Ley de amnistía para policías y militares aprobada por el Congreso viola tratados internacionales del Perú
Con esta norma, policías, militares y violadores de derechos humanos podrían quedar impunes por graves crímenes cometidos durante el conflicto armado interno, advierten especialistas.
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El Congreso de la República aprobó de manera definitiva la controvertida ley de amnistía que beneficiará a policías, militares y miembros de comités de autodefensa investigados o condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno (1980-2000). La norma permite que quienes hayan cometido delitos como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y violaciones durante el periodo señalado queden exentos de responsabilidad penal; sin embargo, esto no aplica para los que se encuentren procesados por terrorismo o corrupción.
Además, también la ley incluye además que personas mayores de 70 años tb puedan acogerse a esta norma. Según especialistas, esto podría incluir a sentenciados en casos emblemáticos como las masacres de Barrios Altos y La Cantuta.
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El abogado Carlos Rivera Paz, director del Instituto de Defensa Legal (IDL), advirtió que "la consecuencia es que la Corte Interamericana puede emitir una nueva resolución declarando que el Perú ha desacatado las sentencias emitidas contra el Estado, especialmente las emitidas en los casos Barrios Altos y La Cantuta". Precisamente en el 2001 , la referida Corte declaró inválidas las leyes de amnistía en el caso Barrios Altos, y estableció que los crímenes de lesa humanidad no pueden ser amnistiados ni prescritos. Esta jurisprudencia sigue siendo vinculante y obligatoria para el Estado peruano.
Sin embargo, Valeria Reyes, docente del Departamento de Derecho de la PUCP, enfatizó que "sí es posible que se apruebe y publique una ley de este tipo en el ámbito interno; sin embargo, teóricamente esa ley no debería tener efectos frente a las obligaciones internacionales". Reyes agregó que, además de incumplir tratados internacionales, el Congreso y el Ejecutivo están inobservando la propia Constitución.
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En ese sentido, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos calificó la norma como "un retroceso histórico en la lucha contra la impunidad", y advirtió que podría afectar más de 150 sentencias ya emitidas y dejar sin justicia a cientos de víctimas. "Procesos aún en trámite podrían ser archivados sin posibilidad de apelación, consolidando la impunidad y negando el derecho de acceso a la justicia", alertó la organización en un pronunciamiento público.
Proética rechaza norma: "La amnistía es corrupción política"
Ante este escenario, Proética, el capítulo peruano de Transparencia Internacional, publicó un comunicado en el que sostiene que "la amnistía, cuando no tiene el interés genuino de la reconciliación, es un acto que, desde Transparencia Internacional, se atribuye a la corrupción política. Usar las leyes y abusar de la autoridad para otorgar favores o acuerdos que benefician a algunos a expensas de generar daños y precedentes graves es un acto de corrupción".
Asimismo, el pronunciamiento de Proética enfatiza que "no se puede permitir que la amnistía permita que un grupo particular de personas se sustraiga de la acción de la justicia porque eso afecta, en primer lugar, el derecho de acceso a la justicia de los perjudicados por los actos amnistiados". La organización también subraya que es urgente invalidar la aplicación de cualquier ley que restrinja la vigencia de los derechos fundamentales de peruanos cuya afectación se pretende poner en el olvido.
Es así como la decisión del Congreso se enmarca en un contexto de bastante rechazo ciudadano a toda la clase política por priorizar intereses particulares sobre las prioridades exige la crisis en el país. El mensaje es claro: el Estado peruano no solo estaría violando su propia Constitución y el principio de separación de poderes, sino también incumpliendo obligaciones internacionales asumidas ante la Corte IDH. La aprobación de esta ley pone en juego la credibilidad del país ante la comunidad internacional y, sobre todo, vulnera la memoria y el derecho a la justicia de miles de víctimas ocurridas durante el conflicto armado interno.
En tanto, la congresista Ruth Luque (Bloque Democrático Popular), cursó un oficio al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, para solicitar la reconsideración de la segunda votación de la Ley de Amnistía. Así, mientras las bancadas de derecha en el Parlamento celebran pactos en nombre de la "justicia", fuera de esos muros, las víctimas y sus familias ven cómo sus heridas son reabiertas y su dignidad pisoteada.
