Penal El Frontón: Gobierno de Dina Boluarte aprueba la construcción destinado para jefes de organizaciones criminales
La propuesta fue aprobada por unanimidad en la 28.ª sesión del Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC).
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El Gobierno de Dina Boluarte, por medio del Ministerio de Justicia, confirmó la construcción del penal El Frontón destinado a jefes y cabecillas de organizaciones criminales, el último martes 2 de setiembre.
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La decisión se tomó en la 28.ª sesión del Consejo Nacional de Política Criminal (CONAPOC), espacio en el que se evaluó la propuesta para finalmente ser aprobada por unanimidad. Se contó con el voto de representantes del Poder Judicial, Ministerio Público, Poder Ejecutivo, Congreso de la República, Ministerio del Interior, Policía Nacional, universidades privadas, universidades nacionales, Defensoría del Pueblo y gobiernos regionales.
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De acuerdo con el ministro de Justicia, la obra contará con inversión privada bajo la modalidad de obras por impuestos y su construcción tardará de 8 a 10 meses. Asimismo, precisó que las FF.AA serán las encargadas de limpiar el terreno.
Obra implica gasto millonario
Según información obtenida por La República a través de la plataforma Consulta Amigable sobre la Ejecución del Gasto del INPE, el organismo cuenta con un presupuesto actualizado de aproximadamente 1.130 millones de soles. No obstante, Javier Llaque, exjefe del INPE, estimó que la implementación total del proyecto bordearía los 5.000 millones de soles: “Con ese dinero, podríamos construir 20 penales y prácticamente eliminar el hacinamiento en el país”, afirmó en una entrevista con una emisora local.
“Imagino que esta cifra incluye no solo infraestructura, sino también acondicionamiento y optimización. Recordemos que actualmente el penal no cuenta con ningún tipo de servicio básico”, comentó Cecilia Capacharín, exdirectora del Centro Nacional de Estudios Criminalogicos y Penitenciarios (Cenecp), a La República.
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Capacharín criticó el proyecto anunciado por Santiváñez y Boluarte. Explicó que no solo los costos de instalación y construcción serían determinantes al momento de elaborar el presupuesto, sino también los salarios y la logística necesaria para el personal asignado a un penal de esta magnitud.
“Según el anuncio de la presidenta Boluarte, el penal albergaría a 2.000 internos. Esto significa que debería ser un establecimiento penitenciario de tipo A, lo que implica que, además de una dirección, contaría con un consejo técnico penitenciario, una unidad de administración y cuatro subdirecciones —a diferencia de otros penales, que tienen solo tres—: tratamiento, salud, registro y seguridad penitenciaria”, explicó.
