Familiares de víctimas exigen a Defensor del Pueblo retirar demanda que podría blindar Ley de Amnistía

Los familiares de las víctimas de los crímenes ocurridos en los 80’ y 90’, además de las víctimas de las protestas sociales del gobierno de Manuel Merino y Dina Boluarte se congregaron frente a la Defensoría del Pueblo, para hacer escuchar su voz de protesta y sobre todo entregar una misiva al Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, solicitándole retire la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía que ha presentado el pasado 12 de septiembre ante el Tribunal Constitucional.

“De no retirar la demanda presentada y el TC resuelve que la ley de amnistía es constitucional, estaría enterrando nuestras esperanzas de justicia, estarían atropellando 4 décadas de lucha continua como familiares, estarían siendo cómplices de estos criminales” indica la misiva.

Los familiares precisan que detrás de esta iniciativa existe el interés que se declare justamente constitucional esta ley de amnistía, quedando los jueces y fiscales impedidos de ejercer el control difuso, ellos sostienen que tal situación dejaría en absoluta indefensión a cientos de familias.

Congresista Luque emplaza a Josué Gutiérrez

La congresista Ruth Luque también participó del plantón frente a la sede de la Defensoría, ella sostuvo que “la presencia de Josué Gutiérrez ha desvirtuado de manera completa lo que representa la Defensoría del Pueblo en nuestro país”; además, lo emplazó a retirar la demanda contra ley de amnistía para demostrar que realmente cree en la inconstitucionalidad.

Otra que se hizo presente en la protesta fue la excongresista, Indira Huilca, hija de Pedro Huilca, exlíder sindicalista asesinado hace más de 32 años, ella precisó que serían 700 víctimas con casos sentenciados que podrían perjudicarse de declararse constitucional la ley de amnistía.

“Ese es un número preocupante que fueron violentadas en sus derechos en los 80 en nuestro país, y que con mucho esfuerzo consiguieron justicia, porque estamos hablando de 700 casos sentenciados, probados por la justicia de manera plena y que hoy se está buscando queden en la total impunidad”.

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La voz de las familias

Luzdilan Camargo, madre de Inti Sotelo, joven asesinado en las protestas sociales del gobierno de Manuel Merino, sostuvo que habiendo pasado más de 5 años de la muerte de su hijo aún no ha encontrado justicia.

“La palabra justicia en Perú están inverosímil, tan difícil de alcanzar, estamos yendo a paso de tortuga, el caso no avanza, como los demás casos, no hay nadie detenido”

Finalmente, Gisela Ortiz, representante de los familiares del caso La Cantuta, calificó de complot político lo que habría entre el ejecutivo, el Congreso, el TC y el Defensor del Pueblo, para que la amnistía se imponga

Los indicios de que existiera detrás un interés alejado de la inconstitucionalidad nace a raíz de las declaraciones que diera un adjunto de derechos humanos de la Defensoría en abril pasado en el Congreso de la República. Carlos Fernández Millán, indicó en ese entonces que «existe una gran preocupación porque han pasado cerca de 30 años y el sistema de justicia no ha podido resolver estos casos, perjudicando a muchas familias policiales y militares” respaldando así la ley de amnistía.