Gobierno gasta S/1,125 mllns. para sofocar protestas y S/63 mllns. contra la minería ilegal
Prioridades. La mandataria Dina Boluarte le teme mucho más a los conflictos sociales, que a la violencia relacionada con las actividades de las mafias de la minería aurífera. El monto que ha destinado este año al Ministerio del Interior (y a la Policía Nacional) es significativamente menor en comparación con los US$6,840 millones que movilizan al año las organizaciones criminales.
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La matanza de 13 trabajadores en un socavón de Pataz sacudió al gobierno de Dina Boluarte, quien tuvo que viajar hasta la zona de conflicto en La Libertad para anunciar un enfrentamiento sin cuartel contra la minería ilegal. Hasta ese momento, si no fuera por el brutal asesinato masivo, Boluarte podría haber continuado con una política tibia respecto a las organizaciones criminales.
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Las cifras así lo demuestran. En 2023, cuando su gobierno y el Congreso ya controlaban el presupuesto público, Boluarte destinó S/62 millones para el programa de lucha contra la minería ilegal del Ministerio del Interior. Para 2024, elevó la cifra a S/79,7 millones, sin embargo, lo redujo a S/63,2 millones en 2025. Queda claro que la lucha contra la minería ilegal no era la prioridad de la jefa de Estado hasta que estalló la crisis de Pataz. Ahora, del presupuesto inicial de S/63,2 millones, ha sido modificado a S/83,6 millones. Un añadido de un poco más de S/20 millones. Empero, el presupuesto sigue siendo un monto muy inferior para responder al imparable crecimiento anual de la violencia criminal relacionada con la minería ilegal, especialmente la vinculada con la extracción de oro.
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Las prioridades del gobierno. Por el contrario, el gobierno de Boluarte ha preferido otorgar mayor interés e importancia al presupuesto dirigido a sofocar a las manifestaciones sociales, otorgándole sumas exorbitantes durante su mandato.
El programa del Ministerio del Interior denominado “Disminución de la incidencia de los conflictos, protestas y movilizaciones sociales violentas que alteran el orden público”, recibió en 2023 un total de S/687,4 millones, en 2024 aumentó en S/715,6 millones y en 2025 saltó a S/1,125 millones. Cifra histórica para apagar las voces contrarias al régimen.
En efecto, entre 2023 y 2025 el presupuesto para enfrentar a las movilizaciones populares subió en 63.74 %, mientras que los fon dos dirigidos al programa de lucha contra la minería solo fue incrementado en 1.98% en el gobierno de Boluarte.
Que el presupuesto para financiar el combate a la minería ilegal (S/63,274,186) representa el 5.62% respecto al monto dirigido a enfrentar los conflictos sociales (S/1,125,084,624), causa efectos negativos sobre los efectivos policía los encargados de combatir a las organizaciones criminales que pululan en los socavones. Empezando por la carencia de hombres y equipamiento.
Una guerra muy desigual Ahora bien, de los S/63,2 millones, la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional, asignada a la tarea de enfrentar a la minería ilegal, le corresponde únicamente S/15 millones. Es decir, menos del 24% del total. El resto es distribuido entre otras dependencias que participan de las acciones de represión a la minería ilegal. Un reciente estudio del Insituto Peruano de Economía (IPE) proyecta en US$6,840 millones el monto que moviliza anualmente la minería ilegal aurífera, superando al narcotráfico y a la trata de personas. Esto se debe al incremento explosivo del precio mundial del oro. No obstante, el dinero que fijo el gobierno de Boluarte para enfrentar a las organizaciones criminales no ha experimentado una subida significativa entre 2024 y 2025.
“La minería ilegal a superado al narcotráfico. Un kilo de cocaína su valor es de 2,500 dólares, en comparación con el kilo de oro que es de 105 mil dólares. Sin embargo, contamos con pocos recursos para combatir a las mafias del oro”, señalaron fuentes policiales con conocimiento de los hechos.
Los mineros del Reinfo operan en los puntos rojos. Foto: difusión
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Ausencia de decisión política
“Solo se disponen de 40 vehículos cuando lo que se requiere son 200 unidades para el desplazamiento táctico de los policías. Se combate de manera desigual con las organizaciones criminales del oro que manejan mucho más recursos que la policía, otorgándoles una significativa ventaja. Debe sincerarse el presupuesto”, añadieron las fuentes.
En lo que va del año, la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional ha ejecutado 3,860 operativos en todo el territorio nacional.
De ese total, 1,360 acciones fueron contra la minería ilegal. Se reportó la incautación de maquinarias, balsas, chancadoras, combustible, motores y armas por un valor aproximado de S/2 mil millones.
Si al menos se duplicara el actual presupuesto, el impacto de la represión a la minería ilegal podría ser mucho más considerable. Inclusive se podría ampliar al objetivo de la estrategia, que en la actualidad se concentra en el último eslabón de la cadena: los mineros ilegales que trabajan en los socavones, cuando debería también alcanzará los grandes exportadores que compran el oro de origen ilícito.
En la cancha. Los mineros ilegales cuentan con mucho más recursos que la policía especializada. Foto: La República
Después del asesinato de los trabajadores de seguridad en una mina de Pataz, la mandataria Boluarte declaró el Estado de Emergencia y asignó S/52,6 millones para intensificar las acciones de fiscalización, control y trazabilidad del transporte y comercialización de insumos químicos, explosivos y otros productos vincula dos a la minería ilegal en la provincia de Pataz. Pero no solo se trata de dinero sino de enfoque.
De ese monto señalado, S/26 millones fueron transferidos a las Fuerzas Armadas y solo S/6 millones a la Policía Nacional, cuando esta institución es la encargada de combatir la minería ilegal, por lo que cuenta con personal especializado, a diferencia de los institutos castrenses.
“La Policía Nacional cuenta con 700 efectivos para combatir los delitos contra el medio ambiente, como la minería ilegal, mientras que Colombia tiene 2,500, Brasil 4,000 y Ecuador 2,000. La diferencia es notoria”, indicaron las fuentes.
“La demanda de oro ha crecido considerablemente, originando que las bandas criminales financien cada vez más la minería ilegal. Para responder con firmeza se requiere de una decisión política”, concluyeron.
En Pataz. Boluarte aumentó el presupuesto contra la minería ilegal después de la matanza. Foto: difusión
EL DATO
●En la sombra. Un reporte del Ministerio de Energía y Minas señala que en 2024 la producción de oro fue de 97.8 toneladas declaradas. Sin embargo, se han ex portado 179.3 toneladas. Hay una brecha de 81 toneladas.
●Varios objetivos. La Dirección de Medio Ambiente de la PNP enfrenta actividades ilegales en tala de árboles maderables, pesca y tráfico de anima les. No exclusivamente en la minería.
