Dina Boluarte y su quinta denuncia constitucional en menos de una semana: Fiscalía la acusa de abandono de cargo por caso Cirugías

Dina Boluarte ha sido denunciada constitucionalmente por tercera vez en un mismo día por la Fiscalía de la Nación. En esta ocasión, el organismo autónomo liderado por Delia Espinoza realiza la acusación en el marco del denominado caso 'Cirugías', sindicándola de omisión de funciones y abandono de cargo. Según el comunicado de la Fiscalía, la mandataria habría abandonado su cargo durante el 29 de junio y el 9 de julio del 2023, sin comunicar al Congreso de la República el impedimento físico temporal al que se encontraba sometido por las intervenciones quirúrgicas.

Como se sabe, Boluarte se sometió, según el testimonio de su cirujano, Mario Cabani; a una serie de intervenciones estéticas. Estas cirugías la habrían mantenido fuera del cargo presidencial durante el periodo comprendido en las fechas mencionadas anteriormente. Boluarte, anteriormente, negó la naturaleza de las intervenciones y aseguró que no se ausentó del cargo presidencial tal como se le sindica. Cabe mencionar que, durante el tiempo en el que se presume que Boluarte estuvo inhabilitado, fueron firmados una serie de decretos supremos.

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Esta es la tercera denuncia constitucional presentada contra la mandataria en menos de un día y la quinta presentada en menos de una semana. Anteriormente, la mandataria recibió denuncias constitucionales por contrataciones irregulares, las muertes ocurridas en las protestas contra su Gobierno en 2022 y 2023, enriquecimiento ilícito (caso Rolex), encubrimiento al prófugo Vladimir Cerrón (caso Cofre) y, ahora, por el abandono de su cargo (caso Cirugías).

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Dina Boluarte: presidenta acumula cinco denuncias constitucionales en su contra

Con esta acusación de la Fiscalía, la presidenta Dina Boluarte acumula cinco denuncias constitucionales presentadas en su contra por la Fiscalía de la Nación en apenas una semana, en el marco de graves acusaciones por corrupción, uso indebido del poder, represión estatal y encubrimiento. Estas denuncias reflejan una creciente presión judicial sobre su gestión, tanto durante su paso por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), durante el Gobierno de Pedro Castillo, como en su actual posición como jefa del Estado.

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Una de las acusaciones se remonta a su periodo como ministra del Midis entre 2021 y 2022, cuando presuntamente favoreció al empresario Víctor Torres —amigo de su hermano Nicanor Boluarte— con contratos en los programas sociales Qali Warma y PAIS. La Fiscalía la acusa de colusión agravada, señalando que se habría aprovechado del cargo para beneficiar a allegados de su entorno familiar con contrataciones que suman más de 50 mil soles. El caso también involucra la influencia de Nicanor Boluarte en otros nombramientos estatales, revelando una presunta red de favores en la administración pública.

Otra de las principales denuncias apunta a su presunta responsabilidad en las muertes ocurridas durante las protestas sociales de 2022 y 2023. En esta también están implicados sus exministros, incluyendo a Pedro Angulo y Alberto Otárola. La Fiscalía señala que, bajo el principio de omisión impropia, Boluarte no cumplió con su deber de prevenir el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden, lo que derivó en decenas de civiles muertos en distintas regiones del país.

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En paralelo, se le investiga por enriquecimiento ilícito agravado, a partir del llamado “Caso Rolex”. La acusación detalla un incremento patrimonial no justificado y la omisión de bienes de lujo en sus declaraciones juradas, como relojes Rolex y joyas valorizadas en más de 160 mil dólares. Esta denuncia incluye también movimientos bancarios sospechosos y un posible ocultamiento sistemático de ingresos mientras ejercía funciones públicas.

Finalmente, la más reciente acusación la vincula con el presunto encubrimiento del prófugo Vladimir Cerrón, facilitando su huida en un vehículo oficial del Estado, en un caso conocido como “El Cofre”. Según la Fiscalía, Boluarte habría cometido el delito de encubrimiento personal, mientras que el exministro del Interior, Juan José Santiváñez, es investigado por omisión de denuncia. Con estas nuevas imputaciones, la situación judicial de Boluarte se torna cada vez más comprometida, en un contexto político marcado por la desconfianza ciudadana y el debilitamiento institucional.