Fiscalía investiga a abogado por atribuirse ilegalmente el decanato del Colegio de Abogados de Lima
El Ministerio Público inicia una investigación por fraude procesal contra Mauro Leandro Martín, abogado inhabilitado, por autoproclamarse como 'decano encargado' del CAL.
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El Ministerio Público inició una investigación preliminar por fraude procesal contra Mauro Leandro Martín, abogado actualmente inhabilitado, luego de que este se atribuyera de manera irregular el cargo de 'decano encargado' del Colegio de Abogados de Lima (CAL), según lo informó la misma entidad en una nota de prensa. La disposición fiscal señala que el letrado habría actuado sin respaldo legal ni estatutario, con el fin de inducir a error a autoridades y obtener resoluciones contrarias a derecho.
De acuerdo con la denuncia, Leandro Martín utilizó documentos y comunicaciones con apariencia de oficiales, pese a no tener legitimidad para emitirlos. Con ello, habría buscado proyectar una falsa representación institucional y asumir funciones propias del decanato, lo que, según el CAL, pone en riesgo la seguridad jurídica, el orden interno y la imagen del gremio profesional.
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El CAL recordó que su Estatuto es claro al establecer que la vacancia o reemplazo del decano solo procede en casos específicos y a través de una decisión de la Asamblea General, máximo órgano de gobierno de la orden. La autoproclamación de autoridades, sin cumplir los procedimientos internos, constituye una vulneración directa a las normas internas y a la ley.
En su comunicado, la institución subrayó que continuará ejerciendo todas las acciones legales necesarias para salvaguardar la legitimidad de sus órganos de gobierno y sancionar cualquier conducta que atente contra la institucionalidad, la ética profesional y el Estado de derecho. La investigación fiscal, basada en el artículo 416° del Código Penal, podría derivar en una pena privativa de libertad de hasta cuatro años para el implicado.
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Consejo de Ética del CAL buscó suspender a Raúl Canelo
En mayo de este año, el Consejo de Ética del CAL propuso la suspensión por seis meses del decano Raúl Canelo Rabanal y de la actual Junta Directiva 2024-2025, por supuestas infracciones éticas. Esta medida se da luego que la gestión de Canelo iniciara investigaciones sobre presuntas irregularidades en la directiva anterior, lo que ha generado tensiones internas y acusaciones cruzadas.
La directiva del CAL ha sido crítica abierta contra el Gobierno y algunas iniciativas legislativas que, según ellos, favorecen a la delincuencia. Raúl Canelo considera que esta suspensión tiene motivaciones políticas y busca silenciar a su administración para controlar la institución y su representación en órganos clave como el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Según sus declaraciones, detrás de esta movida hay un intento de controlar el aparato estatal mediante los órganos que el CAL integra.
El origen de esta resolución se remonta a una denuncia presentada por el Ministerio de Justicia contra Canelo y otros miembros tras una reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada sin la aprobación de la Asamblea General del CAL y que incluyó críticas al Ejecutivo y Congreso. Frente a esto, el CAL rechazó la denuncia como un intento de intimidación y amordazamiento político, y anunció que denunciará estos hechos ante la CIDH para defender su libertad de expresión.
Denuncia contra Raúl Canelo reaviva disputa por la influencia del CAL en el JNE
Tras el intento de suspensión, el pasado 30 de junio salió a la luz una denuncia penal por presunta organización criminal contra Raúl Canelo, lo que destapó una pugna que trasciende lo gremial. Con un año por delante para la elección del representante del CAL ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la querella es vista como parte de una estrategia política para ganar control sobre una pieza clave del sistema electoral.
Según la defensa de Canelo, el proceso iniciado por el Ministerio Público presenta irregularidades y busca debilitar su liderazgo dentro del CAL. El propio decano sostiene que detrás de la denuncia hay un interés de sectores del Ejecutivo y del Congreso por colocar a una figura afín en el JNE, órgano que toma decisiones cruciales como la validación de resultados o la resolución de tachas electorales.
El peso político de esta representación quedó demostrado en las elecciones de 2021, cuando el voto del delegado del CAL en el JNE resultó determinante para proclamar a Pedro Castillo. Este antecedente, sumado al panorama electoral rumbo a 2026, convierte la actual disputa interna en una batalla por un espacio con capacidad real de inclinar la balanza en los momentos más críticos de un proceso electoral.
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