Congreso: Comisiones 2025-2026 deberán atender retiro de AFP, investigaciones a Dina Boluarte y denuncias contra congresistas
Las 24 comisiones ordinarias, Permanente y SAC tendrán a su cargo denuncias constitucionales, informes finales y proyectos de reformas en el último año del Congreso unicameral. El fujimorismo copará 4 comisiones importantes: Constitución, Economía, Agraria y Producción.
- Fuerza Popular mantiene su liderazgo en el Congreso: liderará comisiones clave en el último año unicameral
- Dos proyectos de ley proponen que docentes retiren el 50% de su CTS para primera casa o estudios de sus hijos
Comenzó el último año del Congreso unicameral y se definirán proyectos de ley y de reforma constitucional que podrían cambiar el rumbo del Perú, así como las denuncias contra parlamentarios y la presidenta Dina Boluarte. Asimismo, estará en suspenso el retiro de las AFP, ONP y los informes finales de la Comisión de Fiscalización que proponen la vacancia presidencial de Boluarte y la que determina que no existió una presunta red de prostitución, pero sí un festín.
No obstante, la repartición de comisiones podría jugar un papel importante en este juego político. Fuerza Popular tomará la Comisión de Constitución, Agraria, Producción y Economía. Sus aliados, Alianza para el Progreso (APP), Perú Libre y Acción Popular, presidirán Vivienda, Presupuesto, Salud, SAC, Justicia, Educación, Transportes y Fiscalización, respectivamente.
TE RECOMENDAMOS
DELIA ESPINOZA CONTRAATACA Y ELECCIONES CRÍTICAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
Constitución
La Comisión de Constitución, que será presidida por el fujimorista Arturo Alegría, tendrá a su cargo el Proyecto de Ley N° 11960/2024-PJ presentado por la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, sobre la interpretación de los derechos humanos y tratados internacionales, en el que busca que las leyes del Código Procesal Constitucional se interpreten de acuerdo a la Declaración de Universal de Derechos Humanos y los tratados de los que el Perú es parte, así como las sentencias adoptadas por tribunales internacionales.
La propuesta se da en medio del desacato de Dina Boluarte a la Corte IDH, que le ordenó frenar la promulgación de la Ley de Amnistía que favorece a los policías y militares procesados por presuntas violaciones a los Derechos Humanos. Justamente, fue la Comisión de Constitución del Congreso, con su antecesor fujimorista Fernando Rospigliosi, quien impulsó la norma.
De igual manera, la Comisión deberá evaluar la iniciativa de Flavio Cruz (Perú Libre) -proyecto de ley N° 11987- que plantea "fortalecer el sistema de justicia" a al intentar modificar el artículo 154 Constitución Política. Cruz propone que, ante una crisis institucional en la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Congreso "podrá declarar su emergencia, disponiendo un proceso extraordinario de ratificación de jueces y fiscales en todos los niveles, prescindiendo de los plazos y procedimientos establecidos".
Por otro lado, el congresista Alfredo Pariona (Bancada Socialista) propuso -a través del Proyecto de Ley N° 11826- que, para que un ciudadano pueda ser elegido presidente, deberá estar "exento de una sentencia condenatoria en primera instancia por los delitos de cohecho, colusión, concusión, enriquecimiento ilícito, malversación, peculado, tráfico de influencia o drogas, lavado de activos y otros". Ello en medio de las investigaciones que afronta la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, Martín Vizcarra y otros candidatos.
Una propuesta no menor, es el PL N° 11811, de Renovación Popular, que plantea declarar en emergencia y reorganizar el Ministerio Público a través de una reforma constitucional por un plazo de 12 meses.
PUEDES VER: Santa Rosa de Loreto: un pueblo olvidado por el Estado en la frontera con Colombia y Brasil
Fiscalización
La Comisión de Fiscalización, que estuvo dirigida por Juan Burgos (Podemos Perú), ahora será presidenta por Acción Popular, aliado del fujimorismo, Perú Libre y Somos Perú en la Mesa Directiva.
