Eduardo Arana ataca a jueces y fiscales por prisión preventiva: “No somos criminales, pero el código penal nos trata así”
El primer ministro indicó que la medida provisional termina convirtiéndose en una condena anticipada, por lo que no dudó en cuestionar la labor de las autoridades.
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El nuevo presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, cuestionó el uso excesivo de la prisión preventiva dispuesta por los jueces a solicitud de los fiscales, en el contexto del hacinamiento que enfrentan los penales del país. Según indicó, las autoridades no actúan con la celeridad que exige la ley, lo que provoca que muchas personas permanezcan hasta 36 meses en prisión preventiva sin avances significativos en sus investigaciones.
“Tenemos un sistema tan engorroso, tan complicado, con fiscales y jueces que no cumplen adecuadamente su labor. Lo que ocurre es que se dicta una orden de captura o prisión preventiva contra cualquier persona, y se le impone un plazo de hasta 36 meses”, declaró Arana, quien advirtió que esta medida provisional termina convirtiéndose en una condena anticipada.
“Pasan 34 meses y el fiscal no ha actuado en ningún aspecto del caso. Recién entonces se le ocurre que debe allanar, interrogar testigos, entre otras diligencias”, agregó.
En ese sentido, Arana señaló que, debido al actual Código Penal, los ciudadanos son tratados como criminales, ya que el sistema no distingue entre personas inocentes y culpables.
“Así, el investigado permanece hasta 35 meses en prisión preventiva. Son personas privadas de su libertad sin una sentencia definitiva, detenidas por decisiones provisionales. El 60% de los internos tiene una condena, pero el 40% aún no. No somos criminales, pero el Código Penal nos trata como si lo fuéramos y nos lleva rápidamente a prisión. Este es un sistema que no diferencia entre los buenos y los malos”, sentenció.
Problemática en los penales del país
Días atrás, la congresista Ana Zegarra, del partido Somos Perú, presentó un proyecto de ley que propone la privatización de los centros penitenciarios en el país. La iniciativa busca hacer frente a la problemática del hacinamiento que actualmente afecta a estos establecimientos.
“Esta ley tiene como objetivo la rehabilitación, reeducación, resocialización y reincorporación de los reclusos a la sociedad”, señala la propuesta, que destaca la necesidad de que el Estado autorice y promueva la participación del sector privado, tanto nacional como extranjero, en la construcción y administración de centros penitenciarios.
El pasado 5 de mayo, seis internos del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como ‘Maranguita’ —tres de ellos menores de edad—, lograron fugar del establecimiento. Según información recabada por este medio, el hecho ocurrió alrededor de las 4:00 a. m. Los jóvenes treparon uno de los muros colindantes con la avenida La Paz, en el distrito de San Miguel, utilizando una soga artesanal para escapar del recinto.
Anteriormente, el 21 de abril, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que un interno del pabellón 10 del Penal de Lurigancho logró fugar tras evadir los controles de seguridad. El recluso, identificado como John Kennedy Javier Sebastián, escaló la malla perimétrica y, pese a los disparos efectuados desde el torreón de vigilancia, consiguió saltar el muro y salir del penal.
