JNJ: Expedientes sobre Keiko Fujimori y Patricia Benavides figuran entre los 1.200 archivos desaparecidos
La JNJ enfrenta un escándalo tras la desaparición de más de 1.200 expedientes digitales, incluidos casos de Keiko Fujimori y Patricia Benavides. Investigaciones apuntan a una eliminación intencionada desde dentro de la institución.
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La Junta Nacional de Justicia (JNJ) se encuentra en el centro de un nuevo escándalo tras la desaparición de más de 1.200 expedientes digitales, entre los que se encontraban casos que involucraban a Keiko Fujimori, la fiscal suprema Patricia Benavides y magistrados vinculados a la red de los Cuellos Blancos. Según reveló el semanario Hildebrandt en sus trece, los documentos fueron borrados de manera premeditada y desde dentro de la propia institución.
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El hecho se conoció luego de que un trabajador de la Dirección de Procesos Disciplinarios alertara, el 2 de agosto, que buena parte de la documentación virtual había desaparecido del Sistema de Gestión Documental de la JNJ. Aunque en un inicio se habló de una falla técnica, pronto se descubrió que la carpeta temporal en la que se almacenaban los archivos había sido manipulada por una cuenta con acceso total.
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De acuerdo con la investigación del semanario, la hipótesis de un ataque externo perdió fuerza rápidamente. Las indagaciones de la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología (Divindat) de la Policía Nacional concluyeron que el borrado se ejecutó desde adentro, con las credenciales necesarias para mover o eliminar archivos sin dejar huella.
La desaparición de los expedientes afecta a denuncias de alto perfil: la jefa del Reniec, Carmen Velarde, por el caso de firmas falsas; la fiscal de la Nación, Delia Espinoza; el fiscal José Domingo Pérez; y la propia Patricia Benavides, recientemente reincorporada a la Fiscalía. La magnitud de la pérdida refuerza la sospecha de que se trató de una acción deliberada para proteger a figuras con poder judicial y político.
Expedientes clave y sospechas de encubrimiento
Entre los archivos desaparecidos se encuentran procedimientos disciplinarios iniciados desde enero de 2025, muchos de ellos con alto interés público y relevancia histórica. Destaca la denuncia contra Carmen Velarde, jefa del Reniec, por las firmas falsas presentadas por partidos políticos ante el Jurado Nacional de Elecciones. También se incluyen casos relacionados con la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, y el fiscal José Domingo Pérez, uno de los protagonistas en el juicio contra Keiko Fujimori.
La lista también comprende expedientes vinculados a Patricia Benavides y a jueces relacionados con la red de los Cuellos Blancos del Puerto, considerada la mayor trama de corrupción judicial en el Perú. Aunque la potestad disciplinaria de la JNJ sobre estos funcionarios prescribió en 2023, los documentos seguían siendo piezas relevantes como prueba en otras instancias.
La selección de lo desaparecido refuerza la hipótesis de un borrado intencional. Según fuentes policiales citadas por el semanario, el patrón muestra que se eliminaron expedientes que podían tener consecuencias para personajes con vínculos políticos y judiciales, dejando en evidencia un acto que va más allá de un simple descuido administrativo.
Una JNJ cuestionada en medio de la crisis política
El hallazgo se da en un momento en que la JNJ atraviesa una crisis de legitimidad. Su presidente, Gino Ríos Patio, sentenciado por violencia familiar, es señalado por actuar como operador político antes que como garante de la idoneidad de jueces y fiscales. En lo que va del año, las resoluciones del organismo han beneficiado a magistrados cuestionados, en lugar de reforzar la disciplina en el sistema judicial.
El caso de Patricia Benavides es emblemático. Pese a las investigaciones que enfrenta por presunta organización criminal y obstrucción a la justicia, la JNJ ordenó su reincorporación a la Fiscalía de la Nación. Ante la demora de la fiscal Delia Espinoza en ejecutar la medida, la Junta incluso abrió un proceso preliminar en su contra. Finalmente, Benavides recuperó un despacho clave, con procesos de alto nivel bajo su control.
Este panorama se agrava con la reciente aprobación de una ley de amnistía firmada por Dina Boluarte, que beneficia a militares y policías procesados por violaciones de derechos humanos. Para diversos sectores, la concatenación de hechos —expedientes desaparecidos, reincorporaciones exprés y archivos de denuncias— evidencia un patrón de impunidad en el que la justicia ya no se ausenta, sino que cambia de bando.