El nuevo titular de Fiscalización tendrá la importante labor de presentar ante el Pleno del Congreso el informe final de la gestión anterior, que recomienda la vacancia presidencial de Dina Boluarte por el caso Cofre, que envuelve el presunto encubrimiento al prófugo Vladimir Cerrón.
De igual manera, el nuevo presidente deberá mandar al Pleno el segundo informe contra la mandataria, pero esta vez por el caso Cirugías y por el presunto delito de abandono del cargo. Además, deberá remitir a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) para que evalúe las acciones correspondientes.
De igual manera, tendrá bajo su gestión presentar el informe final que concluyó que, en el Parlamento, no existió una presunta red de prostitución, pero que sí hubo un festín en las contrataciones y permisos irregulares de personal, en especial femenino, "lo cual podría haberse materializado dentro de un contexto sensual y sexista".
Subcomisión de Acusaciones Constitucionales
La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) no estará dirigida por la congresista María Acuña Peralta (APP), tras el reportaje en que se reveló que asumió el cargo pese a tener un proceso penal abierto. Su lugar será tomado por Lady Camones, su colega de bancada.
El 2 de agosto, la Fiscalía presentó una lista con el estado de las denuncias constitucionales que presentó ante el Congreso: 35 están pendiente de trámite. Uno de ellos es contra el expresidente Pedro Castillo y el congresista Guido Bellido por el presunto delito de nombramiento ilegal del exministro del Interior Juan Carrasco Millones.
De igual, manera hay otra denuncia presentada por el fiscal Pablo Sánchez en noviembre del 2024 contra la presidenta Dina Boluarte por el presunto delito de encubrimiento personal, así como contra su exministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, por negociación incompatible.
Otras autoridades con denuncias pendientes son los congresistas Lucina Vásquez (JPP), Kelly Portalatino (Perú Libre), Rosio Torres (APP), María del Carmen Alva (no agrupada), la exfiscal de la Nación, Patricia Benavide, el expresidente Martín Vizcarra, entre otros.
Ética
La Comisión de Ética tendrá un cúmulo de informes finales que tendrá que llevar al Pleno del Congreso y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) para evaluar las medidas correspondientes. Entre ellas figura la congresista María Agüero (Perú Libre) por el caso mochasueldos por quien pesa un pedido de 120 días de suspensión sin goce de haber.
Por otro lado, Ética también podría ser usado para venganzas políticas. Uno de esos casos es el de Sigrid Bazán (Bloque Democrático). Por ella, el informe final recomienda imponer una amonestación escrita pública en su contra por haber calificado al Parlamento como "Congreso delincuencial" a la institución tras aprobar, en primera votación, reponer la firma del exdictador Alberto Fujimori en la Constitución Política de 1993.
Otros parlamentarios denunciados y están a la espera de que el informe final pase al Pleno son Héctor Valer, Guido Bellido, Jorge Flores Ancachi, Jaime Quito, Américo Gonza, María del Carmen Alva, Guillermo Bermejo, Óscar Zea, entre otros.
Economía
La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera estará a cargo del fujimorista Víctor Flores, quien reemplaza al aliado de la Mesa Directiva de su partido, el acciopopulista Ilich López. Ahora, Flores se encargará de un proyecto significativo: la aprobación del retiro de fondos de las AFP de hasta 4 UIT (S/21.400), lo que representaría el octavo acceso autorizado a los fondos privados de pensiones. La Comisión deberá analizar los 19 proyectos que tiene un mismo objetivo.
El grupo de trabajo también tendrá que evaluar los 9 proyectos de ley y armar un dictamen del retiro de la ONP y la restitución para que los jubilados puedan acceder al 95.5% de los fondos de pensiones. Las propuestas plantean retiros que van desde 5 UIT hasta el 50% de los aportes de los peruanos.
¿Cómo se repartieron las comisiones del Congreso?
Bancadas que presidirán las comisiones del Congreso
