Congreso: proponen derogar Ley de Amnistía que favorece a violadores de DD. HH
La propuesta busca eliminar la norma promulgada por la presidenta Dina Boluarte a favor de los militares y policías procesados por violaciones a los derechos humanos entre 1980 y 2000. Sin embargo, el proyecto de ley se evaluará en la Comisión de Constitución, liderada por el fujimorismo.
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El Congreso aprobó el julio de este año la Ley de Amnistía que favorece a miembros de las Fuerzas Armadas, la PNP y Comités de Autodefensa investigados por presuntas violaciones a los derechos humanos entre 1980 y 2000. El último 13 de agosto, la presidenta Dina Boluarte desobedeció a la Corte IDH y promulgó la norma. Sin embargo, en el Parlamento se ha presentado un proyecto de ley para derogar la Ley N.º 32419 que beneficia a los efectivos de las fuerzas del orden.
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A través del PL N.º 12095/2025-CR, el congresista de la Bancada Socialista, Alfredo Pariona, propuso dejar sin efecto la Ley de Amnistía debido a que "representa un retroceso en la lucha por la justicia y la defensa de los derechos humanos, ya que otorga impunidad quienes estuvieron involucrados en graves violaciones a los derechos de humanos".
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La propuesta se basa en el estatuto de la Convención Americana de Derechos Humanos que establece que los Estados que forman parte de ellos se comprometen a respetar los derechos y libertades. Asimismo, recuerda la resolución de la presidenta de la Corte IDH, Nancy Hernández López, que ordenó al Gobierno frenar el proceso de promulgación y, en caso no se realice, instó a los jueces a no aplicar la norma con el fin de garantizar la búsqueda de la justicia en los casos Barrios Altos y La Cantuta.
En la misma resolución, la Corte IDH le recordó al Estado peruano que "en el caso Barrios Altos, así como en el marco de supervisiones conjuntas con el caso La Cantuta, la Corte Interamericana ha señalado, consistentemente, que son inadmisibles las amnistías, prescripciones y excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables".
Como se recuerda, la norma promulgada por Boluarte también otorga amnistía a las personas sentenciadas mayores de 70 años por "razones humanitarias".

Proyecto de ley que propone derogar la Ley de Amnistía
Proyecto de ley se verá en la Comisión de Constitución liderada por el fujimorismo
El proyecto de ley que busca derogar la Ley de Amnistía será evaluada en la Comisión de Constitución de mayoría fujimorista (5) y liderada por la misma agrupación política. Asimismo, el grupo de trabajo también está compuesto por las bancadas Alianza para el Progreso (4), Perú Libre (3), Acción Popular (2), Podemos Perú (3), Renovación Popular (3), Somos Perú (2), Avanza País (1), Honor y Democracia (1).
De igual manera, está integrado por las bancadas de izquierda Bancada Socialista (1), Bloque Democrático (1), JPP (2) y un parlamentario no agrupado.
La anterior gestión fue dirigida por el congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, en la que se impulsó la cuestionada norma a favor de los miembros de las fuerzas del orden procesados por violaciones a los DD. HH.
Ley de Amnistía más de 600 casos en investigación
La Coordinadora Nacional de los Derechos Humanos (CNDDHH) alertó que la promulgación de esta ley afecta 156 casos con sentencia firme por graves delitos contra los derechos humanos entre 1980 y 2000, así como más de 600 procesos judiciales en curso.
"(…) Constituye una afrenta al derecho a la verdad, la justicia y la reparación de miles de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, violaciones sexuales y masacres perpetradas en ese período", advirtió.
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Por su parte, Carlos Rivera, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), comentó que alrededor de 300 militares y policías que han sido procesados o condenados por violaciones a los derechos humanos podrían beneficiarse de esta ley. Ahora, la responsabilidad de decidir su aplicación recae en los jueces. Rivera recordó que en 2024, cuando se intentó prescribir los delitos de lesa humanidad mediante la llamada "Ley de Impunidad", la mayoría de los magistrados desestimó las solicitudes; según él, es posible que se repita una situación similar con esta nueva norma.
"En muchos casos en que se buscaba acogerse a la llamada Ley de Impunidad, solo uno prosperó. En la mayoría, el Poder Judicial resolvió que debía actuarse mediante sentencia, lo que implica que esos pedidos fueron desestimados. Con la Ley de Amnistía es muy probable que ocurra lo mismo, aunque las circunstancias no son idénticas", dijo.
Daniel Urresti, Martín Rivas y miembros del Grupo Colina se benefician con Ley de Amnistía
El exministro Daniel Urresti, condenado a 12 años como coautor del asesinato con alevosía del periodista Hugo Bustíos en 1988 y la tentativa de homicidio contra Eduardo Rojas Arce, se beneficiaría con esta ley. En agosto del 2026, Urresti cumpliría 70 años y podría acogerse a esta norma para conseguir su libertad.
En tanto, Martín Rivas, quien fue jefe operativo del Grupo Colina, fue condenado en 2010 por su participación en la masacre de Barrios Altos, la matanza del Santa y la desaparición del periodista Pedro Yauri. En 2023, junto a Vladimiro Montesinos, recibió otra condena por el asesinato de la exagente de inteligencia Mariella Barreto, y posteriormente fue sentenciado por las masacres de Pativilca y La Cantuta. Actualmente, tiene 67 años y cumplirá 70 en 2027.
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Por otro lado, otros integrantes del Grupo Colina también están a la espera de poder salir en libertad gracias a la ley promulgada por Boluarte. Jesús Antonio Sosa Saavedra, conocido como 'Kerosene', aún no puede beneficiarse de la ley, ya que tiene 66 años. Lo mismo sucede con Carlos Pichilingue, quien también ha sido condenado y, al pertenecer a la misma promoción militar que Martín Rivas, no alcanza la edad mínima requerida. Ambos fueron sentenciados en 2024 a 18 años de prisión por la masacre de Pativilca.
La Ley de Amnistía fue promulgada el 14 de agosto, coincidiendo con el aniversario de la masacre de Accomarca. En esa fecha de 1985, el subteniente Telmo Hurtado comandó la patrulla militar que asesinó a entre 61 y 69 personas, incluyendo mujeres, niños y ancianos, en la localidad de Ayacucho.






















