir sus propias responsabilidades penales, entonces, evidentemente, hay un cambio de una situación que es ajena a la voluntad del Ministerio Público (...) El Ministerio Público no puede tampoco obligar ni compeler de forma alguna al colaborador a que siga dentro de lo que corresponde a sus decisiones voluntarias de declararse culpable", comentó.