Congresista de EE.UU pide a su gobierno que no financie a las FF.AA. y Policía de Perú tras Ley de Amnistía

La congresista del partido demócrata Alexandria Ocasio-Cortez presentó una enmienda a la Ley de Presupuesto de Defensa Nacional de Estados Unidos para que no se destine ningún fondo establecido para el año fiscal 2026 a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú hasta que este país cumpla con una serie de requisitos vinculados a la libertad de prensa y derechos humanos.

La Ley de Presupuesto de Defensa Nacional es una ley federal de EE.UU por medio de la cual se financia a las Fuerzas Armadas y se definen las políticas y el presupuesto del Departamento de Defensa, permitiendo al ejército estadounidense operar alrededor del mundo. El Congreso debe aprobar la ley cada año. Para el año fiscal 2025, se indica que el país norteamericano reportó aproximadamente 50,3 millones de dólares en asistencia en seguridad dirigida al Perú.

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El 2023 y 2024, la legisladora Ocasio-Cortez presentó enmiendas para esta norma, sin embargo, no fueron aprobados. Este año, también ha presentado una enmienda que incluye seis condiciones. El primer requerimiento es que Perú garantice que los miembros de las fuerzas del orden que hayan cometido violaciones contra los derechos humanos serán sancionados a nivel penal. Si bien no lo menciona, este inciso hace clara referencia a la Ley de Amnistía, promulgada por el Ejecutivo el último 13 de agosto, que concede impunidad a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y comités de autodefensa por crímenes cometidos durante el conflicto armado interno (1980–2000).

Relacionado a ello, también se exige la conclusión de una investigación exhaustiva sobre las muertes en protestas de fines del 2022 y el proceso judicial de quienes hayan sido encontrados culpables.

De igual forma, la congresista pide que se realice una revisión completa e independiente con resultados públicos, respecto a las prácticas de la PNP y de las FF.AA, así como su responsabilidad por no haber prevenido la violencia excesiva, el maltrato a los detenidos y la estigmatización de los manifestantes.

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A estos requerimientos se suman otros dos vinculados al respeto por la libertad de expresión. El primero de ellos pone como condición que se haya demostrado que el Gobierno vela por los derechos de los medios de comunicación y las organizaciones de DD.HH, incluyendo que ya no se registren ataques a periodistas ni amenazas. El segundo pide el cese de la criminalización de los manifestantes pacíficos y el respeto por la diversidad cultural.

Finalmente, el sexto requerimiento es que el Poder Ejecutivo y el Congreso del Perú "no obstaculicen la justicia en los casos de corrupción pendientes contra sus miembros".

Esto comprende la transferencia de artículos y servicios de defensa, suministro de control antidisturbios o cualquier otra fuente que involucre la coordinación de ejercicios con el Ejército o la Policía de Perú.

Impacto de la enmienda

Francesca Emanuele, analista internacional senior del Centro para la Investigación en Economía y Política (CEPR, por sus siglas en inglés) en Washington DC, explicó en diálogo con La República que "aunque no llegue a votarse esta enmienda en el pleno de la Cámara de Representantes del Congreso de EEUU, su introducción da cuenta de que existen líderes destacados del Partido Demócrata, como Ocasio-Cortez, que se mantienen atentos a las violaciones de derechos humanos en el país, a las recientes leyes de impunidad impulsadas y aprobadas por el Congreso y el Ejecutivo peruanos, y a la necesidad de que las fuerzas de seguridad del Perú rindan cuentas".

Asimismo, explicó que esta enmienda tiene relación con la llamada Ley Leahy, aprobada en 1997 en Estados Unidos y lleva el nombre del senador Patrick Leahy. "Esta ley prohíbe al Departamento de Estado y al Departamento de Defensa de EE. UU. proporcionar asistencia a unidades de fuerzas de seguridad extranjeras que se sepa han cometido violaciones graves de derechos humanos, a menos que los gobiernos tomen medidas efectivas para llevar a los responsables ante la justicia. En la práctica, funciona como un mecanismo de condicionalidad: si un batallón, unidad policial o militar de otro país comete abusos y no hay rendición de cuentas, esa unidad debería quedar excluida de recibir entrenamiento, financiamiento o equipo de EE. UU", expresó la especialista.

En ese sentido, "un informe, como solicita esta enmienda, que verifique que las FF.AA y la Policía han cometido violaciones a los DD.HH con impunidad, daría pie para que se aplique la Ley Leahy en el Perú y se suspenda la ayuda en seguridad a aquellas unidades que han cometido estas violaciones impunemente". Esta ley ya ha sido aprobada en años anteriores en países como Guatemala y Honduras.