Caso Andrés Hurtado: Jorge Benavides y futbolista Tiago Cantoro declaran hoy ante la Fiscalía por presunto lavado de activos
La Fiscalía amplía la investigación contra Andrés Hurtado por presunto lavado de activos y tráfico de influencias, citando a Benavides y Cantoro a declarar.
La República en GoogleLa Fiscalía continúa ampliando la investigación contra Andrés Hurtado por presunto lavado de activos y tráfico de influencias. El Ministerio Público citó para este miércoles 3 de setiembre al comediante Jorge Benavides, más conocido como 'JB', y al futbolista Tiago Cantoro, quienes deberán dar explicaciones sobre operaciones económicas vinculadas al caso. Ambos forman parte de una lista de 21 personas convocadas a declarar.
El Poder Judicial autorizó, además, el levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil de Hurtado, así como de otros investigados, entre ellos la fiscal suspendida Elizabeth Peralta y empresarios allegados. Con esta medida, las autoridades buscan rastrear movimientos financieros que permitan determinar si existieron operaciones ilícitas.
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Las citaciones también alcanzan a Ana Altamirano García, directora de la revista VIP Diplomática, medio señalado como plataforma de contactos políticos vinculados al entorno de 'Chibolín'. La Fiscalía sostiene que estos nexos habrían servido para facilitar influencias y beneficios indebidos en distintas entidades del Estado.
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Desde el penal de Lurigancho, Hurtado envió un manuscrito al Tribunal Constitucional (TC) alegando arraigos familiares y laborales para solicitar que se evalúe su excarcelación. Su defensa, encabezada por el abogado Elio Riera, insiste en que la figura de “tráfico de influencias en cadena” invocada por la Fiscalía no está contemplada en el Código Penal, por lo que han pedido el archivo del caso. Sin embargo, las investigaciones continúan y las declaraciones previstas en septiembre serán claves para definir el rumbo del proceso.
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Andrés Hurtado: PJ autorizó acceso a cuentas bancarias y tributos
El Poder Judicial dispuso levantar el secreto bancario, tributario y bursátil del exconductor de televisión Andrés Hurtado, en el marco de la investigación preparatoria que sigue en su contra por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico. Esta medida también abarca a la fiscal superior suspendida Elizabeth Peralta, así como a los empresarios Javier Miu Lei e Iván Siucho Neira, y a cuatro empresas vinculadas al investigado. El juez supremo Juan Carlos Checkley consideró que resulta adecuada y proporcional para obtener información de relevancia en la indagación.
En su resolución, el magistrado sustentó que los requisitos constitucionales y procesales para restringir el derecho a la reserva de la información financiera se cumplen, en alineación con el principio de proporcionalidad, aspecto clave cuando se debate sobre derechos fundamentales en procesos judiciales.
La Fiscalía podrá rastrear movimientos sospechosos que ayuden a determinar si hubo maniobras ilegales para favorecer intereses personales o ilícitos en el entorno del exconductor.
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Andrés Hurtado acude al TC para revertir su prisión preventiva
En julio de este año, Andrés Hurtado envió una carta manuscrita al TC solicitando la revisión urgente de su habeas corpus con la intención de anular la prisión preventiva de 18 meses que cumple desde octubre de 2024, impuesta por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y corrupción. En el documento, autoriza a su defensa legal, encabezada por el abogado Elio Riera, a gestionar esta solicitud y solicitar una audiencia que permita una revisión exhaustiva de su caso.
En la misiva, Hurtado pide que sean consideradas sus condiciones personales y arraigos familiares como garantía suficiente para proseguir el proceso en libertad, asegurando no representar riesgo de fuga. Además, denuncia que la imputación de un "tráfico de influencias en cadena" carece de fundamento legal y lo ha separado de su familia "de forma injusta".
La defensa de 'Chibolín' ya había agotado las instancias ordinarias: la apelación fue rechazada por la Sala Suprema Penal Permanente del Poder Judicial, por lo que esta vez recurre a la justicia constitucional. El TC aún no ha determinado si convocará audiencia para revisar el fondo del recurso, conforme a sus procedimientos internos.
